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Diario El Argentinodomingo 03 de marzo de 2024
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Conflictividad social: vecinos marcharon contra el B° Amarras

Conflictividad social: vecinos  marcharon contra el B° Amarras

El barrio fluvial Amarras es un desarrollo inmobiliario que se levanta a orillas del río Gualeguaychú sin controles reales por parte de los organismos provinciales; a espaldas de las leyes vigentes que regulan esta clase de iniciativas y en clara violación a la Constitución nacional y a la provincial como así también al Código Civil de la Nación. Sin embargo, todas esas irregularidades son presentadas como legales.


Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO

 

La destrucción del humedal, la deforestación que ya realizó, la ausencia de planes de contingencias frente a inundaciones, desnuda su irresponsable avance a fuerza de hechos consumados.

A esto hay que sumarle la apropiación de hecho que pretende realizar de una porción del río Gualeguaychú, claramente violatoria de leyes, pero también de toda traza de sentido común.

Por todo esto y la angustiante inundación que padecieron varios vecinos, especialmente los de la zona Norte, es que ayer se volvió a marchar para protestar por la construcción del barrio Amarras, que se levanta con absoluta impunidad en Pueblo General Belgrano y frente al borde costero sobre el río Gualeguaychú, amenazado en el presente como es de público conocimiento.

Como agravantes, las declaraciones de altos funcionarios públicos, como el de Francisco Fiorotto (secretario General de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad de Pueblo General Belgrano), lejos de habilitar el diálogo entre las partes, ha sido una provocación irresponsable; sin más argumento que el de defender la cultura de la impunidad y el avasallamiento.

No es casual que una de las principales oposiciones a este emprendimiento nace por la pretensión de Amarras de “ensanchar” el río Gualeguaychú hasta formar una especie de bahía y eso –argumenta incluso un estudio técnico presentado por la Municipalidad de Gualeguaychú- afectará a la costa Oeste generando inundaciones; tal como ocurren en estos días.

La marcha de ayer partió desde el puente Méndez Casariego y llegó hasta el límite entre ambas comunidades; y se desistió de ir hasta el corazón de Pueblo General Belgrano para evitar la provocación que se estaba conformando en la curva conocida como de Fiorotto.

Los que se oponen a Amarras mantuvieron en firme su protesta y su espíritu pacífico; a diferencia de quienes defienden este ilegal emprendimiento; que por el momento goza de impunidad.

La movilización de ayer reforzó el pedido que realizó la Municipalidad de Gualeguaychú al Gobierno Provincial para paralizar total y definitivamente las obras del barrio Amarras y que la sociedad Altos de Unzué -ejecutora del barrio náutico- recomposición el valle de inundación, al menos hasta donde se pueda dado que ya ha generado daños irreparables.

Todo desarrollo inmobiliario de las dimensiones de Amarras, con un predio de 110 hectáreas, donde se han establecido aproximadamente 300 lotes de alrededor de 900 metros cuadrados, requiere por su magnitud una “zona de sacrificio”.

La “zona de sacrificio” elegida unilateralmente por la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y los empresarios son los vecinos del Barrio La Cuchilla, tal vez una de las barriadas más pobres de la ciudad y que en estos días ya están “pagando” una cuota de ese sacrificio al verse inundados.

La movilización de ayer fue convocada por varias ONG, entre ellas la Barrial Norte y La Cuchimarra del barrio La Cuchilla, además de otras organizaciones ambientales, que expresaron claramente que este emprendimiento no goza de la licencia social y avanza violando las más elementales leyes y normativas en la materia.

Igual que UPM (Botnia)

La forma de conducirse Altos de Unzué –propietario de Amarras- recordó a los vecinos que utiliza casi los mismos métodos que caracteriza a la pastera UPM (Botnia): fortalecerse con los hechos consumados; violar las leyes, pero contar con la anuencia del Estado; no acatar los fallos judiciales; no dar la cara ante la comunidad y silenciar lo más que se pueda el conflicto a través de los medios de comunicación.

Si los defensores de Amarras leyeran el Libro de Consultas del proyecto que Altos de Unzué tiene en su poder; leerán que la Municipalidad de Gualeguaychú les advirtió en tiempo y forma que, de avanzar la construcción del proyecto, “en caso de creciente aumentaría de manera considerable el riesgo de inundación en La Cuchilla, además de afectar la zona conocida como La Península y toda el área de influencia del Arroyo Gaitán”. Tal como se evidenció en estos días.

El amparo

En la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra el legajo caratulado “Majul, Julio Jesús C/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros – acción de amparo”, de acuerdo al Expediente Nº 5.916.

