“Me veo decepcionado por este Consejo de la Magistratura que tenemos; no creo que esté cumpliendo el rol que se espera”

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO

El doctor Daniel Omar Carubia hace 38 años que tiene un cargo en el Poder Judicial y en junio cumplirá 31 años como vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Ingresó en ese cargo en 1988, cuando se decidió aumentar de 7 a 9 los integrantes del Alto Cuerpo. Fue presidente del STJ entre 2004 y 2009 (tres mandatos), y es el actual titular de la Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal.

Luego de casi dos décadas, es la primera vez que concede una entrevista periodística; con la salvedad –cómo él mismo la señaló- que nadie hasta entonces le había solicitado una.

Recibió a EL ARGENTINO a las 18:30 del jueves pasado en su despacho del Palacio del Superior Tribunal de Justicia en Paraná y testigo de este diálogo fue el actual jefe de Prensa del Alto Cuerpo, Martín Fabre.

La entrevista fue a pedido de EL ARGENTINO, y si bien no hace falta aclarar que fue a agenda abierta, se abordó en un clima de diálogo diversos temas que permiten percibir los desafíos de la Justicia en la provincia.

Las mayores preocupaciones en materia penal (narcotráfico); el sistema de casi colapso de las unidades carcelarias; la falta de infraestructura como la inexistencia de la labor del Patronato de Liberados o la necesidad de activar cuanto antes más Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, fueron la primera parte del diálogo, incluyendo la necesidad de implementar la Policía Judicial, que pasó de una idea de vanguardia a una actual frustración institucional.

También reconoció que, en materia de corrupción, la Justicia llega tarde, generalmente detrás de una investigación periodística; y abogó por una permanente especialización para combatir la criminalidad; especialmente en materias como delitos económicos, informáticos y ambientales, entre otros.

Además, se abordaron otras temáticas muy cuestionadas por la sociedad como la necesidad de ponerle un límite a la llamada “familia judicial”, donde la parentela en muchos casos es un festival de designación de cargos; contexto en el que expresó una severa crítica al actual funcionamiento del Consejo de la Magistratura, especialmente por la posibilidad de manipulación en las calificaciones en la etapa de las entrevistas personales a los aspirantes a un cargo, que puede subordinar los méritos académicos y la experiencia profesional. “Me veo decepcionado por este Consejo de la Magistratura que tenemos; no creo que esté cumpliendo el rol que se espera”, reconoció en un momento al abordar esa realidad.

Otro tema que también requirió de explicaciones fue cómo justificar que los cargos en la Justicia sean vitalicios; reconoció la falta de solidaridad en la distribución de bienes dentro del Poder Judicial en detrimento de las jurisdicciones del interior; y abordó los criterios para establecer las prisiones preventivas, entre otros temas.

-Las cuestiones penales, a diferencia de otros fueros, son de interés público. En ese marco, ¿cuál es el mayor desafío que en materia penal se tiene en Entre Ríos?

-El mayor desafío que tiene Entre Ríos en materia penal, para mí, es el narcotráfico. Lamentablemente, esto no es materia nuestra, sino de esfera Federal en su gran dimensión; porque a nivel provincial tenemos las potestades de la ley conocida como Narcomenudeo. El narcotráfico es el gran desafío que existe e incluso el problema más severo, generador de inseguridad en la población.

-Además es un delito que casi siempre genera delitos conexos…

-Por supuesto. Es toda una cadena de circunstancias que lo tornan muy violento. Entre Ríos no tenía delitos violentos. Lamentablemente, hoy las cosas se están poniendo más duras, que en épocas anteriores.

-Se entiende que el Ministerio Público Fiscal, la Procuración General, es la que fija los criterios de la política criminal. Así está dispuesto en la ingeniería organizativa de la división de Poderes. Pero el fuero Penal, más precisamente la Sala Penal, no es ajena a esa política criminal por la influencia de sus sentencias. ¿Esto implica un diálogo?

-No, son dos cosas distintas. La política criminal, la prioridad en la persecución penal la diseña el Ministerio Público Fiscal. Nosotros fallamos sobre los asuntos que nos trae el Ministerio Público y decidimos sobre esas causas. No entramos en el tema de la política.

