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Piden no desconocer “hostigamiento mediático” denunciado por Urribarri
El abogado Marcos Rodríguez Allende, concluyó su defensa técnica a Juan Pablo Aguilera, por las imputaciones que enfrenta en el megajuicio por corrupción. Al cerrar su exposición este lunes, pidió al tribunal “no estar ajeno” del “permanente y sistemático hostigamiento mediático” que denuncia el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera.
El defensor solicitó la exclusión de varios informes llevados a cabo por Fiscalía que sostienen la acusación de Aguilera y otros imputados. Puntualmente cuestionó la evaluación del contador Héctor Enrique, empleado del Ministerio Público Fiscal (MPF), que habla de “devoluciones” en la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015. Apuntó también a los informes de empresas de telefonía celular y al documento elaborado por la contadora Victoria González Brunet, también empleada de Fiscalía, que muestra entrecruzamiento de llamadas y contactos telefónicos entre imputados. Ese informe es, para la acusación pública, una prueba del interés particular de funcionarios políticos en beneficiar a la empresa El Juego en que andamos, de Gerardo Caruso, para que resulte adjudicada.
El defensor descartó la existencia de un direccionamiento por parte de funcionarios de Gobierno, tal como se acusó. Dijo que la “devolución” imputada como “retornos” fue “devolución de anticipos” y que un préstamo de dinero entre particulares de modo gratuito, está previsto en la normativa civil.
En otro tramo de su exposición, pidió a los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, que componen el Tribunal de Juicios y Apelaciones que conduce el debate, que no desconozcan el “permanente y sistemático hostigamiento mediático” que denuncian Urribarri y Aguilera.
Cabe señalar que el abogado también defiende los intereses de Luciana Almada, pareja de Aguilera, que llegó imputada al juicio en lo que se conoce como “causa de las imprentas” o “causa de la vaca”. El jueves pasado, Rodríguez Allende realizó su alegato defensivo en nombre de la pareja, en ese legajo puntual.
Para este martes se espera, según la agenda acordada entre las partes, el alegato de los defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez. Los abogados expondrán su tesis, tras las imputaciones que enfrenta el exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel. Con la exposición de ambos terminarán los alegatos de parte. Aunque para el jueves se espera la réplica de los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. Posteriormente, los abogados Emilio Fouces, José Velázquez, Ignacio Díaz, Miguel Cullen, Juan Méndez, Rodríguez Allende, Barrandeguy y Pérez, responderán a los fiscales.
Tras varias semanas de escuchar valoraciones opuestas sobre la misma producción de prueba en los cinco legajos acumulados, será la oportunidad de los 13 imputados para decir sus últimas palabras antes de que el tribunal declare cerrado el debate y se avoque a deliberar para dictar sentencia. De ese modo, Urribarri, Aguilera, Luciana y Alejandro Almada, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Hugo Marsó, Gustavo Tamay, Germán Buffa y Gustavo Tórtul, podrán decirle a los jueces qué esperan de la sentencia.
“El tribunal está en una posición harto compleja para resolver”
Ese fue el primer cuestionamiento de Rodríguez Allende este lunes. El abogado alegó en la “causa parador”, que investigó el presunto desvío de una partida pública -superior a los 14 millones de pesos-, para instalar a Urribarri como precandidato a presidente de la Nación. Según la tesis de la acusación, el presunto acto de corrupción se llevó a cabo a través de la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015, que sería para promocionar el turismo provincial pero enmascaró otro fin: promover la figura del exgobernador en el escenario nacional, de cara a las elecciones presidenciales.
El defensor citó el alegato de sus colegas, Miguel Cullen y Emilio Fouces. “Ellos manifestaron una violación al principio de congruencia. Los fiscales endilgaron a Urribarri haber desviado más de 14 millones de peros para promocionar su precandidatura a presidente. En los alegatos de cierre, Fiscalía dijo que se sustrajeron fondos públicos para posicionar a Urribarri en el escenario nacional y que el inicio de ese posicionamiento data de 2013. Son dos figuras distintas: una cosa es una precandidatura y otra cosa el posicionamiento. El posicionamiento es legítimo y legal. Esto produce una afectación a la defensa en juicio y ubica al tribunal en una posición harto compleja para resolver”, apuntó y alegó: “Esta defensa invoca la afectación del derecho de defensa, no sólo para Urribarri sino también para Aguilera”.
Más adelante, Rodríguez Allende preguntó “¿Cómo se vio interesado Urribarri en favorecer a El juego en que andamos? Hay que preguntarse si respecto de la acusación a Urribarri, Fiscalía pudo demostrar un interés distinto al de la administración”, manifestó y retomó la figura de peculado que imputó el MPF. “Es una suerte de sustracción o desvío que Urribarri y Marsó pudieron realizar a favor de Caruso y Aguilera, fondos desviados a terceras personas”.
Reclamó analizar la “causa parador” a través de un esquema público y un esquema privado, tal como alegó en la “causa de las imprentas”. Colocó en el primer tópico la licitación pública tramitada desde el desaparecido Ministerio de Turismo a cargo de Marsó y el funcionamiento del parador propiamente dicho. Ubicó en el segundo tópico el “esquema de devolución” informado por el contador Héctor Enrique.
Descartó que el parador no haya tenido un fin turístico. Dijo que se enmarcó en “una política muy fuerte de turismo” implementada por la gestión de Urribarri. Citó el testimonio de Sebastián Bel, extitular de la Cámara Entrerriana de Turismo; y la declaración del empleado del Gobierno provincial, Alfredo Bedriñán. Recordó que para instalar el parador playero se pidió autorización al Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón y luego empezó el “proceso de licitación”. Marcó que el trámite administrativo pasó por la Unidad Central de Contrataciones, área que calificó como “independiente”; y agregó que el expediente fue aprobado por el Tribunal de Cuentas de la provincia, organismo al cual el exsenador opositor Raymundo Kisser (Cambiemos), requirió un oficio donde se detallen las “observaciones”.
“Los fiscales dijeron que Castromil es ficticia pero no lo probaron”, valoró después, en referencia a la empresa que habría competido en la licitación con El Juego en que andamos de Caruso. Cabe recordar que la acusación pública sostiene que esa competencia fue una especie de simulación, porque la real intención fue favorecer a Caruso. En ese sentido, apuntó a los informes producidos con datos de las empresas de telefonía celular. Aseguró que se trata de elementos “ilegales” porque, tal como también lo dijeron sus colegas, no tuvieron autorización judicial. Por eso pidió la “exclusión del informe de la contadora González Brunet” y también los datos proporcionados “por las empresas prestatarias que deben ser excluidos”.