¿Qué Justicia se quiere?
Este año será el número 29 desde la recuperación de la Democracia. Un tiempo excepcional para plantearse si realmente se ha avanzado en aquel precepto constitucional de “afianzar la Justicia”.
La primera respuesta es obvia como positiva, dado que sólo en democracia se puede generar justicia en el sentido constitucional del concepto, pero también en el sentir de la sociedad.
Además se han dado progresos, lo que es positivamente mensurable con sus retrocesos y avances. Se han consolidado nuevos derechos y garantías, incorporado a la Constitución en 1994. Ejemplo de ello son los derechos de las mujeres, de las minorías, de los consumidores y usuarios de servicios públicos, y de los derechos a la información y al ambiente. También se ha mejorado de manera ostensible la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se han afianzado los derechos humanos y el llamado gobierno abierto. Falta mucho, eso también es parte del inventario.
No obstante hay muchos reclamos por parte del conjunto de la sociedad. Entre los más generalizados se encuentra que pese a los Consejos de la Magistratura (otro gran avance) no queda del todo claro la transparencia a la hora de designar las ternas de los aspirantes a jueces e incluso su modo de intervenir a la hora de cuestionar a los jueces.
Otro reclamo –que es histórico- es la tardanza en la tramitación de los pleitos (especialmente el dictado de sentencia) y el desequilibrio que existe en el mapa judicial de la provincia. Todo esto sin abundar en la estrecha infraestructura en la que deben desempeñarse quienes tienen la obligación de brindar el servicio de Justicia, tan esencial para vivir en sociedad. La otra falencia es que se trata del Poder del Estado que más debería servirse de la tecnología, pero es el que está más relegado. Eso se llama presupuesto.
En otro orden, la Justicia a nivel nacional no puede desplegar todo su rol porque son los propios órganos del gobierno quienes lo impiden, como el caso de la Anses y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero también existen jueces y fiscales que han favorecido a políticos o funcionarios de gobierno o han demorado el trámite o la investigación de graves delitos cometidos especialmente con temas vinculados con el mal desempeño y la corrupción.
La Justicia es la virtud que obliga a dar “a cada uno lo suyo”. El Preámbulo de la Constitución manda a “afianzar la justicia” y para ello no hay mejor camino que fortalecer la educación; justamente porque es el ámbito más adecuado para tomar conciencia sobre obligaciones y derechos y luego consolidarlos en el accionar diario en la sociedad.
La Justicia es todo un desafío para la democracia, dado que la democracia no se limita solamente a los actos eleccionarios de los ciudadanos para elegir a sus representantes y autoridades. ¿Funciona realmente como la sociedad espera una Justicia que vele por la honestidad? ¿Cuántos casos existen que la Justicia se convierte en desertora (por deficiente, por falta de medios, por temerosa, a veces hasta por cómplice) y no actúa de oficio ante evidentes hechos escandalosos?
Pero la mayor amenaza que padece la Justicia tal vez no provenga de factores externos sino internos y sea la de algunos jueces, que son expertos en divorciar la verdad de la sentencia o en todo caso de reducir la realidad a la medida de sus sentencias.
Además se han dado progresos, lo que es positivamente mensurable con sus retrocesos y avances. Se han consolidado nuevos derechos y garantías, incorporado a la Constitución en 1994. Ejemplo de ello son los derechos de las mujeres, de las minorías, de los consumidores y usuarios de servicios públicos, y de los derechos a la información y al ambiente. También se ha mejorado de manera ostensible la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se han afianzado los derechos humanos y el llamado gobierno abierto. Falta mucho, eso también es parte del inventario.
No obstante hay muchos reclamos por parte del conjunto de la sociedad. Entre los más generalizados se encuentra que pese a los Consejos de la Magistratura (otro gran avance) no queda del todo claro la transparencia a la hora de designar las ternas de los aspirantes a jueces e incluso su modo de intervenir a la hora de cuestionar a los jueces.
Otro reclamo –que es histórico- es la tardanza en la tramitación de los pleitos (especialmente el dictado de sentencia) y el desequilibrio que existe en el mapa judicial de la provincia. Todo esto sin abundar en la estrecha infraestructura en la que deben desempeñarse quienes tienen la obligación de brindar el servicio de Justicia, tan esencial para vivir en sociedad. La otra falencia es que se trata del Poder del Estado que más debería servirse de la tecnología, pero es el que está más relegado. Eso se llama presupuesto.
En otro orden, la Justicia a nivel nacional no puede desplegar todo su rol porque son los propios órganos del gobierno quienes lo impiden, como el caso de la Anses y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero también existen jueces y fiscales que han favorecido a políticos o funcionarios de gobierno o han demorado el trámite o la investigación de graves delitos cometidos especialmente con temas vinculados con el mal desempeño y la corrupción.
La Justicia es la virtud que obliga a dar “a cada uno lo suyo”. El Preámbulo de la Constitución manda a “afianzar la justicia” y para ello no hay mejor camino que fortalecer la educación; justamente porque es el ámbito más adecuado para tomar conciencia sobre obligaciones y derechos y luego consolidarlos en el accionar diario en la sociedad.
La Justicia es todo un desafío para la democracia, dado que la democracia no se limita solamente a los actos eleccionarios de los ciudadanos para elegir a sus representantes y autoridades. ¿Funciona realmente como la sociedad espera una Justicia que vele por la honestidad? ¿Cuántos casos existen que la Justicia se convierte en desertora (por deficiente, por falta de medios, por temerosa, a veces hasta por cómplice) y no actúa de oficio ante evidentes hechos escandalosos?
Pero la mayor amenaza que padece la Justicia tal vez no provenga de factores externos sino internos y sea la de algunos jueces, que son expertos en divorciar la verdad de la sentencia o en todo caso de reducir la realidad a la medida de sus sentencias.
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