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Avanza el proyecto que obligará a capacitarse en perspectiva de género para concursar en la Justicia
Se desarrolló el miércoles pasado la 15º Sesión Ordinaria del 141º Período Legislativo de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos. La vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta, presidió el debate desde el recinto y los senadores asistieron a la sesión mediante videoconferencia.
Durante la sesión, recibió media sanción el proyecto de Ley (Expediente Nº 13.791) de autoría de los senadores del Frente Justicialista Armando Gay (Concordia) y Daniel Olano (Islas del Ibicuy), por el que se establece como requisito para inscribirse en todo concurso llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura de la provincia, la acreditación de capacitación en perspectiva de género, dictada por Universidades, Instituto Alberdi, Colegio de Abogados o el propio Consejo.
El senador Gay explicó que los fundamentos de la iniciativa se basan en la adhesión provincial a la Ley Micaela Nº 27.499, que a su vez cuenta con la adhesión de varios municipios de la provincia. “Por este motivo se vienen llevando a cabo capacitaciones en distintos organismos públicos para dar real cumplimiento a la mencionada ley”.
Luego, el senador detalló los puntos centrales de la iniciativa y manifestó: “Desde la sociedad, especialmente desde los movimientos feministas, se viene bregando por una justicia con perspectiva de género. Y para lograrlo, se debe prever no sólo las capacitaciones que ya se están trabajando en el Poder Judicial, sino también hay que buscar el perfil de quienes aspiran a ocupar un cargo en el Poder Judicial”.
En otro orden, el Senado entrerriano convirtió en ley el protocolo que establece las bases de actuación ante casos de tratas de personas, originado de un proyecto con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados, cuyo autor es el diputado Gustavo Zavallo y que contaba con despacho de la Comisión de Seguridad del Senado.
El senador Jorge Maradey (Frente Justicialista Gualeguaychú) habló sobre el proyecto explicando los fundamentos del mismo. La iniciativa aprobada “reconoce como protocolo aplicable para los casos de tráfico y trata de personas, el Protocolo interinstitucional e intersectorial de acciones destinadas a la prevención, asistencia y recuperación de las personas víctimas del delito de trata”, aprobado por Decreto Nº 4.730 del Ministerio de Gobierno y Justicia.
La iniciativa tiene como objetivo general “implementar medidas destinas a promover acciones integrales de asistencia a las personas damnificadas por el delito de Trata de Personas, bregando por la restitución de sus derechos fundamentales que han sido vulnerados y evitando la revictimización”.