A favor del ambiente: prohibieron las quemas en las islas

 

El juez federal de Paraná Daniel Edgardo Alonso determinó, mediante una medida cautelar, la prohibición de la quema de pastizales y de otras acciones humanas “con capacidad para alterar el medio ambiente”, informaron ayer fuentes judiciales.

 

A su vez, el magistrado indicó la prohibición de “la construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”.

La denuncia fue interpuesta por las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental contra un grupo de propietarios y arrendatarios por “el daño al ambiente y la salud pública” generados por la quema de 25 mil hectáreas en las islas del Delta del río Paraná.

“El juez dispuso una prohibición absoluta a todas las acciones humanas que puedan alterar el medio ambiente haciendo foco en los incendios y en la preservación de los humedales de las islas”, dijo a la agencia Télam el abogado de la asociación civil Foro Medio Ambiental, Fabián Maggi.

En esa línea, remarcó que “la medida es más abarcativa, no solo ordena prevenir todo tipo de incendios, sino que también prohíbe de manera absoluta la construcción de canalizaciones y terraplenes utilizados para distintas explotaciones económicas de la zona de islas”.

“Esto es muy importante y no lo esperábamos, más allá de que lo habíamos solicitado en la demanda, porque esa modificación del suelo produce muchos daños a los humedales, incluso pueden llegar a secarlos y acabar con el ecosistema propio de nuestra región”, indicó.

“Celebramos todas las medidas que diseñó el juzgado para hacer efectiva la resolución judicial, porque fueron acompañadas de una serie de órdenes para Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina e incluso para los gobiernos de Entre Ríos y la municipalidad de Victoria, que apuntan a que los controles se lleven a cabo”, explicó el abogado.

En ese sentido, destacó: “El juez indica en la medida cautelar que, si hay transporte de maquinarias utilizadas para hacer canalizaciones o terraplenes en la zona de islas, las autoridades ya están facultadas para intervenir impidiendo su utilización y transporte”.

A su vez, señaló que “a la Prefectura le ordena realizar un exhaustivo control sobre las embarcaciones de cualquier naturaleza cuyo destino sea la zona de humedales, porque es habitual ver barcazas con maquinaria pesada para realizar modificaciones en los suelos”.

“No tenemos registrado ningún antecedente en medidas como estas, por eso estamos muy contentos, es un primer avance muy importante”, remarcó.

“Si analizamos con detenimiento la medida cautelar, encontramos que el juez dispone la prohibición absoluta del daño al medio ambiente para todo el humedal, ya que literalmente habla de evitar cualquier acción del hombre que ponga en riesgo al ecosistema en términos generales”, dijo Maggi.

Esto implica la protección de todo el humedal de la zona de islas y no solo para la zona comprendida por la demanda original que abarcaba unas 25 mil hectáreas en las que se registraron quemas de pastizales en los últimos meses.

“Esta medida es un respiro para el ecosistema de humedales, si se logra implementar efectivamente la degradación producida por los incendios y los terraplenes la presión del hombre sobre el humedal no va a estar más”, finalizó.

 

Qué dice el dictamen

 

La resolución del juez Alonso, publicada por el diario Uno de Paraná, decreta en primer lugar la “prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”.

Además el magistrado de Paraná expresa que para llevar adelante la cautelar se librará oficio al gobernador de Entre Ríos, al intendente de Victoria, a la Jefatura de Región II Rosario de Gendarmería Nacional y de la Agrupación V Paraná; a los destacamentos de Rosario y Victoria de Prefectura y a la Jefatura Departamental Victoria de la Policía de Entre Ríos; “a quienes se les hará saber que deberán poner en marcha un sistema capaz de prevenir nuevos incendios y/o endicados y/o terraplenes dentro del humedal”.

“El personal de Gendarmería Nacional con funciones en la traza vial de la Ruta Nacional Nº 174, deberá identificar debidamente a cualquier persona que desde la Ruta ingrese a la zona de humedales, como así cualquier material, maquinaria o elemento que se intente ingresar al sector y que tenga aptitud para vulnerar la prohibición de construcciones antes dispuesta”, dice el juez. Acciones con el mismo fin deberán realizar las otras fuerzas de seguridad mencionadas.

 

La denuncia

 

Las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental demandaron a un grupo de propietarios y arrendatarios por “el daño al ambiente y la salud pública” generados por la quema de 25 mil hectáreas en las islas del Delta del río Paraná, informaron hoy fuentes judiciales.

La acción legal que se cursó en el Juzgado Federal 2 de Paraná -que tiene jurisdicción sobre las islas-, “no va contra ninguno de los Estados provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, sino contra un grupo de empresarios”, se resaltó en esa oportunidad.

“La presentación exige el cese del daño, es decir que se terminen los incendios, y a su vez, persigue la recomposición ambiental de lo que se calcula son unas 25 mil hectáreas alcanzadas por el fuego”, señaló el abogado de la asociación civil Foro Medio Ambiental, Fabián Maggi.

En esa línea, indicó que “la recomposición ambiental en un ecosistema de humedales tan sensible e importante como este no puede ser determinada más que por las universidades públicas de nuestro país que son de las más idóneas”.

 “Por eso, le pedimos al juez que sea la Universidad de Buenos Aires y la del Litoral las que evalúen las tareas de recomposición, ya que tienen dos departamentos específicos dedicados a humedales y daño ambiental”, remarcó.

“Lo que se busca con la figura legal de recomposición ambiental es reemplazar la flora dañada, implantar pastizales y árboles nativos, y probablemente retirar la hacienda del lugar para generará una regeneración natural del lugar”, explicó.

Por otra parte, el abogado resaltó que “hay cosas que el fuego se llevó que no podrá ser recompuestas en términos ambientales, como los árboles de mucha edad, la fauna que murió, las alteraciones en los ciclos reproductivos de las especies, así como los ciclos depurativos naturales propios de los humedales”.

 

 

 

“Esas alteraciones al ecosistema que provocaron un daño remanente, serán evaluadas para determinar una indemnización monetaria sustitutiva del daño ambiental que va a ir al Estado argentino”, finalizó.