Mal controlado, peor regulado
Si algo está mal controlado y peor regulado ese es el servicio de telefonía móvil en la Argentina, aunque más especialmente en Gualeguaychú y Entre Ríos.
Si bien existe la plena vigencia de la portabilidad numérica, es decir, conservar el mismo número de teléfono celular aunque se cambie de empresa, hay que reconocer que aplicar ese mecanismo implica todo un calvario para los usuarios y consumidores.
Las propias empresas de telefonía que serían beneficiadas con esta portabilidad recomiendan que es mejor pasar el servicio a tarjeta que realizar el trámite. Así, el usuario se queda con dos números de manera innecesaria. No aplican la ley con la ejecutividad que la han prometido.
La otra cuestión que es urgente modificar está vinculada con los comercios que realizan las cargas virtuales, que cobran un plus de manera indebida y que constituye una evasión fiscal.
Los comerciantes argumentan que es poco el margen de ganancias que las empresas de telefonía les dejan por las cargas virtuales. Tienen razón y eso no se discute. Pero es injusto y es lesivo al bolsillo y la buena fe de los consumidores hacer una carga telefónica y pagar un plus.
Las áreas de Defensa del Consumidor y las que trabajan bajo la cultura de la lealtad comercial poco y nada han podido avanzar, porque encima prevalece la impunidad.
Es urgente fijar una pauta común para todo el país y es preciso que se apliquen fuertes multas para que tanto las empresas de telefonía se ajusten a la ley como al propio comercio que realiza una práctica desleal al cobrar por encima de lo pautado y establecido.
Llama mucho la atención que cuando más se propicia la participación ciudadana, los representantes de los ciudadanos –legisladores y funcionarios de los tres Poderes del Estado- no estén participando como corresponde a la hora de defender elementales derechos como consumidores.
Y si a esta radiografía se le agrega que a nivel discursivo se sostiene que se requiere cada vez más de un país inclusivo, entonces menos se explica la deserción de quienes deben tutelar los derechos de todos.
Otro punto que irrita hasta la exasperación a los ciudadanos y consumidores es cuando quieren dar de baja un servicio que fue contratado telefónicamente. La propia ley expresa sin ambigüedades que ese servicio debe ser dado de baja de manera telefónica. Pero las propias empresas hacen caso omiso a ese elemental compromiso contractual y quien debe padecer un calvario es el usuario.
No es posible que las empresas dedicadas a la comunicación sean las que más incomunican. Y es inaceptable que quienes deben velar y tutelar los derechos de los ciudadanos estén mirando para otro lado y con esa evasión alimenten nada menos que la cultura de la impunidad.
Por eso se sostiene que este servicio está mal controlado y peor regulado y se ha tornado indispensable volver a replantear todo el sistema… comenzando por quienes deben asegurar desde el Estado que las leyes se cumplan tal como se prometieron.
Las propias empresas de telefonía que serían beneficiadas con esta portabilidad recomiendan que es mejor pasar el servicio a tarjeta que realizar el trámite. Así, el usuario se queda con dos números de manera innecesaria. No aplican la ley con la ejecutividad que la han prometido.
La otra cuestión que es urgente modificar está vinculada con los comercios que realizan las cargas virtuales, que cobran un plus de manera indebida y que constituye una evasión fiscal.
Los comerciantes argumentan que es poco el margen de ganancias que las empresas de telefonía les dejan por las cargas virtuales. Tienen razón y eso no se discute. Pero es injusto y es lesivo al bolsillo y la buena fe de los consumidores hacer una carga telefónica y pagar un plus.
Las áreas de Defensa del Consumidor y las que trabajan bajo la cultura de la lealtad comercial poco y nada han podido avanzar, porque encima prevalece la impunidad.
Es urgente fijar una pauta común para todo el país y es preciso que se apliquen fuertes multas para que tanto las empresas de telefonía se ajusten a la ley como al propio comercio que realiza una práctica desleal al cobrar por encima de lo pautado y establecido.
Llama mucho la atención que cuando más se propicia la participación ciudadana, los representantes de los ciudadanos –legisladores y funcionarios de los tres Poderes del Estado- no estén participando como corresponde a la hora de defender elementales derechos como consumidores.
Y si a esta radiografía se le agrega que a nivel discursivo se sostiene que se requiere cada vez más de un país inclusivo, entonces menos se explica la deserción de quienes deben tutelar los derechos de todos.
Otro punto que irrita hasta la exasperación a los ciudadanos y consumidores es cuando quieren dar de baja un servicio que fue contratado telefónicamente. La propia ley expresa sin ambigüedades que ese servicio debe ser dado de baja de manera telefónica. Pero las propias empresas hacen caso omiso a ese elemental compromiso contractual y quien debe padecer un calvario es el usuario.
No es posible que las empresas dedicadas a la comunicación sean las que más incomunican. Y es inaceptable que quienes deben velar y tutelar los derechos de los ciudadanos estén mirando para otro lado y con esa evasión alimenten nada menos que la cultura de la impunidad.
Por eso se sostiene que este servicio está mal controlado y peor regulado y se ha tornado indispensable volver a replantear todo el sistema… comenzando por quienes deben asegurar desde el Estado que las leyes se cumplan tal como se prometieron.
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