-¿Pero las sentencias coadyuvan, pueden corregir e incluso pueden anular una política criminal?

-No, porque se resuelve sobre el caso concreto. Podría bajar una línea de criterios; pero eso no significa que el Ministerio Público Fiscal se va a atar a ese criterio del Poder Judicial.

-Un juez al impartir Justicia solamente tiene que aplicar la ley o tiene que apoyarse en otros sentidos…

-El juez tiene que interpretar la ley y lo hará según su espíritu, su ideología, su sentido común. Incluso la ley siempre permitirá distintas interpretaciones, inclusos diversas. No es la aplicación de la fría letra.

-Por eso una sentencia es también una legislación…

-Es realmente la forma de legislar en particular para el caso.

-A diferencia, por ejemplo, de la Provincia de Buenos Aires; en la jurisdicción de Gualeguaychú generalmente no se admite la Probation en materia de violencia de género; pese a que en agosto del año pasado la Procuraduría General emitió una resolución para facilitar esa solución alternativa.

-Desconozco la estadística específica sobre este tema en Gualeguaychú. Pero a nivel provincial no es así. Es más, nosotros hemos visto en el sistema de suspensión del juicio a prueba una herramienta alternativa muy interesante para evitar los juicios en aquellos casos que impliquen condenas breves, e incluso para evitar algunos conflictos que pueden ser más graves con la solución Penal y por eso es oportuna siempre una solución amigable entre las partes. Y hemos sido muy amplios en la concepción de este instituto y en la necesidad de que se fomente su utilización. Desconozco esto que usted señala respecto de la jurisdicción de Gualeguaychú.

-Hay una percepción en la sociedad que indica que en materia de corrupción la Justicia suele llegar tarde, o llega detrás de una investigación periodística. ¿Cómo observa esta percepción?

-En algunos casos es cierto, porque ha sucedido de esa manera. Y hay otros casos en que ha sido de otro modo en cómo se ha encarado el tema. Tal vez sea una mirada un tanto sesgada, no se ve la totalidad del panorama, sino que se están viendo algunos casos puntuales los que se están observando de esa manera. Pero es verdad que siempre vamos atrás de los hechos, obviamente. Esto es una realidad. A veces hay dificultades para empezar a investigar este tipo de delitos; especialmente, cuando los investigados están ejerciendo el poder. Estas son situaciones difíciles que debe manejar el Ministerio Público Fiscal y a veces no es sencillo avanzar.

Falta de especialización

-Por qué no existe en Entre Ríos especialidades para investigar penalmente. Por ejemplo, fiscales especializados en delitos económicos, en delitos ambientales. Ni siquiera hay tendencia que se esté desarrollando una iniciativa en ese sentido. Los fiscales son temáticamente “todo terreno”.

-Bueno, la Fiscalía Anticorrupción está prevista en la ley y nunca se ha creado en realidad. Es un problema legislativo. El Procurador ha formado un equipo de trabajo en este sentido, pero por voluntad de él. De todos modos, creó una Fiscalía de Investigaciones Administrativas dentro del Ministerio Público Fiscal. Es verdad que no hay especializaciones. No es muy común tampoco que las haya en el resto de las provincias. No es fácil crear esta clase de cosas.

-Pero entonces es una meta a aspirar…

-Así es. Sería ideal y muy interesante poder tener grupos de investigaciones especializados por materia o en cada rama del delito como el informático, el ambiental o contra la Administración Pública, para señalar algunos ejemplos. Son temas muy delicados.

-Más allá del esfuerzo académico del Instituto Alberdi, sería necesaria una Escuela de la Magistratura, tal como existen en otros países…

-La capacitación permanente y específica siempre es muy necesaria. Esa capacitación siempre es valiosa en todos los órdenes. El problema aquí es que la investigación la hacen los fiscales. Para ser fiscal hay que ser abogado. Y en ninguna Facultad de Derecho se estudia esto. De las universidades salen abogados, pero no son investigadores. Entonces esto es un problema y hay que ir haciéndose a medida que se trabaja y en la práctica se van formando. Y no hay tampoco muchas escuelas dónde poder munirse de estos conocimientos. No es un tema sencillo.

