Corrupción: Los fiscales pidieron la elevación a juicio de la causa de los “Contratos truchos”

En la presentaron señalaron que “encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria (IPP) en lo que refiere a los imputados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a juicio, previa realización de la audiencia”. La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil: la Fiscalía de Estado.

La investigación abarcó el período de una década, de 2008 a 2018, y busca establecer el desfalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.

Los 32 imputados en la causa son: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Álvarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez; Andrea Noemí Beatriz Demartin; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; y Viviana Giselle Mena Gioveni;

El pedido de remisión a juicio sobreviene luego de la finalización de la pericia contable.

Luego de más de un año de trabajo, los peritos contables concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura, investigación que abarcó el período 2008-2018. El dato relevante es que esa pesquisa finalmente llegó a establecer el monto final del perjuicio al Estado que se habría producido en 1.111.871.715, a valores de marzo último.

La investigación cobró notoriedad en septiembre de 2018 y generó un alto impacto por el volumen del supuesto desfalco que se habría producido a las arcas del Estado mediante contratos irregulares de personal en Diputados y en Senadores.

La tesis de la Fiscalía es que en ese período de tiempo se produjo un perjuicio económico a la Legislatura de poco más de mil cien millones de pesos. Esa afirmación fue cuestionada por los defensores de los imputados en la investigación, quienes pidieron una pericia contable independiente a cargo de un perito que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Fue así que, a fines de 2019, para esa tarea fue nombrada la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del STJ, designada por el vocal de esa Sala, Martín Carbonell. La tarea comenzó a finales de ese año y continuó durante la pandemia de 2020.

Según consignó el portal Entre Ríos Ahora, finalmente el trabajo llegó a su fin, ya que la contadora Battisti, en forma conjunta con el perito de parte, el contador Cristián Dumé, presentaron un extenso informe sobre los contratos investigados.

El documento cuenta con un extenso detalle –de más de 250 páginas-, en los que se establecen montos de contratos, duración y, por supuesto, identidad de cada beneficiario.

En el trabajo, el perito oficial del STJ responde algunos de los “puntos de pericia” solicitados por la Fiscalía y los defensores. Uno de los principales ítems era, precisamente, que se establezca el monto económico de los contratos cuestionados.

Al respecto, se indicó que el monto estimado dentro del período investigado asciende a 372.924.249 pesos. Ese total surge de la suma de los contratos investigados de la Cámara de Senadores, en el período que va de enero de 2008 a septiembre de 2018; y los de Diputados, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2018, cuando comenzó a tramitarse la causa.