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Emilio Castrillon: con la causa por daños y amenazas paralizadas, buscarán una mediación
El domingo 28 de marzo de este año, por la madrugada, el entonces vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Aroldo Castrillon, fue protagonista de una batahola en un kiosco de La Paz, lindero a su casa. Cuando las primeras luces del día asomaron, un video mostró al alto magistrado fuera de sus cabales, dándole órdenes a los policías que se acercaban al lugar, en calle Sáenz Peña y Belgrano.
Ese escándalo público derivó en dos denuncias en la Justicia que se fueron paralizando conforme el asunto dejó de aparecer en las portadas de los medios. Ahora, una de las partes habla de terminar el pleito con una mediación penal. “Es intención de mi representado resolver esto con una mediación penal”, confirmó el abogado Hernán Aimone, representante del kiosquero Mariano Lukacs, denunciante del ex magistrado.
La primera denuncia por daños y amenazas la formalizó Lukacs, dueño de “El Kioscaso”, que se encuentra lindero a la vivienda del ahora ex vocal del STJ. En sede policial, afirmó que alrededor de la 1.44 del domingo 28 de marzo, cuando se encontraba trabajando en el maxikiosco “se hizo presente el señor Emilio Castrillón y sin dar motivo empezó a voltear las góndolas del negocio, tirándole una botella de cerveza al empleado que se encontraba atendiendo”.
Por su parte, Castrillon hizo saber a los medios su versión de los hechos: que cerca de las 2 solicitó al dueño del comercio que baje el sonido de la música y que, ante la negativa, la discusión subió de tono y terminó siendo golpeado por cuatro personas. Además, aseguró que en el lugar había cerca de 300 personas que no cumplían los protocolos sanitarios por la pandemia, consignó el portal Análisis.
En el acta de denuncia se dejó asentado que este último presentaba hematoma de un centímetro en antebrazo derecho y una excoriación de 0,5 centímetro en el dorso de la mano izquierda.
A poco de andar, en los Tribunales se presentó otra denuncia contra Castrillón: el padre del fiscal, el exdirector de Juntas de Gobierno durante el urribarrismo, Carlos Miguel Barbosa, le inició una causa penal por amenazas.
Por ello, a través de sus abogados defensores –Rubén Pagliotto y Emiliano Castrillón-, el entonces vocal del STJ recusó al acusador público de La Paz, quien fue apartado por el juez de Garantías Walter Carballo en mayo. Así, el caso terminó en manos del fiscal Oscar Sobko.
Lo demás es historia: Castrillon impugnó el pliego de Barbosa en el Senado para que no sea designado en la Unidad Fiscal de Gualeguay y éste hizo su descargo ante los senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Se trata de una impugnación que en sus términos es oscura, ya que se refiere a datos que no se corresponden con la realidad”, dijo el 10 de junio en el recinto de la Cámara Alta. En los primeros días de agosto, el pliego de Barbosa fue aprobado.