La responsabilidad civil de las empresas por la corrupción
Margarita Stolbizer y Juan Carlos Vega*
Con fecha 6 de febrero de 2019, los firmantes pedimos al procurador de la Nación, Bernardo Saravia Frías, que inicie demandas civiles en contra de las empresas cuyos presidentes confesaron su participación criminal en la red de corrupción de los últimos 12 años. Esa responsabilidad de las empresas es independiente de cualquier sentencia en sede penal a sus presidentes. Es suficiente una copia auténtica de las confesiones de los presidentes para sustentar el reclamo civil reparatorio.
Esta es una obligación que tiene el procurador del Tesoro de la Nación, como representante en juicio de la sociedad. Y la sociedad es la víctima que tiene dos derechos: a que se castigue a los responsables y a que sean recuperados los bienes robados.
Pero también es una obligación que se funda en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El deber del Estado de “adoptar medidas” para garantizar los derechos humanos de la Convención.
Este deber del Estado incluye medidas legislativas y de los poderes Ejecutivo y Judicial. Y los derechos humanos bien entendidos son derechos aplicables. No son panfletismo político ni poesía jurídica.
En la Argentina, el proceso penal reconoce los derechos de las víctimas, pero sólo a nivel teórico. Y se trata de derechos que tienen la misma jerarquía que los derechos del imputado. En Brasil, hay más de 150 de funcionarios y empresarios condenados por el caso Odebrecht, incluidos el presidente de esa empresa y un ex presidente del país.
En Argentina no existe ninguna condena firme por corrupción y no hay ningún bien de la corrupción que haya sido recuperado. Sólo prisiones preventivas y embargos preventivos. Es decir, con la posibilidad de que los empresarios sean liberados y que el Estado deba indemnizarlos y devolverles los bienes robados.
Por primera vez han aparecido en la Argentina los “grandes jugadores” de la corrupción, que son las empresas.
Se probó que la secuencia de la corrupción es clara y obscena: comienza con los sobornos a funcionarios para lograr adjudicación de obras. Sigue con sobreprecios de las obras para pagar los sobornos. Y termina con el lavado de los bienes de la corrupción.
No alcanza de manera alguna con embargar cuadros, campos o barcos de funcionarios o de empresarios. La responsabilidad civil debe llegar a las empresas: en sus balances anuales están esos robos.
El fiscal de Estado de Córdoba, que tiene a su cargo la defensa de los intereses de la Provincia, debería dar instrucciones precisas al procurador del Tesoro para iniciar estas acciones en su jurisdicción, donde hay al menos cinco empresarios que reconocieron sobornos de sus empresas. La sociedad de Córdoba es la víctima de esos delitos y las empresas la deben reparar.
Deber, gesto y mensaje
El deber de adoptar medidas es una obligación que está consagrada por el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y es una obligación que comprende al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Se trata de una cláusula operativa que no exige reglamentación alguna. Esa norma constitucional es el fundamento de la obligación del Estado Nacional y de los de las provincias de demandar a las empresas por los daños causados por la corrupción a la sociedad.
Ni a Cristina Fernández ni al gobierno de Mauricio Macri les interesa esta línea de acción. Proteger a las empresas es una especie de línea roja que no se debe cruzar. En eso coinciden el kirchnerismo y el macrismo.
El argentino quiere que se recuperen los bienes robados. Más allá del castigo penal. Los sobornos siempre fueron pagados con los sobreprecios. Y esos sobreprecios son los que se deben recuperar.
Este mecanismo no es exclusivo del kirchnerismo. Viene del terrorismo de Estado. La particularidad está dada porque durante el kirchnerismo ese mecanismo se amplió a todos los servicios que presta el Estado. No sólo a las obras públicas adjudicadas.
La obligación del Estado Nacional y de los provinciales de demandar a las empresas por la reparación del daño causado por la corrupción es un deber constitucional. Pero también es un gesto político de enorme importancia para una sociedad descreída de la Justicia.
Además, será un mensaje para el mundo empresarial, en el que no todas las empresas son iguales. Habrá que empezar a discriminar entre empresas productoras de bienes y servicios y creación de empleos con honestidad y con la ley, y aquellas otras que sólo crecieron con el soborno y los sobreprecios de obras y servicios y el lavado de activos.
Esas empresas no le sirven al país. La riqueza de la corrupción no genera crecimiento económico sustentable.
*Ex presidentes de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación