Medidas de fuerza de los empleados del Consejo de la Magistratura
Los empleados del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER) continúan con medidas de fuerza. Hay asambleas con retención de servicios “no solo por la ausencia de soluciones al conflicto, sino también por la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades para resolver la problemática salarial”, indicaron los trabajadores.
En octubre del año pasado, la revista Análisis dio a conocer los problemas de los once empleados del Consejo de la Magistratura, vinculados a la composición salarial.
“Los empleados del Consejo de la Magistratura continuamos con el reclamo que incluye el mantenimiento de las medidas de fuerza -asamblea con retención de servicios- en vista no solo de la ausencia de soluciones al conflicto, sino también de la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades para resolver la problemática”, indicaron en un comunicado de prensa.
En ese marco, recordaron que remitieron “una nota el 6 de noviembre de 2017, con el objetivo de consensuar una reunión con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, quien aún antes de asumir el cargo -y en declaraciones públicas a distintos medios de comunicación- puso el foco en el Consejo de la Magistratura, como uno de los organismos clave en los que trabajaría su gestión”.
“Como muestra de buena voluntad por parte de los trabajadores del CMER, se suspendieron las medidas de fuerza que desde hacía meses se venían llevando a cabo. El propósito de la mencionada audiencia era -y sigue siendo- no solamente poner en conocimiento a la ministra Romero de nuestra situación, sin la intervención de mediadores que pudieran llevar, a oídos de la funcionaria, un mensaje no del todo claro y explícito; sino por otra parte, informarle de la mejor manera posible del estado actual de las tareas que se realizan en el organismo, en el que la mayoría de nosotros se desempeña desde su creación, allá por el año 2003”, especificaron.
Luego marcaron que “al no existir una respuesta por parte de la ministra, quien suponemos, por aquellos momentos habrá estado sumamente ocupada con una gran cantidad de actividades, reiteramos el pedido con el fin de efectivizar dicha reunión mediante una nueva nota entregada el 10 de abril del corriente, de la que tampoco hasta el día de hoy hemos tenido respuesta alguna”.
“En el tiempo transcurrido entre la primera solicitud y su reiteración, hemos mantenido reuniones con el secretario de Justicia -Pablo Biaggini-, quien a su vez es el Presidente del CMER, en donde nos ha manifestado la voluntad del gobierno de hallar una solución definitiva a la problemática que nos afecta”, contextualizaron los trabajadores según consignó Análisis Digital. “No obstante ello, esa manifiesta intención de buena voluntad, no se ha materializado en acciones concretas tendientes a facilitar dicha solución, por lo que en definitiva, al día de hoy nos encontramos en idéntica posición que al inicio de la gestión: sin una resolución concreta”, subrayaron.
Asimismo, los empleados señalaron: “Otro que también se expresó públicamente en relación al CMER antes de asumir el flamante cargo de Presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), fue el doctor Emilio Castrillón, quien manifestó la necesidad de que el Consejo pudiera contar con los recursos adecuados para la correcta realización de su tarea. Ahora bien, ¿qué pensaría el Señor Presidente del STJ si supiera que el mayor problema del Consejo no son los recursos materiales, sino una cuestión de recursos humanos, que tiene que ver fundamentalmente con los bajísimos sueldos percibidos por los empleados? ¿Se escandalizaría el Señor Presidente si supiera que los encargados de organizar los concursos para cubrir los cargos de jueces y demás funcionarios, en todo el territorio de la provincia, obtienen una compensación salarial que no alcanza el mínimo de la canasta básica familiar? ¿Qué diría si tuviera conocimiento de que una tercera parte de ese sueldo es cobrado en negro?”, inquirieron.
“Sabemos muy bien que la decisión política y presupuestaria no depende directamente de las autoridades del Poder Judicial. Sin embargo ¿no es un compromiso institucional que el mismo debe asumir, máxime cuando hay discursos en los que se deja de manifiesto la trascendencia que ocupa la labor del CMER, en beneficio de la transparencia y el mejoramiento del servicio de justicia?”, agregaron.
Por último, concluyeron: “Si la realización de concursos públicos, destinados a generar la titularización de la planta de funcionarios judiciales en la provincia, es un tema que preocupa a las autoridades de los distintos poderes del Estado, la situación por la que atraviesan los empleados del organismo constitucional creado a tal fin, parece serles indiferente. Si bien no parece ser así en los discursos públicos, la realidad material es coherente con esta conclusión, de otra forma no puede explicarse cómo después de varios meses de reclamo, las máximas autoridades del gobierno no han propiciado siquiera un encuentro con los actores principales que involucra dicha problemática: los trabajadores”.
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