La muerte de Nisman
El miércoles 14 de enero, el fiscal, Alberto Nisman, imputó a la Presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman por el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado contra la sede de la AMIA. También imputó al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque; a Luis D'Elía y al jefe de Quebracho, Fernando Esteche. Como todavía no se conocen el tenor ni la forma de obtención de esas pruebas, hay que decir que
Inmediatamente de conocida la dirección de la denuncia, el Gobierno atribuyó la acusación a un complot entre un sector de los servicios de inteligencia y la Justicia Federal y apuntó al ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI) Jaime Stiusso.
La oposición citó a Nisman al Congreso, adonde iba a concurrir el lunes pasado a las 15. Pero en la madrugada de ese mismo lunes, se confirmó oficialmente que Nisman había sido encontrado muerto en su departamento con un tiro en la cabeza. Técnicamente se habla de un suicidio, aunque todavía nada se descarta. Simultáneamente, sucedieron una serie de declaraciones donde prevalecieron los deseos de esclarecer esta muerte y donde cada partido político –sin excepción- intenta sacar réditos sin asumir responsabilidades de contexto.
Hay que recordar que el atentado terrorista a la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992 causó 29 muertos y 242 heridos. En marzo de 2010, el entonces embajador de Israel en Argentina, Daniel Gazit, declaró públicamente que Israel eliminó por su cuenta a los sospechosos iraníes del atentado a la Embajada. A pesar de que hubo tres jueces diferentes, esta causa está técnicamente prescripta. El Estado argentino fue incapaz de establecer Justicia.
El atentado a la AMIA fue también un ataque terrorista con coche bomba ocurrido el 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en la Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y más de 300 heridas.
El 25 de octubre de 2006, la justicia argentina, después de años de investigar el caso y tomar cientos de declaraciones y evaluar pruebas, representada por los fiscales Natalio Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, formalmente acusó al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbollah de ejecutarlo.
Posteriormente el juez Canicoba Corral ordenó la captura de los siete ex funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbollah acusados por la fiscalía.
Por esta causa se encuentran procesados por el juez Ariel Lijo, el ex presidente Carlos Menem por obstruir la investigación de la denominada “pista siria”. También están procesados en todos los casos sin prisión preventiva, el ex juez federal Juan Galeano, al ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, al ex diplomático Munir Menem (hermano de Carlos Menem y quien falleció en noviembre de 2010), Juan Anchézar y los policías Jorge “Fino” Palacios (ex jefe de la Policía Metropolitana) y Carlos Castañeda, entre otros.
El 8 de enero de este año, la Cámara Federal Porteña hizo lugar a una queja de familiares de víctimas de la AMIA contra el juez Lijo por retardo de justicia e intimó al magistrado para que apure las definiciones en la causa donde también está procesado el ex ministro del Interior Carlos Corach, por encubrir la investigación del atentado contra la AMIA. Lijo tiene esta causa hace por lo menos siete largos años.
Más de veinte años después del atentado a la AMIA, todo sigue impune y se debe por varias razones: la primera de ella por el éxito de las maniobras de encubrimiento que se realizó desde la más alta esfera del poder local con afianzados vínculos mafiosos entre sectores de la propia Justicia Federal, las agencias de inteligencia, de las fuerzas de seguridad y del sistema político en general.
Por eso después de veinte años, las víctimas del atentado a la AMIA y la sociedad no tienen respuestas ni justicia.
La democracia –y con ella todos los partidos políticos sin excepción- tienen una deuda importante porque desde 1983 hasta la fecha no han querido reformar la Secretaría de Inteligencia, pero tampoco fortalecer la Unidad Especial de Investigación que conducía Nisman y mucho menos tuvo vocación para fijar fecha de juicio en la causa por el encubrimiento ya señalado.
La muerte de Nisman podrá ser encuadrada técnicamente como suicidio (aún falta que la Justicia así lo determine), como un homicidio, como un suicidio inducido (que será difícil o casi imposible de comprobar)… pero en todo caso se trata de una muerte que jaquea al poder político (y especialmente al gobierno nacional) por la falta de verdad y Justicia.
Las muertes de la AMIA y la de Nisman no deberían quedar impune. Para ello, antes debería modificarse la ley de Inteligencia y romper el círculo cuasi mafioso de la Justicia Federal, los partidos políticos y las fuerzas de seguridad. Caso contrario, lamentablemente correrá el mismo destino que el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires: una causa técnicamente prescripta, una causa realmente llevada con niveles de corrupción intolerables… una causa que será una herida abierta en el corazón de la humanidad.
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