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Friday 16 de April de 2021

El Jurado de Enjuiciamiento evaluará pedidos de destitución y confirmación del juez Salem

El Jurado de Enjuiciamiento evaluará pedidos de destitución y confirmación del juez Salem

03/18/2021 |El Jurado de Enjuiciamiento pasó a un cuarto intermedio y se reunirá el martes para evaluar el pedido de destitución contra Salem. (Foto: Poder Judicial)

El Jurado de Enjuiciamiento que presido el senador Armando Gay (Frente Creer-Concordia) y que está integrado por los jueces Daniel Omar Carubia, Marcela Davite, y Guillermo Bonabotta; el diputado provincial Gustavo Zavallo (Frente Creer-Viale); y los representantes del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni, evaluarán el martes los alegatos de las partes en el jury que se le sigue al juez de Paz de Gualeguay, Sebastián Salem.

 

El magistrado está en el banquillo desde el lunes pasado, acusado por maltrato laboral, hostigamiento y violencia de género. Lo denunció la secretaria Sabina Almada, y la escribiente María Carolina Almeida. Hasta este miércoles en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), donde se desarrolla el debate, pasaron casi 30 testigos que declararon en favor y en contra del proceso.

Ayer, el procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, en su alegato de cierre, pidió la destitución de Salem. Consideró que los pilares de la acusación se mantuvieron “incólumes” durante todo el debate. Sostuvo que existió violencia laboral que, por ser dos mujeres las víctimas, también es de género. “Hay abuso de poder y desvío de poder en términos de violencia laboral”, subrayó, y sintetizó su alegación en el mal desempeño como juez. 

García también deslizó la posibilidad de investigar por falso testimonio a una testigo convocada por Salem. Se trata de la empleada Nerina Atún, que en el interrogatorio fiscal omitió relatar un episodio que presenció adentro del Juzgado, y que acarreó el pedido de licencias de las dos denunciantes.

La contraparte, el abogado Ladislao Uzin Olleros, estuvo refutando la acusación alrededor de dos horas. Calificó con epítetos agresivos a la denunciante Sabina Almada. Aseguró que “este caso es una bisagra y va a determinar un antes y después”. “Ustedes -interpeló al Jurado- tienen la oportunidad de deslizar un mensaje claro y contundente a los integrantes del Poder Judicial y a toda la sociedad. Un mensaje en sentido de desanimar aventuras que dañan el honor, la salud, la libertad y la posibilidad de trabajar”. Atacó también a “cierta prensa amarillista” y alarmó diciendo que “estamos en riesgo que cualquiera haga una denuncia por teléfono y por eso te califiquen de misógino”. Por eso pidió la confirmación de su defendido en el cargo.

Ante el Jurado pasaron en total 17 varones, de los cuales tres fueron citados como testigos de las denunciantes. Los 14 restantes fueron convocados por la defensa. También pasaron diez mujeres: cinco citadas por la acusación y cinco por la defensa. Asimismo, cabe señalar que, del Jurado compuesto por siete integrantes, sólo dos son mujeres. En tanto que la titularidad de la acusación pública está encabezada por un varón y el defensor particular también lo es. Esa simple lectura, una observación sobre la composición del escenario, interpela sobre los desafíos de la sociedad para alcanzar la igualdad de oportunidades.

 

La postura del Procurador

 

El procurador Jorge García entendió que durante el debate que se desarrolló esta semana los “hechos imputados se mantuvieron incólumes en sentido de mal desempeño de funciones”.

“La inamovilidad se pierde cuando se incurre en no mantener la buena conducta”, dijo García y más adelante agregó que “todo delito doloso, imprudente, es un mal desempeño, una desviación de poder”.

Después desarrolló como argumento central el “ambiente interno conflictivo en el Juzgado de Paz de Gualeguay desde la asunción por concurso de Almada que determinaron problemas psicológicos de gravísimo estrés que se hallan probados por gran cantidad de prueba”. “Se corrobora con el obrar del magistrado enjuiciado que él mismo ha provocado su propia destitución, en opinión del MPF”, señaló.

Precisó que “eso se concretiza en resoluciones que fueron rechazadas por el Superior Tribunal de Justicia y por el Ministerio Público Fiscal (MPF)”. “Se trata de resoluciones que tuvieron la intención de expulsar a Almada. La primera da el puntapié a este proceso que podía evitarse. Almada ganó por concurso el cargo. Cuando ella estaba de licencia justificada, con falsa motivación y finalidad aviesa que era ocultar el proceso de violencia laboral que el magistrado ya conocía, hizo un informe negativo sobre su desempeño”, marcó. “Lejos de tratar de conciliar este tema, en el sentido de bajar nivel de conflicto y generar posibilidad de un cambio de lugar de trabajo, él planteó una revocatoria contra la resolución de STJ que la confirmó en su cargo”, acotó y sostuvo que “persistió una voluntad expulsiva que generó una ampliación de denuncia de Almada y la nueva denuncia de Almeida. Estas son situaciones corroboradas por la experticia médica y psiquiátrica”.

Más adelante el procurador recordó que Salem denunció a Almada en dos oportunidades. “Después se licencia excepcional a ambas denunciantes. A raíz de todo el conflicto quedó en el Juzgado de Paz el juez y la empleada Atún. Anduvieron pidiendo si podían prestarse empleados porque nadie quería concurrir ahí, por los conflictos que estamos ventilando aquí”.

“Esta situación culminó con la apertura del jury. Donde se dio la particularidad que tres integrantes de jury debieron excusarse por haber intervenido en etapas previas de todo este proceso. Los deberes positivos del magistrado existen en cuanto a resguardar el servicio de justicia. Y ese obrar abarca también a las relaciones internas y de trabajo con los pares en términos de humanidad. No existe más una situación de servidumbre de los empleados como una especie de apéndice. Acá hay abuso de poder y desvío de poder en términos de violencia laboral. Eso determina nuestra postura de mal desempeño en las funciones”, alegó.

 

La defensa

 

El defensor Ladoslao Uzin Olleros llegó al jury con la “convicción de inocencia” de su representado. “Salem registra siete años de desempeño como interino. No tiene un solo antecedente disciplinario, una sola sentencia revocada, una sola anulada acompañada por un llamado de atención. Quieren destituirlo mancillando su honor y futuro. Hubo tres días de desfile de testigos que nos ilustraron sobre el real cuadro de situación. Acá se desplegaron denuncias mitómanas para traerlo a este banquillo. No es un paracaidista de la política como se intentó decir. Se montó una mentira y falacia para que otro ocupe su cargo”, dijo.

Habló de la nota de los “33 abogados del foro” en contra de Almada y aseguró que “tiene relevancia”.

Más adelante arrojó una serie de epítetos agresivos hacia la denunciante. “Tuvo el atrevimiento de decirnos que los abogados se juntaban en el despacho del juez para arreglar los juicios, una barbaridad. ¿Por qué no lo denunció?”.

Se quejó de los protocolos vigentes para proceder en este tipo de denuncias. “Debería haber una batería de test para ver los perfiles psicológicos. Esto es peligroso. Nos pone a todos en peligro, porque a su empelada o vecina no le gustó el saludo nos va a denunciar por teléfono y nos van a caratular como misóginos. Nuestros viejos eran más sabios. Sugiero que se considere posibilidad de revisar protocolos que limitan a los equipos del Poder Judicial”, recomendó.

 

 

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