Un sistema colapsado

-Sostuvo que uno de los desafíos principales es el narcotráfico, más allá de las herramientas que se puedan aportar como el caso de la Ley de Narcomenudeo. Esto genera otro problema que es el colapso de las unidades penitenciarias. A su vez, hay dos juzgados de Penas y Medidas de Seguridad (en Gualeguaychú y en Paraná) más un tercero creado pero que no está en funcionamiento en Concordia. Todo esto es la síntesis de una estructura insuficiente, con escasos equipos técnicos que son necesarios en las distintas intervenciones. Para males el Patronato de Liberados tampoco funciona. ¿Este escenario ustedes se lo transmiten al Poder Ejecutivo?.

-Permanentemente estamos insistiendo ante el Poder Ejecutivo sobre todos estos temas que usted ha señalado. El tema de las unidades carcelarias lo venimos planteando incluso desde mucho antes que surgiera el flagelo del narcotráfico. Básicamente, desde la reforma del Código Procesal Penal, con el acortamiento de los plazos de los procesos; las cárceles han aumentado su población en más de un 100 por ciento. Ya no dan abasto, además de que son edificios viejos, absolutamente antifuncionales para la tarea de resocialización. Siempre estamos insistiendo sobre estas problemáticas. Lo ideal es tener nuevas cárceles.

-Lo interrumpí, pero usted iba a agregar algo…

-Sí. Lo ideal es tener más escuelas y menos cárceles. Pero para no apartarnos de la respuesta: lo que tenemos es absolutamente insuficiente, con una infraestructura vetusta y con una complicación adicional si le sumamos los detenidos federales que están alojados en la provincia. Estamos hablando de una calidad de internos totalmente diferentes a la delincuencia nuestra. Obviamente, esto genera problemas muy serios. Entre Ríos es una de las pocas provincias que no tiene cárceles federales. Y como tenemos unidades penales muy bien distribuidas en la provincia, se utilizan esos edificios para alojar a los presos federales. Con el agregado que el detenido federal, generalmente maneja otras posibilidades y eso también dificulta una convivencia.

-¿Y respecto del Patronato de Liberados?

-El Patronato de Liberados en Entre Ríos era una herramienta fantástica para manejar el tema de los internos que cumplían su condena y salían a trabajar. Diría que hasta principio de los años ´80 del siglo pasado funcionó muy bien en Entre Ríos. Después se fue deteriorando y hoy prácticamente no existe. Creo que en la actualidad hay una persona y es imposible que se haga algo útil.

-Cuando usted ingresó como vocal del Superior Tribunal de Justicia, para ubicar una coordenada en el tiempo; en Entre Ríos había una iniciativa que era vanguardia como fue el proyecto de crear una Policía Judicial. En la actualidad, se pasó de vanguardia a un añejo reclamo e incluso una frustración.

-Muchos años de frustración. Sigo convencido que tener una Policía Judicial es la mejor forma para investigar. Se necesita una Policía que sea dependiente del Poder Judicial y que no tengan ningún vínculo con la Policía administrativa ni de seguridad. Estamos hablando de una Policía especializada, de investigación y que sea técnica. Volvemos al tema de la necesidad de una especialización. Siempre presente y necesaria. Quiero agregar que hoy se ha avanzado bastante en el tema. Hay equipos periciales complejos dentro del Poder Judicial, donde acuden las investigaciones penales y otras ramas del Derecho. Todo esto dicho en el contexto de que tenemos una Policía muy confiable comparativamente hablando respecto de otras provincias. De todos modos, es deseable contar con una Policía Judicial y que esté separada de la Policía administrativa y de seguridad.

La familia judicial

-Se suele percibir con mayor facilitad el nepotismo o el favoritismo familiar en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, sabemos que la familia judicial ostenta muchos cargos en las distintas jurisdicciones. Y eso se percibe como una debilidad, nunca como una fortaleza.

