La segunda pastera de UPM-Botnia en Uruguay comenzará a construirse en 2022

La empresa finlandesa UPM confirmó ayer una inversión de más de tres mil millones de dólares para construir una polémica segunda planta de producción de pasta de celulosa en Uruguay. La inversión contempla 2.700 millones de dólares para una planta industrial en el Departamento de Durazno (Centro) y 350 millones de dólares en instalaciones portuarias y logística en el puerto de Montevideo. La construcción comenzará en el segundo semestre de 2022.

El gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez y UPM negociaron un acuerdo -cuyos términos todavía no fueron revelados- para este emprendimiento industrial que se instalará sobre uno de los principales ríos internos del Uruguay.

El proyecto ha generado críticas de ambientalistas que temen por el futuro del curso de agua; y de la oposición política, que cuestiona las concesiones comerciales y laborales del Ejecutivo a la empresa.

Inversión en Uruguay

La segunda planta de la empresa finlandesa produciría aproximadamente 2,1 millones de toneladas de celulosa por año, incrementando por un 50 por ciento la producción de la empresa en Uruguay.

“Uruguay ha demostrado una visión consistente a largo plazo en el desarrollo de las condiciones necesarias para atraer la inversión extranjera, construyendo las bases para el desarrollo industrial. Reconozco humildemente la determinación con que los tomadores de decisión han avanzado en el desarrollo económico del país. La decisión de hoy brindará muchas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas uruguayas y mano de obra capacitada en la zona centro, que beneficiará a miles de uruguayos en las próximas décadas”, dice Jussi Pesonen, Presidente y CEO de UPM, en un comunicado oficial de la empresa, consignó el portal El Once TV.

Efecto para la economía uruguaya

Según la empresa, UPM emplearía a seis mil trabajadores durante la construcción de la planta de celulosa de eucaliptos, pero prometen que podrían generar más de diez mil empleos una vez que esté terminada. De estos, unos cuatro mil serían empleados por la empresa directamente. Además, dice que más de 600 empresas estarían involucradas en la cadena de valor, lo que generaría empleos permanentes.

La compañía estima que esta segunda planta aumentará el Producto Bruto de Uruguay en aproximadamente un dos por ciento y el valor anual de las exportaciones del país en aproximadamente un 12 por ciento, según estudios socioeconómicos “independientes” citados por la empresa en su comunicado de prensa.

Creciente demanda

Juisi Pesonen sostiene que, durante la última década, la empresa (que se dedica a fabricar madera además de celulosa y papel), ha desarrollado una base forestal adicional en Uruguay y “ha creado un negocio de celulosa impulsado por el mercado con una amplia base de clientes en los crecientes usos finales”.

Uno de los propósitos de la nueva planta sería poder cubrir la creciente demanda de celulosa en Asia. Explica UPM que los mercados asiáticos son donde más ha crecido la demanda -creciendo casi un tres por ciento anualmente- y que éstos quieren más papel, papel higiénico, embalaje y papeles especiales.

La empresa será ubicada en una zona franca y espera pagar un canon anual fijo de siete millones de dólares en impuestos al año. En total, la compañía estima que la cadena de valor de la planta contribuya alrededor de 170 millones de dólares de impuestos y tarifas anualmente, y que pague unos 200 millones de dólares en salarios anuales.

UPM además asegura que podrá mantener un suministro constante de madera de eucaliptos a través de contratos con pequeñas y medianas empresas forestales uruguayas, además mantener plantaciones propias.

Efectos ambientales

La anterior planta de celulosa de UPM generó un gran conflicto bilateral entre Uruguay y Argentina. Los argentinos se oponían a la instalación de esta fábrica porque decían que contaminaría el río Uruguay, que es limítrofe entre los dos países.

El actual Gobierno Nacional de Mauricio Macri se mostró siempre “pro pastera” y contradictoriamente muchos de los asambleístas militaron públicamente para ese sector político.

Se trata de un conflicto que fue elevado a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que reconoció que el Uruguay había violado de manera sistemática al menos trece artículos del Acuerdo del Río Uruguay; pero también indicó que como hacía casi un año de la existencia de la pastera, ese tiempo no era suficiente para evidenciar si generaba o no contaminación; y en ese marco recomendó a ambos países a no agravar el conflicto y de recurrir de nuevo a la Corte si lo creían conveniente.

Cumplir las regulaciones

Ahora UPM dice en su comunicado de prensa que “la planta está diseñada para cumplir por completo las estrictas regulaciones medioambientales de Uruguay, así como las normas y recomendaciones internacionales para las plantas modernas, incluida la última y mejor tecnología probada disponible”, es decir, un discurso similar de cuando instalaba la planta en Fray Bentos a fuerza de los hechos consumados.

Según la empresa, el desempeño ambiental de la planta “se verificará con un monitoreo integral y transparente” y; además, generará un excedente de energía. Esto último podría ser un guiño al último apagón en Uruguay y Argentina, que dejó a los dos países totalmente sin luz por varias horas debido a una falla en una central eléctrica ubicada en Argentina y de la cual nunca fue totalmente esclarecida por parte del gobierno de Macri.

El comunicado de UPM afirma que la fututa planta “generará un excedente de energía firme, predecible y renovable de más de 110 MW fortaleciendo la matriz energética del país”.