Ya hay juez para realizar el juicio en Entre Ríos contra el ex jardinero K
Ricardo Fabián Barreiro, el empresario santacruceño conocido a nivel país como “el ex jardinero de la familia Kirchner”, será juzgado en Entre Ríos por un Tribunal unipersonal.
La causa cayó –por sorteo- en el juez Correccional Nº 1 de Paraná, Pablo Vírgala. El fiscal de la Cámara es Rafael Cotorruelo. Cabe recordar que los jueces Correccionales intervienen en los casos anteriores a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, es decir, el 22 de septiembre de 2014, y cuyo delito prevea una pena máxima de hasta 10 años. El empresario está procesado por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público, que tiene una pena de uno a seis años de prisión.
En diciembre del año pasado se clausuró la etapa de instrucción de la causa que investiga si Barreiro introdujo datos falsos en un documento público para presentarse a una licitación a pesar de haber sido designado como funcionario provincial. La fiscal de Transición, Viviana Ferreyra, pidió la elevación a juicio el miércoles 25 de noviembre de 2015. Los abogados defensores, Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, no se opusieron al requerimiento, por lo cual Barreiro deberá sentarse en el banquillo de acusados.
Una de las decisiones más polémicas de la fiscal Ferreyra fue que descartó ampliar la imputación por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, ya que Barreiro era funcionario y contratista del Estado. Esa decisión dejó afuera la posibilidad de investigar si la licitación fue direccionada por el poder político.
En espera
Según fuentes tribunalicias, el 22 de febrero el fiscal Cotorruelo presentó las pruebas que utilizará en el juicio. Se trata de la misma documental que desde 2013 viene trabajando el Ministerio Público Fiscal (Juan Francisco Ramírez Montrull primero, Ferreyra después).
Asimismo, el abogado defensor de Barreiro, el ex diputado nacional por el FPV entrerriano, Raúl Barrandeguy, confirmó que también hizo las presentaciones correspondientes. Ahora se está a la espera de que las partes sean notificadas de la admisión de la prueba y de la fijación de la fecha de debate, consignó Análisis Digital.
En el juicio podrán ser llamados a declarar nuevamente, como testigos de Barreiro –ya lo hicieron en la etapa de instrucción por escrito-, Sebastián Lorenzo y Pedro Báez. El primero fue director del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), donde el empresario fue designado, ad honorem, como coordinador de Relaciones Institucionales. El segundo era ministro de Comunicación y Cultura, y firmó, junto a Urribarri, el decreto de designación en el Ceicer. Actualmente es diputado provincial por el Frente para la Victoria (FPV).
La voz de Barreiro
Consultado por Río Bravo, Raúl Barrandeguy se mostró de acuerdo con resolver el caso en juicio oral y público: “A nosotros nos pareció bien, queremos ir a juicio”, dijo el abogado.
Al ser preguntado sobre qué pruebas ofrecieron en esta etapa, el abogado indicó que es “la misma que hemos hecho en la instrucción”. En ese marco, confirmó que llamarán como testigos a Sebastián Lorenzo y Pedro Báez. “Vamos a pedir que los testigos declaren nuevamente y vamos a pedir que se valore el sentido y alcance que cada uno de estos testimonios tiene”, dijo el letrado que defiende a Barreiro.
En cuanto al delito que se le imputa a Barreiro, Barrandeguy dio una explicación en la cual aseguró que su defendido no fue notificado que había sido designado como funcionario del Ceicer y que por ello no incurrió en un delito a la hora de registrarse en el Registro de Proveedores del Estado.
“Barreiro va a ser juzgado porque en un procedimiento de licitación pública, él previamente se inscribe en el registro de proveedores del Estado, y firma un formulario que tiene tilde: donde dice si es empelado o funcionario del Estado él puso ‘No’”, explicó y agregó que “paralelamente había un decreto, que Barreiro dice que no conoce, nunca lo conoció y no tenía por qué conocerlo, los boletines oficiales no los lee todo el mundo y a él jamás lo notificaron”.
“El decreto –continuó el abogado- lo designaba como funcionario ad honorem. Se prueba que él nunca había cobrado un solo peso y que tampoco había sido notificado de ese decreto. En consecuencia, donde puso la tilde donde decía que no era empleado había puesto la verdad. Eso se estimó que era falsificación de documento público, se lo procesó y se lo va a juzgar”.
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