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Las autoridades no aciertan en perseguir “el negocio” de los incendios en la zona de islas
Imagen de archivo de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y la secretaria de Ambiente, Daniela García, cuando sobrevolaron la zona de islas Lechiguanas para monitorear la situación.
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
Las autoridades nacionales, provinciales y municipales no aciertan en una estrategia de prevención para evitar los incendios forestales en las zonas de islas o de influencia del Delta del río Paraná.
No sólo que no pueden prevenir, sino que también son impotentes a la hora de identificar a los responsables y someterlos al peso de la ley. En este punto, son públicos los reproches que los funcionarios del Ejecutivo les hacen a los jueces federales, porque las causas no avanzan y todo es un paso de comedia.
Hace una semana en la jurisdicción del Departamento Gualeguay, vecinos de la localidad bonaerense de San Pedro fueron los que dieron la voz de alerta al observar a simple vista enormes columnas de humo que provenían de la quema de pastizales en las Islas de las Lechiguanas, y que obligaron a la intervención de brigadistas, bomberos, policía y Fuerzas de Seguridad. ¿Los responsables? Nadie. ¿Se abrió una causa judicial? Menos. Un hecho que quedará impune como tantos otros incendios que se apaguen y vuelven a encenderse.
De todos modos, una vez consumado el incendio se movilizó a un equipo integrado por 35 brigadistas forestales nacionales y de varias jurisdicciones, que se sumaron a la labor que estaban realizando (con muy pocos elementos) personal de la Policía de Entre Ríos, de Defensa Civil y de los Bomberos Voluntarios de cuatro ciudades entrerrianas (Gualeguay, Villa Paranacito, Urdinarrain y Gualeguaychú).
Un despliegue que es muy costoso y que debería movilizar a las autoridades para identificar a los responsables de esos incendios.
Pero, lo más importante o esencial: el daño ambiental es enorme, en su sumatoria perfectamente se podría hablar de ecocidio. Una gravedad que debería en teoría movilizar a los funcionarios del Poder Judicial. Pero no pasa nada. ¿Nadie le puede advertir al juez que se está en la antesala de un ecocidio?
Los incendios detectados en las Islas Lechiguanas fueron “de gran magnitud”, por lo menos reconocieron las autoridades entrerrianas. Mucho asombro, pocos controles. Muchos monitoreos, pero la impunidad sigue a la orden del día.
De vez en cuando, un comunicado del gobierno de Entre Ríos recuerda –a manera de advertencia- que está vigente la prohibición de realizar cualquier tipo de quemas sin autorización. Incluso sobre este punto existe una medida cautelar en el Juzgado Federal de Paraná que prohíbe de manera “absoluta, acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente”. Los incendiarios se les ríen en la cara porque saben que son advertencias “puro humo”, porque de identificar a alguien no tienen vocación para aplicar la ley como corresponde sin importar quién es quién. Y saben que, ante un nuevo foco de incendios, ya ni siquiera intentan identificar a su responsable.
El año pasado fue un escándalo la cantidad de incendios que se generaron en todo el Delta del río Paraná. Y no hubo condenados. Ni siquiera informes judiciales que indiquen en qué situación procesal están esas causas, si es que tiene vigor en el presente. Se sabe que a la Justicia Federal les encanta dormir las causas ambientales.
El gobierno de Entre Ríos inició causas judiciales porque había evaluado que esos incendios fueron generados para “obtener rebrote como forraje para el ganado”, también para realizar “limpieza de la zona”. Pero, es evidente que tampoco le preocupa siquiera seguir sus propias denuncias o causas. ¿Acciones para la Tribuna? Eso parece.
Es cierto, el Poder Ejecutivo provincial decretó la emergencia ambiental debido a “la degradación de los humedales y los efectos negativos en la salud”.
Es verdad que se instalaron faros de videovigilancia y que la Nación destinó aviones hidrantes y capacitación a personal que intervendrán en los incendios.
Pero, pareciera que son meras acciones para titulares de diarios; porque los incendios en las zonas de islas se siguen encendiendo en grandes predios productivos agropecuarios y siempre quedan impunes. Para el Estado pareciera una tarea imposible determinar de quiénes son esas propiedades, ¿ni siquiera tienen un padrón de impuestos para fijarse?
Mientras tanto, los focos de incendios seguirán activos; porque se sabe que en Entre Ríos no hay vocación para dar con los responsables de esos fuegos y como siempre la Justicia sólo está para perseguir a los pobres. Así las cosas, una Justicia que es puro humo y un Ejecutivo que en esta materia está solo para las fotos de los diarios.