Allí se invoca que la acción tiene como objetivo “prevenir y detener daños ya producidos, que tienen características de gravedad e ilegalidad, que afectan a las comunidades de Gualeguaychú y de Pueblo General Belgrano”, debido a que “altera nuestra flora, fauna, el régimen de aguas, nuestro paisaje y el derecho al equilibrio urbanístico”.

También se sostiene que “se trata de preservar derechos a un “ambiente sano y equilibrado” que se han visto alterados en abierta infracción a las garantías” constitucionales y legales.

Esta acción de amparo pretende respecto de Altos de Unzué SA, que se les ordene interrumpir las obras y la reparación, a su costo, de lo ya hecho y que constituyere un mal irreversible. En lo que atañe a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, se solicita se le decrete que no ordene la obra y detenga las acciones amenazantes de la empresa. Y vinculado con la Secretaría de Ambiente de la Provincia, que no autorice el proyecto Amarras y lo declare inviable.

Hay que tener en cuenta que una empresa comercial (cuya integración la comunidad desconoce) ha ejecutado sin autorización y de manera unilateral tareas de desmonte en la zona del Parque Unzué; además de levantar enormes diques, aparentemente para construir viviendas o similares y ha hecho movimientos de tierra con la finalidad de construir un barrio privado de características anfibias, tal como se sostiene en la acción de amparo.

Más argumentos

El 17 de diciembre de 2018, el ingeniero Enrique Martinelli elevó un informe a pedido de la Municipalidad de Gualeguaychú en relación a la documentación remitida por el Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) mediante cédula notificada en fecha 11 de diciembre de 2018.

Allí, Martinelli recuerda que “el estudio de la Universidad Nacional de La Plata destaca el alto impacto negativo que tiene el emprendimiento Amarras en relación al factor ambiental (suelo, flora, fauna). Para minimizar dicho impacto considera que el proyecto debe ser modificado bajo determinadas premisas entre las que se destacan; la recuperación de la cota natural del terreno y la construcción de viviendas sobre pilares con abundante luz entre los mismos, la no modificación de la línea natural de la costa ni realización de lagos o espejos de agua dentro del emprendimiento, la ejecución de un plan de recuperación de largo plazo del bioma perdido en todo el predio y la previsión de la infraestructura completa de servicios”, entre otras propuestas.

“Es importante destacar, además que, en su recurso de apelación, la Municipalidad de Gualeguaychú había cuestionado la utilización de un modelo aproximativo para determinar un parámetro tan crítico como la definición de niveles del río Gualeguaychú ante crecidas importantes. De igual modo, en el mismo recurso se advirtió que la modelación no tomó previsiones frente al cambio climático y las modificaciones en el régimen de lluvias que se observa cada vez con mayor frecuencia, tampoco consideró posibles cambios en la velocidad de respuesta de la cuenca frente a un aprovechamiento agrícola cada vez más intensivo de su suelo, y no previó en su modelación ningún desarrollo y crecimiento futuro de una zona ribereña con altísimo potencial en recursos naturales y turísticos”.

“La inmunda Amarras, te inunda”, corearon ayer los vecinos, hartos de reclamar por algo tan elemental como el derecho a vivir en un ambiente sano y a no ser inundados para que unos pocos, muy pocos, hagan sus negocios inmobiliarios.

No se debe desconocer que las relaciones económicas y financieras marcan las decisiones políticas de los gobernantes de turno. No está mal, todo lo contrario; siempre que esas decisiones permitan que prevalezca el interés general de la población.

Ahora, cuando el ejercicio del poder busca la impunidad del inversor, cuando se es facilitador de la violación a preceptos constitucionales y a las más elementales leyes vigentes, cuando se le aprueban normas a medida; entonces sólo se quiere imponer un dominio individual por encima del conjunto de la sociedad; a través de ejercicios de gobiernos opacos, poco transparentes y raquíticamente lúcidos.

Los recursos económicos de la propia empresa que impulsa Amarras, intentan ocultar la realidad con mentiras o al menos con informes parciales confeccionados con datos falsos. Se trata de un dispositivo que solo persigue el control social para anestesiar el disenso colectivo y evitar que “los de abajo”, es decir, los que viven “en la zona de sacrificio” para que Amarras exista, sean excluidos de toda consideración y acallados en esta iniciativa, aunque se inunden.

Pero, lejos de quedar silenciados, ayer –muchos o pocos- vecinos volvieron a alzar sus voces y a exhibir sus convicciones, para que prevalezcan al menos tres premisas: la vida, la Constitución y las leyes. ¿Qué intereses económicos fuertes y sonantes están arriba del mostrador para actuar en contrario a esas tres premisas?

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