Trabajo para la Justicia
La Justicia provincial, que es una de las mejores pagas del país, se muestra demasiado ociosa para combatir el delito. A raíz del decreto del Ejecutivo Provincial que permite a la Policía de Entre Ríos tener autonomía para realizar operativos y posterior secuestro de ciclomotores, se puede afirmar que muchos delitos se han limitado de manera ostensible.
Este dato está corroborado por las propias estadísticas de las distintas Jefaturas de Policías Departamentales.
A raíz de esta iniciativa también ha crecido de manera ostensible el secuestro de estos vehículos por distintas razones, entre ellas, por procedencia dudosa o porque su conductor no pudo acreditar en el momento su propiedad o procedencia. En esos casos, la moto queda secuestrada. Pero es un hecho concreto que son los menos los conductores que luego hacen el trámite para recuperar ese bien.
Aquí viene la tarea de la Justicia: sería interesante que los fiscales llamen a esos supuestos “propietarios” para que expliquen por qué circulaban en una motocicleta que no pudieron demostrar su procedencia.
Es muy limitada la acción de la Policía y en su caso de Tránsito Municipal de solamente secuestrar el vehículo y luego no pedir ninguna explicación.
Así las cosas, el mensaje que reciben estas personas es que pueden salir a apropiarse de manera ilegítima de otro rodado, total lo peor que les puede pasar es que se lo secuestren y nada más.
Otra cosa sería la realidad y con ella las acciones de prevención, si el Ministerio Público Fiscal abriera una causa para determinar cada procedencia de esos vehículos, los convoquen de manera fehaciente a quienes en el momento del secuestro del rodado lo estaban conduciendo y averigüe su procedencia y luego eleve si corresponde la causa a juicio.
De no hacer esto, no alcanzarán los depósitos municipales o provinciales para almacenar los vehículos secuestrados, por más que tiempo después se los desguace o se lo derive a alguna subasta pública.
Si una persona anda sin la documentación que demuestre la propiedad del vehículo que conduce, lo menos que se espera de la Justicia es que averigüe por qué circulaba de esa manera. Demasiada comodidad es hacer descansar a esta iniciativa solamente con el secuestro del vehículo y no pedir explicaciones.
No es un trámite engorroso ni demasiado largo el pedir explicaciones. Y seguramente contribuirá a un mejor servicio de Justicia, dado que secuestrar un bien de dudosa procedencia y esclarecer un delito son dos cuestiones muy distintas.
Por otro lado, se completaría mejor una iniciativa que ha demostrado que es exitosa; aunque por el momento limitada como ya se explicó.
No alcanza con el accionar de la Policía y de Tránsito Municipal. Es necesario que la Justicia también intervenga, caso contrario las estadísticas vinculadas con el robo de estos vehículos seguirán creciendo, porque en el fondo se está transmitiendo un mensaje de impunidad.
A raíz de esta iniciativa también ha crecido de manera ostensible el secuestro de estos vehículos por distintas razones, entre ellas, por procedencia dudosa o porque su conductor no pudo acreditar en el momento su propiedad o procedencia. En esos casos, la moto queda secuestrada. Pero es un hecho concreto que son los menos los conductores que luego hacen el trámite para recuperar ese bien.
Aquí viene la tarea de la Justicia: sería interesante que los fiscales llamen a esos supuestos “propietarios” para que expliquen por qué circulaban en una motocicleta que no pudieron demostrar su procedencia.
Es muy limitada la acción de la Policía y en su caso de Tránsito Municipal de solamente secuestrar el vehículo y luego no pedir ninguna explicación.
Así las cosas, el mensaje que reciben estas personas es que pueden salir a apropiarse de manera ilegítima de otro rodado, total lo peor que les puede pasar es que se lo secuestren y nada más.
Otra cosa sería la realidad y con ella las acciones de prevención, si el Ministerio Público Fiscal abriera una causa para determinar cada procedencia de esos vehículos, los convoquen de manera fehaciente a quienes en el momento del secuestro del rodado lo estaban conduciendo y averigüe su procedencia y luego eleve si corresponde la causa a juicio.
De no hacer esto, no alcanzarán los depósitos municipales o provinciales para almacenar los vehículos secuestrados, por más que tiempo después se los desguace o se lo derive a alguna subasta pública.
Si una persona anda sin la documentación que demuestre la propiedad del vehículo que conduce, lo menos que se espera de la Justicia es que averigüe por qué circulaba de esa manera. Demasiada comodidad es hacer descansar a esta iniciativa solamente con el secuestro del vehículo y no pedir explicaciones.
No es un trámite engorroso ni demasiado largo el pedir explicaciones. Y seguramente contribuirá a un mejor servicio de Justicia, dado que secuestrar un bien de dudosa procedencia y esclarecer un delito son dos cuestiones muy distintas.
Por otro lado, se completaría mejor una iniciativa que ha demostrado que es exitosa; aunque por el momento limitada como ya se explicó.
No alcanza con el accionar de la Policía y de Tránsito Municipal. Es necesario que la Justicia también intervenga, caso contrario las estadísticas vinculadas con el robo de estos vehículos seguirán creciendo, porque en el fondo se está transmitiendo un mensaje de impunidad.
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