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Alberto Fernández avanza en una reforma de la Justicia para restarle poder político
El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene en mente una reforma judicial que implicaría unificar los juzgados criminales y correccionales de Capital Federal, Rosario y Gran Rosario junto a los tribunales federales porteños que investigan las causas de corrupción más importantes del país.
Alberto Fernández encargó al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, que bosqueje un proyecto de reforma judicial que tiene un importante objetivo político: matizar el poder real de los doce jueces federales de primera instancia que trabajan en el vetusto edificio de Comodoro Py. En una entrevista reciente, el Presidente dijo que el proyecto “ya está listo” y anticipó que lo enviará al Congreso “antes del fin de mes” para debatirlo en las sesiones extraordinarias de febrero.
La idea que más fuerza cobra en los últimos días sería unificar una zona de competencia federal mucho más grande, que excede la Capital e incluye parte del AMBA (hay que ver bien los partidos que tienen jueces federales, como San Isidro y Lomas de Zamora), todos los juzgados nacionales del fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal, y los juzgados penales de Rosario y Gran Rosario. Esta última incorporación sería la gran novedad del proyecto.
Así, el poder que hoy ostentan los famosos 12 jueces de Comodoro Py (hay algunos juzgados vacantes) quedaría muy fragmentado y podrían llegar a ser más de 50.
De esa manera, perdería fuerza la idea de unificar a los jueces de Retiro con los del fuero Penal Económico, que tienen su sede en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes. “Es la única opción viable, pero no se licua el poder de nadie”, admitió un fiscal federal sobre esa opción, consignó el portal Infobae.
En el Gobierno no están demasiado convencidos, pero igualmente la reforma avanza.
Alberto Fernández insistió en su última intervención televisiva que la Justicia federal se utilizó en los últimos años para “perseguir a los opositores” y que su objetivo es “independizar a los jueces del poder político”. Ya no habla de nombres propios. Durante la campaña electoral mencionó a jueces y camaristas federales, lo que generó una ola de críticas. “Vamos a alterar la lógica de la Justicia federal”, dijo esta semana sin dar mayores detalles.
Esta semana, la interventora de la AFI, Graciela Caamaño, también firmó una resolución para limitar la intervención formal de los servicios de inteligencia en Comodoro Py. “Esta Agencia Federal de Inteligencia debe orientar todos sus esfuerzos al cumplimiento de sus funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos y contra los poderes públicos y el orden institucional, encauzando sus medios técnicos y de recursos humanos hacia ese cometido principal", argumenta la resolución.
“No tiene sentido la orden de Caamaño, los que manejan los servicios son ellos (por el Gobierno). Hay muy pocas causas impulsadas por la AFI”, dijo uno de los hombres con más experiencia de Tribunales.
La reforma judicial no abarcaría solo a Comodoro Py. El portal Infobae reveló que también se evalúa la fusión del fuero Contencioso Administrativo Federal con la justicia Civil y Comercial Federal. Allí se dirimen cuestiones no penales que tienen al Estado como parte o que se relacionan con leyes federales.