No hay vocación municipal
La Legislatura entrerriana está demostrando hasta el momento escasa vocación municipal. Esta falta de vocación municipal en parte responde al mandato del Ejecutivo provincial, más allá de que en teoría el Poder Legislativo es considerado independiente de los otros dos (Ejecutivo y Judicial).
El hecho de que no hay perspectivas para que se aborde una ley de comunas habla a las claras de esta pasividad que lesiona los derechos de los entrerrianos.
No se entiende la negativa de los legisladores entrerrianos para modernizar un nuevo orden administrativo, económico y poblacional. Y esta dejadez se expresa en su total magnitud cuando se da cuenta que se ha dejado de lado un texto que ya contaba con media sanción.
A pesar de que es un mandato de la reformada Constitución de 2008, a casi siete años de ese juramento todavía no se ha podido lograr algo tan elemental como es una ley de comunas. Ni ley de comunas ni Cartas Orgánicas para los Municipios. Este otro hecho también expresa de manera cabal esa falta de vocación por los gobiernos locales.
La Cámara de Diputados sancionó en el mandato anterior una iniciativa que legislaba sobre esta materia, pero el Senado nunca la quiso abordar.
Los legisladores, que son representantes del pueblo, deberían tomar consciencia que en la provincia existen 196 Juntas de Gobierno y es urgente jerarquizarlas al rango de Comuna al menos aquellas que logren demostrar tener una población estable de hasta 1.500 vecinos.
En este contexto falta que la Legislatura provincial determine la circunscripción territorial y las categorías, pero lo que es más importante aún es enriquecer el sistema democrático con elección directa de sus autoridades, además de determinar sus competencias y al jerarquizarlas darle una mayor asignación de recursos a través de la ya desvirtuada coparticipación federal de impuestos.
Estas Comunas deberían en pleno siglo XXI poder dictar, por ejemplo, sus propias Ordenanzas, determinar sus facultades tributarias, establecer el poder de policía, tener autonomía para poder diseñar obras públicas y prestar servicios básicos, entre otros derechos que –hoy por hoy- son negados por los propios legisladores.
Con una presencia absoluta, unánime en las bancas del Senado, el oficialismo es el mayor obstáculo para que las Comunas puedan crecer en democracia. Un sinsentido que los propios senadores deberían rendir cuenta de este ocio y de esta actitud paupérrima en términos democráticos.
Sin esa ley de jerarquización de las Comunas será muy difícil darle proyección de desarrollo a la provincia y mucho menos consolidar lo mucho o poco que se ha logrado.
No atender esta materia es dejar en condiciones de inferioridad a la mayoría de los entrerrianos, que no pueden acceder a una mejor calidad institucional. Pareciera que no están representando a sus Departamentos de origen y cambian un mandato democrático por otro feudal.
Tal como están las cosas pareciera que prevalece el desprecio hacia las pequeñas comunidades entrerrianas, la ignorancia sobre la situación de jaque que muchas atraviesan por el éxodo de su población y por la amenaza de convertirse en pueblos desaparecidos.
No se entiende la negativa de los legisladores entrerrianos para modernizar un nuevo orden administrativo, económico y poblacional. Y esta dejadez se expresa en su total magnitud cuando se da cuenta que se ha dejado de lado un texto que ya contaba con media sanción.
A pesar de que es un mandato de la reformada Constitución de 2008, a casi siete años de ese juramento todavía no se ha podido lograr algo tan elemental como es una ley de comunas. Ni ley de comunas ni Cartas Orgánicas para los Municipios. Este otro hecho también expresa de manera cabal esa falta de vocación por los gobiernos locales.
La Cámara de Diputados sancionó en el mandato anterior una iniciativa que legislaba sobre esta materia, pero el Senado nunca la quiso abordar.
Los legisladores, que son representantes del pueblo, deberían tomar consciencia que en la provincia existen 196 Juntas de Gobierno y es urgente jerarquizarlas al rango de Comuna al menos aquellas que logren demostrar tener una población estable de hasta 1.500 vecinos.
En este contexto falta que la Legislatura provincial determine la circunscripción territorial y las categorías, pero lo que es más importante aún es enriquecer el sistema democrático con elección directa de sus autoridades, además de determinar sus competencias y al jerarquizarlas darle una mayor asignación de recursos a través de la ya desvirtuada coparticipación federal de impuestos.
Estas Comunas deberían en pleno siglo XXI poder dictar, por ejemplo, sus propias Ordenanzas, determinar sus facultades tributarias, establecer el poder de policía, tener autonomía para poder diseñar obras públicas y prestar servicios básicos, entre otros derechos que –hoy por hoy- son negados por los propios legisladores.
Con una presencia absoluta, unánime en las bancas del Senado, el oficialismo es el mayor obstáculo para que las Comunas puedan crecer en democracia. Un sinsentido que los propios senadores deberían rendir cuenta de este ocio y de esta actitud paupérrima en términos democráticos.
Sin esa ley de jerarquización de las Comunas será muy difícil darle proyección de desarrollo a la provincia y mucho menos consolidar lo mucho o poco que se ha logrado.
No atender esta materia es dejar en condiciones de inferioridad a la mayoría de los entrerrianos, que no pueden acceder a una mejor calidad institucional. Pareciera que no están representando a sus Departamentos de origen y cambian un mandato democrático por otro feudal.
Tal como están las cosas pareciera que prevalece el desprecio hacia las pequeñas comunidades entrerrianas, la ignorancia sobre la situación de jaque que muchas atraviesan por el éxodo de su población y por la amenaza de convertirse en pueblos desaparecidos.
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