Mejores controles, mejor calidad de vida
El uso del casco en los motociclistas se ha extendido en toda la provincia, lo mismo que los recientes controles autónomos que puede realizar la Policía sobre estos vehículos sin necesidad de contar con el apoyo de Tránsito Municipal.
Hasta aquí al mínimo, básico, elemental, rudimentario… donde no hay nada que ostentar por parte del Estado. En rigor, es aplicar una normativa vigente.
Lo que llama la atención es que, por ejemplo, en Gualeguaychú y en todas las localidades provinciales con la sola excepción de Paraná, las autoridades por el momento se niegan a exigir el uso del cinturón de seguridad en los conductores de automóviles y en sus acompañantes. No es la primera vez que en esta columna Editorial se aborda el tema, pero hay que reiterarlo porque parece que las autoridades provinciales y municipales gustan de regodearse con anuncios como los controles en las motos, pero miran para otro costado a la hora de exigir por ejemplo el cinturón de seguridad. No se entiende.
Ni el ministro de Gobierno Adán Bahl, ni el intendente Juan José Bahillo o los demás presidentes municipales dicen o hacen algo al respecto. Llama la atención esta actitud, porque son las autoridades las primeras obligadas en respetar y hacer respetar la ley en toda su extensión.
Es más, sería apropiado que también se comience con exigir el uso obligatorio del casco a los ciclistas, tanto menores como mayores de edad, tal como se utilizan en la mayoría de las ciudades que han avanzado en este tema.
El uso del casco en los ciclistas es un imperativo de la época y aunque al principio haya gente que se oponga (como ocurrió con el casco en los motociclistas), se trata de una medida que siempre redundará en una mejor calidad de vida. De hecho, para los ciclistas vienen cascos especialmente diseñados y por eso mismo sería oportuno que su uso se torne obligatorio. Y ni qué hablar del cinturón de seguridad para quienes se transportan en un automóvil.
Las autoridades públicas deberían comprender mejor que la seguridad es un concepto que no debe ser negociado y estas propuestas se formulan por el bien de quienes serán controlados. Incluso la comunidad en su conjunto debería colaborar para que las autoridades no demoren las decisiones en esta materia.
Son los estrictos controles y operativos, junto con una intensa como constante educación vial, las que permitirán marcar una diferencia positiva hacia una mejor calidad de vida. No entender algo tan simple es renunciar a lo mínimo, a lo básico, a lo elemental de una responsabilidad pública. Negarse a realizar estos controles es renunciar a cumplir la ley. Y eso, ya se sabe, es un mal ejemplo que da el Estado provincial y municipal.
Lo que llama la atención es que, por ejemplo, en Gualeguaychú y en todas las localidades provinciales con la sola excepción de Paraná, las autoridades por el momento se niegan a exigir el uso del cinturón de seguridad en los conductores de automóviles y en sus acompañantes. No es la primera vez que en esta columna Editorial se aborda el tema, pero hay que reiterarlo porque parece que las autoridades provinciales y municipales gustan de regodearse con anuncios como los controles en las motos, pero miran para otro costado a la hora de exigir por ejemplo el cinturón de seguridad. No se entiende.
Ni el ministro de Gobierno Adán Bahl, ni el intendente Juan José Bahillo o los demás presidentes municipales dicen o hacen algo al respecto. Llama la atención esta actitud, porque son las autoridades las primeras obligadas en respetar y hacer respetar la ley en toda su extensión.
Es más, sería apropiado que también se comience con exigir el uso obligatorio del casco a los ciclistas, tanto menores como mayores de edad, tal como se utilizan en la mayoría de las ciudades que han avanzado en este tema.
El uso del casco en los ciclistas es un imperativo de la época y aunque al principio haya gente que se oponga (como ocurrió con el casco en los motociclistas), se trata de una medida que siempre redundará en una mejor calidad de vida. De hecho, para los ciclistas vienen cascos especialmente diseñados y por eso mismo sería oportuno que su uso se torne obligatorio. Y ni qué hablar del cinturón de seguridad para quienes se transportan en un automóvil.
Las autoridades públicas deberían comprender mejor que la seguridad es un concepto que no debe ser negociado y estas propuestas se formulan por el bien de quienes serán controlados. Incluso la comunidad en su conjunto debería colaborar para que las autoridades no demoren las decisiones en esta materia.
Son los estrictos controles y operativos, junto con una intensa como constante educación vial, las que permitirán marcar una diferencia positiva hacia una mejor calidad de vida. No entender algo tan simple es renunciar a lo mínimo, a lo básico, a lo elemental de una responsabilidad pública. Negarse a realizar estos controles es renunciar a cumplir la ley. Y eso, ya se sabe, es un mal ejemplo que da el Estado provincial y municipal.
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