-Sin duda. Siempre he cuestionado este tema. De hecho, tengo cuatro hijos y nueve nietos y ninguno está en el Poder Judicial. Es más, siempre los he desalentado y me he resistido que ingresen al Poder Judicial. Hoy, de alguna manera, esto tiene algún límite por el sistema de concurso para el ingreso a la Justicia. Y quiero aclarar que para los concursos de la magistratura el Superior Tribunal no tiene ninguna injerencia y es un tercero ajeno a la selección de los jueces.

-Muchas personas que han participado de los concursos realizados con el Consejo de la Magistratura transmiten algunas inequidades. Cuando se hace el concurso se hace un examen teórico o académico; que tiene un puntaje. Luego hay una evaluación, también puntuable de antecedentes. Pero, cuando se realiza la audiencia personal ante el Consejo de la Magistratura, muchas veces su resultado eclipsa e incluso anula la capacidad académica y los antecedentes profesionales. Es casi una manipulación para favorecer a otros.

-Coincido con esa crítica. De hecho, he sido y soy muy crítico de cómo está funcionado el Consejo de la Magistratura. Sobre todo, la posibilidad discrecional de manejar “los números” con esta audiencia, que siempre deja muchos resquemores. Desde mi ingreso al Poder Judicial fui un defensor del Consejo de la Magistratura y de un sistema de selección técnico. Y hoy realmente me veo decepcionado por este Consejo de la Magistratura que tenemos; no creo que esté cumpliendo el rol que se espera.

-¿No le encuentra ninguna virtud?

-La única virtud que le encuentro es que hoy los aspirantes que pretenden ingresar al Poder Judicial, al menos tienen algún antecedente. Antes era la voluntad del gobernador en algunos cargos como los del Ministerio Público y así nos podríamos encontrar con funcionarios que no habían actuado nunca en la profesión o tenían otras actividades y carecían de la experiencia para el cargo que iba a ser designado… pero se los nombraba igual. Lo cual no significa que hayan sido malos funcionarios y muchos de ellos se han preparado y cumplido a rajatabla su función. Por eso hoy los aspirantes tienen algún antecedente, alguna base en la materia que concursan.

Cargo vitalicio

-¿Por qué tiene que ser vitalicio el cargo en la Justicia y no se implementa el sistema universitario que cada tantos años el docente titular debe revalidar su cargo en un nuevo concurso, abriendo nuevas posibilidades de ingreso.

-Esto tiene sus razones históricas, además de ser la forma normal en los Poderes Judiciales de casi todo el mundo. Y tiene una razón de ser: existe en Argentina algunos casos de jueces temporales. Por ejemplo, en Salta los miembros de la Corte duran un período y el gobernador tiene la potestad de renovarlo por un período más. El tema es el siguiente: ¿queremos mejores jueces? ¿Queremos a los mejores profesionales sirviendo al Poder Judicial? Para esto se requiere personas con cierta experiencia, normalmente personas que han ejercido la profesión, especialmente en ciertos cargos de relevancia como camaristas o vocal del Superior Tribunal. Estos profesionales tienen que cerrar sus estudios y terminar con toda su clientela para dedicarse al cargo en la Justicia. Y si ese profesional no sabe si en seis años, por trazar una línea temporal, seguirá en el cargo; dudo que ante esa incertidumbre deje su actividad privada. Hay que tener en cuenta que el juez no puede realizar ninguna otra actividad rentable, excepto la docencia. Entonces, me parece que la idea de la designación vitalicia es saludable para que el juez se dedique íntegramente a su función.

-Admitiendo la posibilidad de que eso sea razonable y mucho más para los cargos de menor jerarquía, ¿no cree que en el caso específico de los vocales del Superior Tribunal sería más saludable la existencia de un límite?

-No. Podríamos discutir que exista un límite de edad, como lo tiene ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo fijó en 75 años. Eso podría ser razonable, porque estaría en condiciones de jubilarse. No es el caso de la provincia. Cuanto más alto el cargo, más razonabilidad para el concepto de lo vitalicio. Porque esta sospecha del vínculo con el poder (obviamente los del Superior Tribunal son designaciones políticas), con el correr del tiempo y con el cambio y la alternancia de gobierno se va perdiendo todo vínculo con aquel que lo designó. Entonces, la permanencia me parece que es importante para la independencia. Y hay ejemplos en el país de Tribunales que se renuevan casi con cada recambio de gobierno… y no es una buena política y sus resultados tampoco son buenos.

