Causa contratos: mañana se deciden las prisiones preventivas de Aguilera, Cardoso y Almada
Se desarrolló ayer una audiencia en la Cámara de Casación Penal de Paraná, donde los defensores de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso, expusieron sus argumentos para que queden sin efecto las prisiones preventivas. Los tres están imputados en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en contrataciones de la Legislatura, desde el 2008 al 2018 por las que se habrían desviado alrededor de dos mil millones de pesos.
Tanto el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, como los abogados de los imputados, insistieron con sus planteos ya conocidos en instancias anteriores. Deberá definir el tribunal integrado por Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti y esa sentencia se conocerá mañana a las 19, consignó Análisis Digital.
En tanto, desde la Fiscalía se adelantó que los tres imputados serán llamados la semana que viene para que amplíen sus indagatorias y que, oportunamente, se pedirá las prórrogas de las preventivas.
Lo que se discutió ayer fue un recurso interpuesto por el abogado Marcos Rodríguez Allende (defensor del cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera). En la misma línea se escuchó el planteo del abogado Miguel Cullen (en representación de Alejandro Almada, cuñado de Aguilera), y se oyó el planteo del abogado Guillermo Vartorelli (defensor particular de Sergio Cardoso).
Los tres reprocharon las decisiones de las juezas Marina Barbagelata y Carolina Castagno, que en las instancias previas convalidaron el pedido de los fiscales para que se dicten las prisiones preventivas por 90 días.
Cabe señalar que Aguilera y Almada son los únicos dos imputados que se encuentran alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. En tanto, Cardoso permanece con preventiva bajo la modalidad domiciliaria, publicó Análisis Digital.
Aguilera, cuñado del ex gobernador Urribarri, se desempeñaba al momento de los hechos investigados como asesor del bloque justicialista en la Cámara de Senadores de la provincia. Almada, cuñado de Aguilera, es empleado de la Cámara de Diputados. Y Cardoso, por su parte, se desempeñó como director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara Baja. Los tres están señalados como parte del mecanismo de desvío de fondos públicos a través de contratos “truchos”.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Daniel Carubia (presidente) y los vocales Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, dispusieron en semanas previas la libertad de Flavia Beckman, Esteban Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao, también imputados en el legajo, al considerar que no hay elementos que demuestren el entorpecimiento de la investigación o el peligro de fuga.
Postura del MPF
La procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, se encargó de responder los planteos defensivos que reclaman el cese de las prisiones preventivas para Cardoso, Aguilera y Almada.
La funcionaria habló del “poder” de la supuesta organización montada sobre la estructura del Estado, y ubicó tanto a Almada como a Aguilera con roles de relevancia en lo que calificó como una “asociación ilícita”. Además, remarcó la función de Cardoso: “Operaba para la organización emitiendo cheques”, dijo y agregó: “Llevaba dinero desde la recaudación de (Alfredo) Bilbao y (Ariel) Faure, que ejecutaban (Flavia) Beckman y (Hugo) Mena, y lo entregaba a personas con jerarquía en organización. La organización delictiva no está desmontada, está en funciones”, advirtió. “Nosotros investigamos el peculado -para la hipótesis acusatoria habrían sustraído unos dos mil millones de pesos en diez años- y también una asociación ilícita que se caracteriza por su configuración para delinquir. Esto funcionó con impunidad por lo menos durante diez años. Incluso hemos observado que se corrompía a los subordinados. Existen funcionarios de los servicios administrativos contables de las Cámaras que cobraban sobresueldos. No integraban la asociación, pero cobraban para mantener la estructura”, denunció la fiscal.
En ese contexto, la funcionaria judicial señaló al contador y ex director Administrativo del Servicio Contable del Senado, Gustavo Pérez. “Primero se lo detuvo a él, que tenía un rol importante para arriba y para abajo de la organización. Después se detuvo a Almada y Aguilera, también porque consideramos que tienen un rol especial en esta asociación ilícita”, acotó.
La vinculación de Aguilera
Goyeneche recordó que Aguilera y Almada tienen vínculos parentales. “Tomamos datos de personas contratadas y cobranzas de cheques del Banco de Entre Ríos y lo cruzamos con datos de otra causa donde Aguilera está imputado con el ex gobernador Sergio Urribarri por peculado. Se tomaron fotos de talonarios de facturas de unas diez personas. Algunas estaban emitidas a nombre de la Legislatura, aunque las personas dicen que no trabajaban para la Legislatura. La vinculación de Aguilera aparece allí en primer lugar. Después vuelve a aparecer a través de sus iniciales JPA, en referencia al dueño de grupos de contratos”, publicó Análisis Digital. La fiscal consideró que la organización delictiva montada sobre el aparato estatal, ejerce presión sobre los subordinados para que tengan “actitudes mendaces”. “La mantención de los vínculos de poder y la no intervención del Estado, hace que se mantengan estas actitudes por parte de los subordinados”, resaltó. “La idea de que la prisión preventiva sólo puede imponerse en caso de entorpecimiento y fuga, se toma por parte de los defensores como una argumentación suficiente, contundente. Pero no lo dicen todos los autores. Y tampoco es lo que dice nuestro Código ni nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. La regla es la proporcionalidad”, subrayó y anunció que la semana que viene, pedirán ampliaciones indagatorias para los tres imputados y, oportunamente, reclamarán la prórroga de las prisiones preventivas.