Bonadío pidió a la AFIP declaraciones juradas de los Kirchner y Lázaro Báez
El juez federal Claudio Bonadío pidió a la AFIP las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Kirchner y de su entorno familiar, así como del empresario Lázaro Báez por la investigación de la empresa Hotesur.
Fuentes judiciales confirmaron que una delegación de la Policía Metropolitana se presentó ayer por la mañana en la AFIP con la orden de presentación para recabar la documentación impositiva de la presidenta, así como de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
El juez pidió también las declaraciones juradas del fallecido expresidente Néstor Kirchner entre el año 2008 y octubre de 2010 y las del empresario Lázaro Báez, a partir del 2003 a la fecha.
La información fue solicitada por el juez en el mismo momento en que en el Consejo de la Magistratura el Gobierno nacional reclamó el juicio político del magistrado, al considerarlo un “extorsionador”.
La investigación que encaró el juez Bonadío fue luego de una denuncia hecha por la diputada opositora Margarita Stolbizer.
La diputada consideró que se registró “mal desempeño de funcionario público” de los responsables de controlar a la sociedad comercial Hotesur, que explota el hotel Alto Calafate. La empresa no presenta desde 2011 los balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Además, en la causa que sigue Bonadío se investigan posibles actividades de lavado de dinero, pues según información periodística que fue formalizada en una causa penal a cargo del juez Javier López Biscayart, el empresario Báez habría alquilado varias habitaciones entre 2010 y 2011 de los hoteles de la Presidenta en el sur del país pero que nunca eran ocupadas.
La nueva medida ahora solicitada por el juez se suma a un allanamiento que dispuso el jueves pasado en la sede de Hotesur en Microcentro, y en donde se detectó que la oficina estaba vacía.
El juez pidió también las declaraciones juradas del fallecido expresidente Néstor Kirchner entre el año 2008 y octubre de 2010 y las del empresario Lázaro Báez, a partir del 2003 a la fecha.
La información fue solicitada por el juez en el mismo momento en que en el Consejo de la Magistratura el Gobierno nacional reclamó el juicio político del magistrado, al considerarlo un “extorsionador”.
La investigación que encaró el juez Bonadío fue luego de una denuncia hecha por la diputada opositora Margarita Stolbizer.
La diputada consideró que se registró “mal desempeño de funcionario público” de los responsables de controlar a la sociedad comercial Hotesur, que explota el hotel Alto Calafate. La empresa no presenta desde 2011 los balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Además, en la causa que sigue Bonadío se investigan posibles actividades de lavado de dinero, pues según información periodística que fue formalizada en una causa penal a cargo del juez Javier López Biscayart, el empresario Báez habría alquilado varias habitaciones entre 2010 y 2011 de los hoteles de la Presidenta en el sur del país pero que nunca eran ocupadas.
La nueva medida ahora solicitada por el juez se suma a un allanamiento que dispuso el jueves pasado en la sede de Hotesur en Microcentro, y en donde se detectó que la oficina estaba vacía.
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