La Corte quiere saber el impacto fiscal para pagar en masa los juicios contra la ANSeS
La Corte Suprema de Justicia volvió a pedir nuevos informes a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) a fin de conocer el impacto fiscal que implicaría pagar haberes jubilatorio en masa ya que hay unas 350 mil demandas en trámite
Fuentes judiciales informaron que el Tribunal volvió a pedir informes a la ANSeS y también que dé cuenta de los "excesos de litigiosidad" que hay en ese universo de demandas, y luego sí resolver del resto si se paga haciendo lugar a una "acción de clase" presentada por la Defensoría del Pueblo de la Nación o bien se pagan puntualmente caso por caso.
La fuente consultada aseguró que la ANSeS ya adelantó a la Corte que "alrededor del 20 ó 25 por ciento de las demandas son por importes que, superadas todas las instancias judiciales, y que coinciden con la liquidaciones que se practican en el organismo".
Así, al realizarse esa especie de "filtro" de las demandas, luego la Corte tendrá que evaluar si es aplicable al resto una "acción de clase" y aplicar los precedentes "Elliff" y "Badaro", los cuales refieren a la actualización de haberes jubilatorios.
Luego la Corte evaluará si la solución podría darse mediante una "acción de clase", ya que hasta el momento nunca se aplicó en un caso similar y sólo se utilizó en temas de medio ambiente o con derechos de consumidores.
Ahora, desde el Tribunal volvieron a solicitar informes a la ANSeS para prever cuál sería el costo fiscal de adoptar una acción de clase y obligar a pagar en masa los haberes jubilatorios, que podrían alcanzar las 300 mil demandas, o bien pagar caso por caso.
A su vez, desde la Corte se conformó un grupo de asesores económicos a fin de evaluar la información aportada por la ANSeS. La Corte también tendrá que evaluar si el Defensor del Pueblo cuenta con legitimidad para accionar, ya que en ocasiones anteriores como lo fueron los casos del corralito financiero, se le negó tal solicitud.
La fuente consultada aseguró que la ANSeS ya adelantó a la Corte que "alrededor del 20 ó 25 por ciento de las demandas son por importes que, superadas todas las instancias judiciales, y que coinciden con la liquidaciones que se practican en el organismo".
Así, al realizarse esa especie de "filtro" de las demandas, luego la Corte tendrá que evaluar si es aplicable al resto una "acción de clase" y aplicar los precedentes "Elliff" y "Badaro", los cuales refieren a la actualización de haberes jubilatorios.
Luego la Corte evaluará si la solución podría darse mediante una "acción de clase", ya que hasta el momento nunca se aplicó en un caso similar y sólo se utilizó en temas de medio ambiente o con derechos de consumidores.
Ahora, desde el Tribunal volvieron a solicitar informes a la ANSeS para prever cuál sería el costo fiscal de adoptar una acción de clase y obligar a pagar en masa los haberes jubilatorios, que podrían alcanzar las 300 mil demandas, o bien pagar caso por caso.
A su vez, desde la Corte se conformó un grupo de asesores económicos a fin de evaluar la información aportada por la ANSeS. La Corte también tendrá que evaluar si el Defensor del Pueblo cuenta con legitimidad para accionar, ya que en ocasiones anteriores como lo fueron los casos del corralito financiero, se le negó tal solicitud.
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