Mejorar la infraestructura judicial

-Es ostensible la diferencia entre los Tribunales de las distintas jurisdicciones con el Superior Tribunal. Les faltan cargos, infraestructura, equipos técnicos.

-Provengo de la costa del Uruguay, he ejercido en la Justicia de Concordia… y es cierta esa imagen. Nosotros, en una época, ni papel teníamos. Los abogados presentaban una demanda y tenían que aportar el papel para proveerlos. Mi despacho de juez lo pinté con mis recursos personales, porque no me daban ni una lata de pintura…

-Pero eso está mal, no es una virtud…

-Más allá de la austeridad que siempre es necesario destacar, es algo que está mal. Pero ha existido y existe una mirada parcializada del tema. El hecho de que aquí esté todo solucionado y en los Tribunales (del interior) existan muchas falencias, es un tema muy delicado y serio. He ejercido la presidencia del Superior Tribunal de Justicia durante tres períodos y me he ocupado mucho de las distintas jurisdicciones, justamente por la experiencia personal que he vivido. Siempre he sido muy crítico en cómo se manejaban las cosas a favor de la capital de la provincia en detrimento de las demás jurisdicciones. Y esto no es fácil de cambiar. Y no se requiere plata, sino criterios más solidarios.

-Por qué se implementó el sistema de limitar el alejamiento del magistrado de su jurisdicción cuando el radio supere los 100 kilómetros.

-Porque el magistrado lo debe ser las 24 horas, los 365 días del año. Para salir de la jurisdicción, así lo establece la Ley Orgánica, tiene que tener una autorización o una licencia de la superioridad.

-Aunque hoy la tecnología permita su inmediata ubicación, por ejemplo, a través de un teléfono celular…

-Aun así. Pero los magistrados tienen facilidades para salir de la jurisdicción. La ley lo establecía genéricamente, pero no estaba reglamentado. Entonces había muchos abusos en esta materia y recién se está reglamentando. Además, el Poder Judicial tiene un régimen de licencia muy generoso. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de esta manera, para prever quién lo cubrirá en caso de emergencia.

Prisión preventiva

-Está claro que no debe existir una pena anticipada. Por eso la ley establece algunos recaudos a la hora de restringir la libertad. Los argumentos que se esgrimen son la expectativa de fuga, especialmente por la expectativa de la pena; el entorpecimiento a la investigación penal preparatoria y la peligrosidad.

-Vayamos por partes. La expectativa de fuga es muy relativa y sugestiva. Y, además, es la forma que a veces se utiliza para anticipar la aplicación de una pena. Las únicas dos condiciones para poder aplicar una prisión preventiva, según la Constitución y la ley, son la posibilidad de fuga concreta y verificable y la del entorpecimiento de la investigación, previo aporte de elementos de convicción que sean realmente verificables para esa instancia.

-Y esa es la línea rectora de la Sala Penal del Superior Tribunal.

-Así es y es la que siempre ha ejercido. Estoy aquí desde 1988 y es la que hemos mantenido desde siempre.

-Y con respecto a la peligrosidad…

-Es relativo. La peligrosidad la puedo cautelar de otra manera, pero no es válido para establecer una prisión preventiva. ¿Quién tiene el “peligrosómetro”?

-Le voy a plantear una situación imaginaria con respecto a la peligrosidad. Una persona está condenada por delito de abusos a menores, está esa condena apelada y el condenado está libre. ¿No hay peligrosidad para los menores, teniendo en cuenta que esa peligrosidad no se elimina con la condena, aunque esté en primera instancia y mucho más confirmada en segunda instancia?

-No; porque eso parte de una base que no es real: los pedófilos o los abusadores tienen conductas permanentes. Esto técnica y científicamente no es así. Hay quienes tienen esa teoría de que el violador, el pedófilo o el abusador de menores es reincidente o serial. Y eso no es necesariamente así. El tema de la peligrosidad es muy sugestivo y muy difícil de demostrar. Conozco muchos casos de personas que han cometido delitos y luego de una condena no han vuelto a delinquir.