Megajuicio por corrupción: pidieron absolver a Báez y Buffa e investigar al Procurador

En el cierre de sus alegatos de clausura en el megajuicio por corrupción, los abogados Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez, defensores del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el empresario Germán Buffa, respectivamente, solicitaron la absolución de sus defendidos, la nulidad de los informes realizados por los bioingenieros del Ministerio Público Fiscal y la apertura de una investigación penal hacia los mismos y el Procurador General Jorge Amílcar García.

En el caso de Buffa, su defensor también ofreció que se le otorgue la suspensión de juicio a prueba por 2 años y el pago de 25 mil pesos en concepto de reparación del daño. El letrado marcó que la cifra representa un 25 por ciento de los 118 mil pesos por la publicidad que cobró en los primeros meses de 2012, y que está por encima del 0,5 por ciento de reparación que acordó Jorge “Corcho” Rodríguez, quien abonó al Estado 150 mil pesos y estaba acusado por una contratación de 28 millones de pesos para difundir cuatro spots para la Cumbre del Mercosur de Paraná en 2014.

 

Defensor de Báez

 

Díaz, defensor del exministro de Cultura y Comunicación de la gestión del entonces gobernador Sergio Urribarri, señaló que todas las contrataciones de publicidad emanadas del organismo a cargo de su cliente cumplieron con los requisitos de control administrativos y que no hubo irregularidades como plantea la Fiscalía.

Báez está acusados de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. La Fiscalía pide 10 años de cárcel. El exfuncionario está imputado por el supuesto direccionamiento de publicidad del Estado en beneficio de las empresas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican a Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri); en la contratación de una solicitada contra los Fondos Buitre, que firmó Urribarri y se difundió en diferentes medios en 2014; y también por haber ordenado pagar una pauta de publicidad en 2011 a la empresa Global Means SA, de Buffa, antes siquiera de que esa firma tuviera existencia real, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

“Báez emite la orden de publicidad y después eso camina administrativamente hasta los órganos de control. Después aparece cuando tiene que firmar el decreto, que previamente fue visado por la asesoría legal y técnica en cuyo trámite ya habían intervenido los órganos de control”, describió su defensor.

Díaz, subrayó al Tribunal que tenga en cuenta a la hora de resolver la causa en la que fueron absueltos tres ministros del exgobernador radical Sergio Montiel -Rubén Villaverde (Acción Social), Enrique Carbó (Gobierno) y Oscar Berón (Economía)- quienes fueron llevados a juicio por los delitos de fraude a la administración pública y por administración infiel. En dicho juicio se consideró que “está comprobada la desprolijidad en la administración pública provincial” y que esa situación no podía entenderse como indicio de un delito.

Apoyándose en ese fallo -que dictaron los jueces Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Elbio Garzón (este último integra el megajuicio)- el abogado Díaz marcó: “Más allá de cualquier error en el trámite administrativo, creo que mi defendido realmente nunca contrató sin que los órganos de control y las asesorías correspondientes hagan la estimación de las legalidades. Este es un fallo invaluable en la consideración del error inevitable”. Y agregó: “No hay indicios de direccionamiento alguno que pueda ser materia de consideración por el Tribunal”.

Enseguida, el letrado solicitó la absolución de Báez, la nulidad de los informes de los bioingenieros Juan Rossi, Guillermo Fritz, y Fernando Ferrari, del Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal, por entender que no son idóneos para actuar como peritos especializados en cuestiones informáticas y, además, por ser parte interesada en el proceso, ya que trabajan en la Fiscalía. Además, pidió la exclusión probatoria de los informes de las empresas de telecomunicaciones, en función de que se habrían obtenido sin orden judicial y sin fundamentación, entre otros documentos.

También pidió la nulidad del informe contable realizado por el contador de Fiscalía Héctor Enrique, por “no cumplir con los requisitos metodológicos de las ciencias contables” y por su dependencia al Ministerio Público Fiscal, lo cual afectaría su objetividad.

Asimismo, peticionó la exclusión probatoria de la documental de la causa contra el publicista Fernando Montañana -quien será juzgado por separado ya que no pudo estar en el megajuicio por problemas de salud-; y pidió la apertura de una investigación penal contra los bioingenieros de Fiscalía porque habrían actuado como peritos cuando no cumplirían tal rol; y por el presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público respecto del Procurador Jorge Amílcar García, ya que “encomendó a los bioingenieros a desarrollar tareas fuera de sus incumbencias profesionales”.

Finalmente, solicitó el levantamiento del embargo sobre un inmueble de Báez ubicado en calle Jozami, en Paraná; y sobre el automóvil que comparte con su esposa.

 

Absolución o juicio a prueba para Buffa

 

A su tiempo, el abogado José Velázquez, defensor del empresario Germán Buffa, recordó detalles de la declaración de imputado y señaló que en la causa Global Means, en la que se reprocha una contratación por 118 mil pesos por publicidad, no hubo delito. Al igual que Díaz, también habló de errores administrativos que no pueden ser considerados delitos.

“Hay desprolijidades en la Administración Pública, pero eso no es para entenderlo como un indicio de un delito penal. Son discusiones que se resuelven en el ámbito administrativo y político”, aseveró.

Luego explicó que “la declaración de Buffa es creíble y el Ministerio Público Fiscal no ha podido conmover el grado de veracidad de su declaración”. 

“Normativamente no hay ningún incumplimiento de nada, porque cuando se firmó el contrato estaban todos los requisitos. Germán explicó cómo llevó adelante esta gestión, cómo fue sorteando algunos detalles y como llegó a realizar la publicidad en tiempo y forma”, añadió.

Velázquez remarcó que la acusación fiscal “tiene que ver con chicanas” y que se infiere un direccionamiento de publicidad a partir de “una irregularidad administrativa”.

Al finalizar, pidió la absolución de Buffa, pero ofreció a la Fiscalía alcanzar una probation que tenga en cuenta una reparación en concepto de daños por 25 mil pesos y la realización de tareas comunitarias durante dos años en una institución.

La Fiscalía deberá informar al Tribunal si acepta o no la probation el lunes, en la reanudación de los alegatos del megajuicio.