La OMIC aconseja una audiencia pública por aumento del colectivo
El área de Defensa del Consumidor que conduce Pablo Luciano, le aconsejó al Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad (HCD) la realización de una audiencia pública para decidir si se aumenta o no el boleto del transporte urbano de pasajeros.
EL ARGENTINO accedió al Expediente N° 3.345/2008 del 5 de diciembre, por el cual Defensa del Consumidor responde el pedido de los concejales con respecto al aumento de la tarifa de los colectivos urbanos.
Con una fuerte crítica hacia la insuficiente documental aportada por los empresarios, el área de Defensa del Consumidor sostiene que las empresas ?Autotransporte 1º de Agosto SRL? (representada por Ricardo Delcause); ?El Verde SRL? (representada por Claudio A. Otero); y ?Santa Rita Bis SH? ( representada por Raúl R. Esponda), no brindaron instrumentos ?que acredite las personerías invocadas, careciendo en consecuencia la misma de los requerimientos mínimos para iniciar cualquier trámite administrativo?, y aclara ?que si bien todos los solicitantes son comerciantes conocidos?, la documentación que acredite la representación es de rigor.
Los empresarios del transporte urbano de pasajeros habían solicitado al HCD ?con carácter de urgencia se proceda a recomponer las tarifas, poniendo en vigencia? el siguiente esquema: Boleto Unico a 1,90 pesos; abono a 1,60 pesos; Primera y Segunda Sección a 1,60 pesos; Tercera Sección a 1,80 peso; Cuarta Sección a 1,90 pesos; Quinta Sección a 2 pesos; y el Boleto Escolar Primario a 0,50 pesos y el Boleto Escolar Secundario a 1,60 pesos.
Pero, para Defensa del Consumidor, esa escala de precios no se justifica con la escasa documentación presentada, y ?en dicha escala no se informa estimación sobre el impacto que la misma tendrá sobre los ingresos de las empresas, ni se detalla cuáles son los antecedentes de otras localidades?.
Si bien los empresarios presentación planillas que dan cuenta de la ?variación de precios sobre los principales insumos y análisis de la evolución del sueldo?, de las mismas ?no se informan si son datos globales de las tres empresas o solo pertenece a una de ellas?.
Además, Defensa del Consumidor hace notar que si bien el sector ?está atravesando por una crisis?, el Gobierno nacional ha implementado importantes medidas destinadas a paliar dicha situación. ?Dentro de las medidas pueden mencionarse: la compra de gas oil a precio diferenciado y una compensación tarifaria por cada unidad en servicio, pero extrañamente, a pesar que las empresas solicitantes son beneficiarias de tales medidas, en la presentación analizada no realizan mención alguna sobre las mismas?, advirtió Luciano.
De esta forma, ?queda claro que la documentación aportada por las empresas resulta insuficiente para demostrar los motivos argumentados y por ende hacer lugar al aumento de las tarifas sería una medida injustificada y contraria a los intereses económicos de los usuarios del servicio?, sostiene en su nota.
En el punto 6) del expediente al que accedió EL ARGENTINO, Defensa del Consumidor explica que ?la falta de esta documentación, no nos permite conocer aspectos mínimos de la actividad, como saber -en primer lugar- si las empresas poseen niveles razonables de ganancias o al contrario, presentan quebrantos?. Por eso luego sostiene que si bien las empresas argumentan la falta de rentabilidad, la falta de documentación impide conocer con exactitud si esa falta de rentabilidad se debe a los costos totales que deben asumir para prestar el servicio o se está ante una posible administración deficiente que genera los (supuestos) quebrantos invocados.
También Defensa del Consumidor tuvo en cuenta que ?al tratarse de un servicio esencial, el aumento de la tarifa repercute directamente sobre la economía de los usuarios, los cuales en su mayoría pertenecen a los sectores más humildes de la comunidad, por lo que, la actualización de la misma debe realizarse en un marco de absoluta transparencia y responsabilidad, cuya importancia amerita utilizar el instituto de la audiencia pública, cosa que así interesamos, evento que posibilitará la participación ciudadana en el tratamiento del mismo?.
Si el HCD ?en defensa del interés general y no en el particular de cada empresa- decide convocar a una audiencia pública tal como lo recomienda Defensa del Consumidor, la decisión del aumento del pasaje urbano quedará para dirimirse en el 2009, situación que puede afectar aún más el quebranto invocado por las empresas.
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