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martes 22 de enero de 2019

Advierten que la sucesión de demandas contra el Iosper “pone en riesgo” el sistema de salud

Advierten que la sucesión de demandas contra el Iosper “pone en riesgo” el sistema de salud

12/01/19 |

Una sucesión de demandas con situaciones legales atípicas, algunas extemporáneas, obligan al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), a destinar un porcentaje importante de su presupuesto poniendo en riesgo el sistema solidario de salud.

“El hecho de brindar cobertura a tratamientos de alto costo, y las pretensiones para incorporar como afiliados a quienes no les corresponde, a través de amparos judiciales, hace peligrar prestaciones para el resto de los afiliados”, afirmó el director por los Activos del Poder Ejecutivo, Fabián Monzón.

Monzón recordó que la última demanda fue “el artero ataque contra la Presidencia del Instituto, bajo la acusación de desobediencia judicial, que pretendía que se incorpore como afiliada a una menor en juicio de filiación que aún no tiene sentencia, es decir, no se sabe fehacientemente quién es el padre”. En este caso, el abogado litigante pretendía que Iosper diera curso a la afiliación, pasando por alto los requisitos que debe cumplir toda persona antes de ingresar al padrón de afiliados.

La causa se caratuló “Ríos Sandra Marisa s/Denuncia s/Desobediencia” y se inició el pasado 20 de noviembre, con una denuncia contra el titular del Directorio Obrero de la obra social, por “desobediencia judicial”. Fue una derivación de una causa civil preexistente por filiación que se tramita en el juzgado de Familia 4, a cargo de la jueza Claudia Lafferriere.

En el proceso judicial, que todavía está sin resolver, Ríos demandó a un empleado de la Municipalidad de Paraná por la supuesta paternidad de una niña, causa en la cual la jueza, a pedido de la defensora interviniente, libró oficio al Iosper, solicitando se inscriba a la menor como afiliada provisoria, desconociendo los deberes que los directivos de la obra social deben cumplir para poder dar curso a esa tramitación. Cabe aclarar que, hasta ahora, ese juicio filiatorio se encontraría aún sin correr traslado de la demanda, es decir, sin siquiera que el supuesto padre haya recibido notificación alguna, publicó ElOnce.

Qué hizo la obra social

A través de su asesoría letrada, el Iosper presentó ante los fiscales la normativa que debe cumplir para proceder a tal cobertura, principalmente el artículo 7 de la resolución 229/10. El mismo establece los requisitos para incorporar a un afiliado en “calidad de hijo reconocido y /o bajo guarda determinada por sentencia y/o menores con sentencia de adopción”. En la presentación que efectuó Iosper ante el juzgado de Familia se explicó acabadamente la situación, y se solicitó audiencia con la jueza actuante, que levantó las multas que había mandado aplicar.

El abogado representante de Ríos, es litigante reiterado contra el Iosper. Frente a este hecho, Monzón advirtió que “el sano criterio jurídico de la Unidad Fiscal interviniente, que pasó por la mirada y el estudio de dos fiscales, el auxiliar y el coordinador, desestimó la acusación y dejó en claro que las autoridades del Iosper actuaron conforme a derecho.

Judicialización de la salud

Queda en evidencia que las demandas contra el Iosper se suceden sin interrupción. “La reiteración de juicios contra el Instituto (también conocido en la jerga como modus operandi carancho), tal vez habilite a investigar si no se está configurando un caso de malicia procesal, que consiste en utilizar el proceso judicial como instrumento para causar perjuicio a un tercero, en este caso al Iosper y sus autoridades legítimas. Algunas demandas persiguen un fin económico, otras buscan garantizar derechos, pero en muchas aparecen elementos que le dan carácter atípico. Incluso aparece mezclado el factor político, llevando a dirimir en los estrados judiciales diferencias gremiales”.

Monzón opinó que los trabajadores del Estado y la conducción obrera del Iosper “no pueden permanecer impasibles frente a la malicia procesal o a la intencionalidad política. No podemos permitir que el Instituto sea objeto de abuso judicial ni tampoco caja de resonancia de enfrentamientos político-gremiales que, en todo caso, deberán dirimirse en las urnas”.

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