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Viernes 20 de Mayo de 2022

Integrantes del STJ coincidieron con el gobernador en la necesidad de reformar el Código Procesal Penal

Integrantes del STJ coincidieron con el gobernador en la necesidad de reformar el Código Procesal Penal

16/03/2022 |El gobernador Gustavo Bordet recibió a los integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio, quienes le transmitieron su intención de efectuar aportes para el proyecto de reforma del Código Procesal Penal.

Tras el encuentro, realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Mizawak comentó que la Sala Penal del STJ pidió una audiencia con el gobernador para dialogar sobre la reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, iniciativa que fue anunciada por el mandatario en la Asamblea Legislativa.

“Queremos participar y hacer nuestros aportes. De hecho, ya estamos trabajando desde que escuchamos la noticia en la Asamblea Legislativa y nos hemos abocado a reunir nuestros precedentes, aquellas sentencias de nuestra Sala que iban interpretando en un sentido o en otro para mejorar el servicio de justicia penal y el sistema acusatorio. Hemos estado reuniendo todo ese material porque queremos ponerlo a disposición de la legislatura y hacer todos los aportes posibles”, indicó Mizawak.

“Vemos desde el Poder Judicial que el sistema acusatorio, tal como está diseñado en la Ley 10.317, ha sido en la práctica y con el correr de los años de alguna manera desnaturalizado”, sostuvo la magistrada y agregó: “Creemos que las partes, los fiscales y la defensa, tienen que encontrar, para que esto funcione correctamente, una garantía que justamente son los jueces de Garantía. Y esos jueces de Garantía tienen que ser jueces de Garantía fuertes, dispuestos a controlar el cumplimiento de todas las garantías. Queremos fortalecer dentro de la magistratura esta instancia y queremos también proponer mejoras en el sistema de gestión de audiencias para que se aprovechen mejor los recursos”, apuntó Mizawak.

Aclaró luego que “la facultad exclusiva y excluyente es del Poder Legislativo, entonces, nuestro aporte puede ser en la medida que la Legislatura, el oficialismo, la oposición, en Senadores y en Diputados, la tomen. Así que esperamos ser recibidos también en ese ámbito para explicarles las razones de las reformas que tenemos en mente. Son ellos quienes pueden hacer de esto una nueva ley”, acotó.

Por su parte, Daniel Carubia, entendió que es necesario generar un aceleramiento de los términos, y apuntó: “Es decir, que los juicios terminen en un plazo razonable. Esto requiere de toda una logística e infraestructura que debe estar adecuada para que el juicio pueda realizarse rápidamente”.

En tanto, Miguel Ángel Giorgio, se refirió a los dichos de Mizawak y adelantó que “se trabajará sobre esos puntos centrales que para nosotros tienen importancia en la futura reforma”.

 

De eso no se habla

 

Sobre la necesidad de modernizar Ley Orgánica del Poder Judicial –también prometida por el gobernador Bordet- nadie habla. Se trata de una añeja ley que ha quedado obsoleta para el buen servicio de Justicia.

Lo mismo sucede con una normativa que se cumpla en materia de jubilaciones de “los supremos”, que siguen -a pesar de su edad ya avanzada- “atornillados” en las poltronas del poder.

Emparentado con lo anterior, tampoco actualizan el debate sobre la ley que creó Fiscalías Ambientales en la provincia. Otro tema que ha quedado en el tintero de las buenas intenciones. Y ni qué hablar de la Ley Yolanda que obliga a los funcionarios públicos (entre ellos los del Poder Judicial) a tener capacitaciones en materia ambiental, una asignatura que en la Justicia entrerriana siempre deja mucho que desear a juzgar por las sentencias que se vienen registrando.

Y lo otro que tampoco se habla es de la necesidad de mejorar la ley que habilitó a los Juicios por Jurados.

Una víctima necesita doce votos del juicio por jurado; mientras que el supuesto agresor con un solo voto ya no puede ser condenado. Lo mismo sucede con los delitos vinculados con la corrupción que no pueden ser sometidos a ese tribunal, un privilegio que el Poder Judicial ampara a la clase dirigente política.

 

 

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