.
Preocupación por recorte presupuestario en Bibliotecas Populares
Reunión del 4 de mayo en el HCD donde las Bibliotecas Populares expresaron su preocupación por la falta de financiamiento si antes no se modifica la Ley 27.432 de 2017.
Todas las Bibliotecas Populares están manifestándose porque están preocupadas por la entrada en vigencia de la Ley número 27.432 de 2017 que provocará el recorte del presupuesto de la Comisión Nacional de las Bibliotecas Populares (Conabip) e impactará directamente en el desmantelamiento de las políticas que promueven el desarrollo y fortalecimiento de las más de 1.200 Bibliotecas Populares que existen a lo largo y ancho del país.
“En diciembre de 2022, dejarán de existir los fondos especiales que subsidian a las bibliotecas populares, también a las radios y televisiones comunitarias, al cine, al teatro, a la música de todo el país”, alertan las Bibliotecas Populares e invitan a la ciudadanía para que a través de su firma presten el apoyo para que ello no ocurra. La idea es ingresar al sitio de internet https://forms.gle/J3PjZaViR3MnJhNz5 y como si fuera un formulario, completar con los datos formales y prestar así la adhesión al reclamo.
Por otro lado, el 4 de mayo pasado, el Concejo Deliberante se reunió con los representantes de las Bibliotecas Populares del Departamento Gualeguaychú; encuentro del que también participaron legisladores nacionales y provinciales.
“La creciente preocupación de parte de las Bibliotecas Populares, en particular, y del sector cultural, en general, no es novedad. En todo el país son más de 1.200 las bibliotecas registradas en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y el aporte del Estado Nacional es fundamental para que sigan abiertas y prestando un importante servicio a la comunidad”, describe el portal oficial de la Municipalidad de Gualeguaychú.
Es por eso que el sector comenzó a organizarse con tiempo, antes que caduque el fondo especial que las sostiene, el 31 de diciembre de 2022, como quedó establecido en las modificaciones que se le hicieron a la Ley 27.432, en 2017. La desaparición de este fondo, conformado por el “gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos”, aumenta exponencialmente el riesgo de cierre definitivo de muchas bibliotecas.
Y es esto lo que sucederá, si no se deroga el inciso B del Artículo 4° de la Ley 27.432, que establece que “las asignaciones específicas que rigen a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, previstas en el marco de los tributos que se enumeran a continuación, mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive”.
Esta norma fue aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación que, reunidos en Congreso, sancionaron con fuerza de ley con la firma de Gabriela Michetti (presidenta del Senado), Emilio Monzó (presidente de la Cámara baja), y los secretarios parlamentarios Juan Pablo Tunessi (Senado) y Eugenio Inchausti (Diputados).
En diciembre de 2017, el Congreso tenía apuros para aprobar el llamado “consenso fiscal” que tenía como marco la firma del Pacto Fiscal y la aprobación del Presupuesto General para 2018. El ministro de Economía de la Nación de entonces, Nicolás Dujovne, fue el gran impulsor de su llamada “Reforma Impositiva”, que prometía el aumento de fuentes de trabajo e inversiones.
Así, el Poder Ejecutivo Nacional coló un articulado en ese proyecto que tuvo tratamiento extremadamente veloz en ambas Cámaras el mismo 21 de diciembre de 2017. Entre los incisos del Artículo 4° se manifestó la voluntad ajustadora para arremeter con lo que venía siendo una bandera de la política de Estado: la asignación específica sin fecha de vencimiento de fondos para sostener actividades culturales como las de las Bibliotecas Populares.
“En este marco, el concejal y escritor Luis Castillo (Gualeguaychú entre Todos) presentó un proyecto de resolución para respaldar el reclamo de las bibliotecas populares. El bloque Creer-PJ adhirió al mismo y fue el concejal Pablo Fernández quien propuso una reunión con los representantes de las bibliotecas de la ciudad y del Departamento y los legisladores.
Si bien Juntos por el Cambio se comprometió de igual manera, sus representantes no pudieron estar en el encuentro realizado de forma virtual y presencial el martes 4 de mayo a las 18 en el recinto del Concejo Deliberante. Sí, fueron parte de la reunión el senador departamental Jorge Maradey, el diputado nacional Marcelo Casaretto y la diputada nacional Carolina Gaillard. Además de representantes de los tres bloques legislativos locales y la viceintendenta Lorena Arrozogaray.
En ese encuentro se informó que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación se había aprobado un dictamen de mayoría a un proyecto de ley -impulsado por el Frente de Todos-, que tiene como objetivo el financiamiento de las industrias culturales, a través de la prórroga por 50 años de ciertos impuestos con asignación específica.
La propuesta manifiesta la necesidad de modificar el último párrafo del Artículo 4° de la Ley 27.432 y propone el redactado de la siguiente manera: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, toda asignación específica vigente de impuestos nacionales coparticipables mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, excepto los denominados impuestos a las entradas de espectáculos cinematográficos, y sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17.741; y los impuestos o gravámenes a los servicios de comunicación audiovisual previstos en la ley 26.522”.
La iniciativa fue acompañada por un amplio arco político, que incluyó al oficialismo representado por el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y de Trabajadores, y varios interbloques provinciales. Sólo el interbloque Juntos por el Cambio planteó un dictamen de minoría.