Los diputados tienen la palabra

 

 

El proyecto propone un sistema de “uso responsable de productos fitosanitarios en los procesos productivos” y ha sido fuertemente criticado  por organizaciones ambientalistas que consideraron que es “regresivo de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana”, ya que  permite realizar fumigaciones sin restricciones en cercanías a áreas pobladas dentro de un radio de 500 metros con productos de supuesta baja toxicidad, entre ellos el glifosato, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como posible cancerígeno.

También han recordado la vigencia del Artículo 41 de la Constitución Nacional, que expresa “-Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. Y si bien ya se han escuchado voces contrarias a votar en consonancia con los senadores, habrá que estar atentos a los que sucede cuando los diputados tengan la última palabra en esta cuestión.