Cecilia Goyeneche, sobre la causa Allende: “Estamos muy satisfechos; es un buen resultado”

“Estamos muy satisfechos, porque luego de varios meses de discusiones, negociaciones y análisis de la causa se llegó a este acuerdo abreviado. Ahora se presentó ante la Oficina de Gestión de Audiencias para que se defina quién es el juez y se cite a audiencia”, explicó Goyeneche en el programa radial En el dos mil también (FM Nueva Litoral de Paraná).

“Estamos muy conformes y creo que socialmente se debe ver esto también como un triunfo. Hay una persona, que hace unos años esto hubiera sido impensado, que está reconociendo su culpabilidad por un hecho. Está reconociendo que se ha enriquecido ilícitamente y va a ser condenado. Una vez que se haga la audiencia, y si se llega a una condena, vamos a tener una sentencia firme; los bienes van a ser recuperados para el patrimonio estatal; va a pagar la multa, que nunca se ha fijado una tan alta en el sistema entrerriano, porque los otros hechos por enriquecimiento ilícito tenían una legislación anterior donde el máximo de multa era de 90 mil pesos. Acá se fija una multa que supera el 50 por ciento del patrimonio sustraído, o sea que es de tres millones de pesos. Creo que es algo que es bueno, es un buen resultado para esta causa”, remarcó.

Respecto de expediente principal, recordó que se inició en 2012: “Y es tramitado por el sistema antiguo de investigación de delitos. Es decir que es responsabilidad del juez de instrucción, y estaba todavía en instancias donde se lo había indagado, pero no se había dictado ni siquiera el procesamiento por este hecho”. Y subrayó: “Ha llevado muchísimo esfuerzo el trámite; ha tenido muchas demoras, vinculadas esencialmente a la producción de la prueba, y lo difícil que es probar un enriquecimiento ilícito y particularmente en el caso de los patrimonios como el de Allende, que tienen mucho movimiento y muchas particularidades que hacen que sea bastante complejo”.

Respecto del juicio abreviado como instrumento, recalcó: “Se realiza esencialmente con dos características: no se produce la prueba durante el debate, no se llevan los testigos ni a los peritos, sino que la prueba queda validada ya por el acuerdo de parte, pero se va a hacer una audiencia oral y pública. Y la otra es que el imputado reconoce la autoría de los hechos que se le imputan; con eso favorece que se llegue a la sentencia condenatoria, que es lo que esperamos que se dicte a consecuencia de este abreviado”, acotó la Procuradora Adjunta.

 

Pena acordada

 

Sobre la pena condicional acordada, de dos años y ocho meses, por lo que no irá a prisión, Goyeneche explicó: “Es una pena bastante habitual dentro de los procesos por enriquecimiento ilícito. Aquí hemos tenido varios hechos en donde se ha llegado a condena y estamos hablando en todos estos casos, que es de pena condicional. Obviamente no hay posibilidad de un acuerdo abreviado que le imponga una condena efectiva porque la pena en expectativa que él podría tener probablemente no esperará una pena efectiva tampoco, aun llevándolo a juicio”, entendió.

Y agregó: “En este abreviado la particularidad es que también negociamos el tiempo. Esta es una causa, la de enriquecimiento, que lleva ocho años de antigüedad, todavía ni siquiera estaba procesado Allende. El sistema antiguo preveía un montón de recursos que el sistema nuevo no, por eso hoy podemos llegar a juicio antes. Pero con los recursos que preveía el sistema antiguo podríamos tener probablemente más de 5 años de distancia de una sentencia firme”.

Al volver a referirse a la demora en producir la prueba, ejemplificó: “En este proceso se pretendía peritar el patrimonio de Allende y en esa pericia no logramos que el Tribunal de Cuentas cumpliera con un acuerdo que tenía con el Superior Tribunal de Justicia de hacer esa pericia, y luego de meses de disputa el citado organismo de control decidió no hacerla. Se tuvo que recurrir a la Policía Federal de Capital Federa; la pericia empezó en abril de 2018 y los resultados llegaron en abril de 2019. Un resultado sumamente pobre, por lo cual fue necesario hacer una nueva pericia sobre el patrimonio para poder tener algún elemento de análisis porque esa pericia ni siquiera arrojó un número”.

“A juicio público va, es un procedimiento abreviado donde la prueba está reconocida”, recalcó al ser inquirida respecto de por qué no un juicio oral y público. “El juicio de producción de prueba en el debate oral puede ser, pero ¿los autores de hechos de corrupción no tienen derecho al abreviado? Se ha discutido mucho también. Se ha discutido en las cuestiones de género también. Nuestro sistema no prevé excepciones para eso”, advirtió sobre el debate respecto al acceso a un acuerdo abreviado.

Seguidamente, remarcó sobre la causa: “No se prueba una sustracción en concreto de dinero, sino que hubo un progreso patrimonial no justificado. En este acuerdo abreviado él no está donando nada, le decomisamos propiedades por el mismo valor de lo que hemos podido demostrar que se ha enriquecido ilícitamente”.

“Tenemos un montón de causas de corrupción en trámite, y todas aquellas que creemos que estamos en condiciones de llevar a juicio y tenemos posibilidades de demostrar en juicio queremos llevarla a juicio, y cuando pensamos que el juicio es la mejor alternativa así lo instamos. Pero en este caso entendemos que es un acuerdo que es absolutamente razonable, que es acorde con las penas que se han impuesto habitualmente en Entre Ríos, que es una de las provincias que más causas de enriquecimiento ilícito tiene en el país. Entendemos que no hay ninguna razón para prorrogar esto o para dejarlo para el momento x en que se pueda llevar a un juicio oral y público”, completó.