Una Ley provincial necesaria
Auque resulte difícil de entender, la propuesta para sancionar a los responsables de que animales sueltos en la ruta provoquen siniestros sigue esperando.
Y si resulta difícil de entender, es porque no se está pidiendo al Estado que se ocupe del mantenimiento de los alambrados o cargue sobre sí la realización de una obra de infraestructura suprema: sólo se intenta lograr el acompañamiento para que el estado provincial esté en condiciones de sancionar el incumplimiento del deber de propietarios y arrendatarios de cuidar los cercos y alambrados, castigo que podría llegar al arresto cuando el daño provocado resulte mayor.
La insistencia en el tema tiene directa vinculación con la incidencia de estos descuidos, pero las reticencias están ligadas a las responsabilidades del Estado cuando se produzcan estos mal llamados accidentes.
Basta con salir a la ruta para ver, de día o de noche, algunos ejemplares y también valga decir que se ha indicado muchas veces que esto ocurre a causa de quienes cortan los alambrados para robar hacienda.
Y es aquí donde los propietarios de los animales pretenden morigerar su responsabilidad y no cargar con lo que le corresponde a otro.
Se entiende que mediando la posibilidad de la prisión, cualquier acusado hará que se investigue la propiedad del animal causante, así como las causas por las que se encontraba suelto en la ruta.
También se puede considerar que el Estado encare un control de las instalaciones rurales, lo que facilitaría enormemente la tarea.
Y también, claro, ubicar carteles a los costados de la ruta con la indicación de un teléfono al que llamar cuando se detecte esta situación.
Se ha dicho y se reitera que un accidente no es tal si puede prevenirse.
En ese sentido es que los legisladores deben aunar criterios para evitar que sigan produciéndose siniestros de este tipo.
La insistencia en el tema tiene directa vinculación con la incidencia de estos descuidos, pero las reticencias están ligadas a las responsabilidades del Estado cuando se produzcan estos mal llamados accidentes.
Basta con salir a la ruta para ver, de día o de noche, algunos ejemplares y también valga decir que se ha indicado muchas veces que esto ocurre a causa de quienes cortan los alambrados para robar hacienda.
Y es aquí donde los propietarios de los animales pretenden morigerar su responsabilidad y no cargar con lo que le corresponde a otro.
Se entiende que mediando la posibilidad de la prisión, cualquier acusado hará que se investigue la propiedad del animal causante, así como las causas por las que se encontraba suelto en la ruta.
También se puede considerar que el Estado encare un control de las instalaciones rurales, lo que facilitaría enormemente la tarea.
Y también, claro, ubicar carteles a los costados de la ruta con la indicación de un teléfono al que llamar cuando se detecte esta situación.
Se ha dicho y se reitera que un accidente no es tal si puede prevenirse.
En ese sentido es que los legisladores deben aunar criterios para evitar que sigan produciéndose siniestros de este tipo.
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