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No es posible que las víctimas paguen el juicio por buscar Justicia
Por Nahuel Maciel
Si hay una injusticia en el “servicio de Justicia” es la decisión que adoptan muchos jueces de cargar las costas a la víctima.
Un ejemplo reciente, de los muchos que se pueden señalar, ilustrará mejor la situación.
La familia de la docente Vanesa Castillo, que hace casi cuatro años fue víctima de un femicidio a la salida de la escuela donde trabajaba en Santa Fe, debieron afrontar las costas del juicio donde Juan Ramón Cano fue condenado a prisión perpetua.
Se trata claramente de un sistema perverso, ya que la situación se suscita porque el condenado es insolvente y la ley de honorarios profesionales prevé que se puede requerir el pago a la querella, es decir, a la víctima.
No pasa solo en Santa Fe. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos adopta idéntica postura. Al menos así fue planteado cuando se abordó el caso de una violación ocurrida en Gualeguay, donde el vocal Daniel Carubia, le aplica el mismo concepto, a pesar que el supuesto agresor está en una excelente posición económica. En este caso no se trata de insolvencia, sino de prohijar a los hijos del poder.
Cuando se habla que no hay que revictimizar a las víctimas, el servicio de Justicia se olvida de ese concepto cuando se trata de plata. Y en el caso de Entre Ríos se le debe computar como una nota negativa que la Sala Penal carece de perspectiva de género. Bien se le recomienda realizar el curso en el marco de la Ley Micaela. Al menos los seniles vocales deberían saber que para aplicar la ley, también hay que conocerla.
Estas actitudes deben inscribirse en un claro ensañamiento contra las víctimas y sus seres queridos, porque además de afrontar el dolor pareciera que se la quisiera quebrar en todos los aspectos que hacen al concepto ciudadano.
Obviamente, los legisladores no pueden quedar de brazos cruzados. Al menos deberían tener algún grado de interés para subsanar esta situación y modificar los artículos necesarios de la ley de modo de garantizar que al menos la víctima o sus deudos (en el concepto sentimental) queden debidamente notificados de esa posibilidad o directamente que se prohíba endosarle a la querella esas costas.
Y en el mientras tanto, los supremos apoltronados en sus sillones (todos en edad de jubilarse) deberían aplicar el sentido común y en ese marco, colaborar con la legislación. Una sentencia también legisla. Y como bien lo apuntó la actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina: ser juez o jueza “no es privilegio, es un servicio al poder de la ciudadanía”.
En el caso de referencia, el de la docente víctima de femicidio, y el de la víctima de Gualeguay, fueron claramente castigados por la sencilla razón de perseguir Justicia, Justicia y Justicia.
El sistema es tan perverso que exhibe su peor rostro: en estas condiciones solo accederán al servicio de Justicia los que tienen dinero.
No es posible que buscar justicia sea una respuesta injusta, avalada por la ley. El Estado que garantiza la representación legal de la defensa del imputado, deja solos a las víctimas. Hay tarea pendiente para los legisladores. Hay “supremos” que notoriamente deberían capacitarse en la cultura de género y específicamente en la Ley Micaela. Y en este contexto, hay una sociedad que está sola y temerosa de la injusticia que comete el propio Poder Judicial.