La Mesa de Enlace reclama acciones inmediatas del gobierno
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias reclamó “acciones inmediatas” para poder solucionar definitivamente la grave problemática de la comercialización del trigo, en un trabajo titulado “El daño ya está hecho”.
En el análisis, la Mesa de Enlace señala que los productores reciben hasta 50 dólares de descuento en el precio por tonelada. “Se aproxima la siembra de trigo de la próxima campaña y el 45 por ciento del cereal de la campaña anterior está todavía en manos de los productores, sin encontrar demanda ni precio”, destacaron las cuatro entidades.
Recordaron que de la producción de 14,7 millones de toneladas, más un stock inicial de 1,25 millones de toneladas, se estiman comercializadas 9,4 millones; es decir que quedan en poder de los productores unas 6,5 millones de toneladas.
“Pero, además, del volumen comercializado los productores recibieron un precio mucho menor al que les correspondía, con descuentos de hasta 50 dólares por tonelada y produciéndose una diferencia millonaria de la producción primaria en beneficio de los exportadores e industriales, con la complicidad del Estado nacional”, resaltaron.
El 78,4 por ciento de las exportaciones de trigo fueron realizadas por muy pocas empresas multinacionales y un 21,6 por ciento corresponde a empresas nacionales, dentro de las cuales participan marginalmente las cooperativas y algunas empresas nacionales, según el análisis.
“Ante una comercialización externa de granos concentrada y cartelizada, que avanza hacia un sistema de compras directas al margen de los recintos bursátiles y de los acopios y cooperativas, y ante un Gobierno que interviene de manera desprolija y equivocadamente, los productores no tienen posibilidad de defender el precio que reciben por el trigo”, se dijo.
La idea “indiscutible, concreta e imprescindible”, es que el “Estado debe restablecer un mercado donde la molinería y la exportación pujen por el trigo”.
Para la Mesa de Enlace, en el corto plazo, “se deben liberar todas las restricciones al comercio exterior del cereal, las arbitrarias asignaciones de cupos a las ventas externas, los permisos para exportar y los permisos de ROES también llamados “permisos para pedir permisos”.
“Con la finalidad de que en forma inmediata se pueda comercializar el trigo de esta campaña y recuperar el mercado”, evaluaron.
Sostuvieron que en el mediano plazo, se deberán encontrar instrumentos y mecanismos modernos de organización del comercio de granos, con reglas de juego que den previsibilidad, garantías de transparencia, calidad, participación y control. Cuestionaron la creación de “un sistema de subsidios millonarios”.
“El argumento oficial de cuidar la mesa de los argentinos ya es insostenible. No sólo por la baja incidencia del precio del trigo en el precio del pan, sino también por los resultados”, se aclaró. Si el Gobierno hubiera acertado sus políticas, el kilo de pan debería costar 2,5 pesos y es más que conocido que se vende a 10 pesos en cualquier panadería de Capital y Gran Buenos Aires.
“Reclamamos desarmar este modelo de intervención nocivo que ocasiona importantes daños a la producción y a los consumidores”, concluyeron Federación Agraria, CRA, Sociedad Rural Argentina y Coninagro.
Recordaron que de la producción de 14,7 millones de toneladas, más un stock inicial de 1,25 millones de toneladas, se estiman comercializadas 9,4 millones; es decir que quedan en poder de los productores unas 6,5 millones de toneladas.
“Pero, además, del volumen comercializado los productores recibieron un precio mucho menor al que les correspondía, con descuentos de hasta 50 dólares por tonelada y produciéndose una diferencia millonaria de la producción primaria en beneficio de los exportadores e industriales, con la complicidad del Estado nacional”, resaltaron.
El 78,4 por ciento de las exportaciones de trigo fueron realizadas por muy pocas empresas multinacionales y un 21,6 por ciento corresponde a empresas nacionales, dentro de las cuales participan marginalmente las cooperativas y algunas empresas nacionales, según el análisis.
“Ante una comercialización externa de granos concentrada y cartelizada, que avanza hacia un sistema de compras directas al margen de los recintos bursátiles y de los acopios y cooperativas, y ante un Gobierno que interviene de manera desprolija y equivocadamente, los productores no tienen posibilidad de defender el precio que reciben por el trigo”, se dijo.
La idea “indiscutible, concreta e imprescindible”, es que el “Estado debe restablecer un mercado donde la molinería y la exportación pujen por el trigo”.
Para la Mesa de Enlace, en el corto plazo, “se deben liberar todas las restricciones al comercio exterior del cereal, las arbitrarias asignaciones de cupos a las ventas externas, los permisos para exportar y los permisos de ROES también llamados “permisos para pedir permisos”.
“Con la finalidad de que en forma inmediata se pueda comercializar el trigo de esta campaña y recuperar el mercado”, evaluaron.
Sostuvieron que en el mediano plazo, se deberán encontrar instrumentos y mecanismos modernos de organización del comercio de granos, con reglas de juego que den previsibilidad, garantías de transparencia, calidad, participación y control. Cuestionaron la creación de “un sistema de subsidios millonarios”.
“El argumento oficial de cuidar la mesa de los argentinos ya es insostenible. No sólo por la baja incidencia del precio del trigo en el precio del pan, sino también por los resultados”, se aclaró. Si el Gobierno hubiera acertado sus políticas, el kilo de pan debería costar 2,5 pesos y es más que conocido que se vende a 10 pesos en cualquier panadería de Capital y Gran Buenos Aires.
“Reclamamos desarmar este modelo de intervención nocivo que ocasiona importantes daños a la producción y a los consumidores”, concluyeron Federación Agraria, CRA, Sociedad Rural Argentina y Coninagro.
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