Una docente entrerriana, condenada a pagar una suma millonaria
La docente Mónica Muñoz decidió invertir una herencia en la construcción de unos dúplex, contratando de manera directa a tres albañiles. Terminó sufriendo un fallo laboral adverso y fue condenada a pagar una cifra millonaria.
El fallo, que corresponde al Juzgado laboral de Trabajo Nº4, a cargo de la jueza suplente Melina Scattone, insta a la docente a pagar diferencias salariales, salarios caídos, aguinaldos, asignaciones familiares y vacaciones a un total de siete personas.
La demandada irá hasta el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Entre Ríos, denunciando estafa y extorsión por parte de los albañiles, como así también al abogado querellante –Ricardo Solla– y el Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo por entonces del abogado Guillermo Satalia Méndez.
A principios de 2014, Mónica Muñoz decidió ahorrar el fruto de 26 años de trabajo de su marido, al frente de una concesionaria de productos lácteos, invirtiendo en ladrillos.
La docente, viuda y madre de tres hijos, contrató en marzo de ese año al albañil Martín Rivero, junto a dos “muchachos que eran hermanos”. Es decir, tres albañiles en total.
Una mañana de 2015, tras un año de haber comenzado los trabajos, “llegaron hasta la obra con tres personas más, todos parientes entre sí”, explicó Muñoz. Y agregó que dijeron que la obra “estaba tomada y se sentaron en el frente, a tomar mates y esperar al Ministerio de Trabajo”.
Según agregó la mujer, estos trabajadores ya venían acarreando problemas por diferencias entre los albañiles y el Maestro Mayor de Obra; “así que decidimos suspender por un tiempo las obras”, contó la docente.
INSPECCIONES
Según consta en el acta del Ministerio de trabajo del 9 de marzo de 2015, firmada por los inspectores Emilio Raúl Pérez, Cristina Acosta y el oficial de Justicia Joaquín Edgardo Godoy, ese día fue relevada una obra en calle Victorino Simón 1735 vereda impar; cuando la dirección correcta de la obra es Victorino Simón 1736, vereda par.
Según la parte demandada, el “error” de los inspectores podría deberse a que “hicieron el relevamiento fuera de la obra y a gente que no se encontraba trabajando”.
En el escrito, también consta que fueron relevados un total de siete trabajadores, aunque en el proceso judicial la defensa comprobó que uno de ellos, José María Rodríguez, estaba registrado en otra empresa, donde tenía que cumplir los mismos días y horarios de trabajo.
En el proceso también salió a la luz que otra de las personas relevadas por el Ministerio no fue encontrado en la inspección. Daniel Alejandro Biera, reconoció durante el proceso que estaba en los cuarteles del Regimiento Nº6 de Caballería Blandengues Concordia. Sin embargo sus datos fueron igualmente tomados por los tres inspectores que están hoy imputados, por la fiscalía del doctor Mautone, en la justicia penal por ese acta que labraron el 9 de marzo de 2015.
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