Causa contratos: sacan de la cárcel a dos contadores y le dan preventiva domiciliaria
La jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Carolina Castagno, admitió parcialmente las apelaciones planteadas por los defensores de los contadores Gustavo Pérez y Ariel Faure.
Así, dispuso que ambos imputados continúen en prisión preventiva por 60 días, tal como habían pedido los fiscales y admitido la jueza de Garantías Marina Barbagelata, pero que sea en el domicilio particular de cada uno. De este modo, los dos imputados dejarán la Unidad Penal N° 1 de Paraná y deberán permanecer con tobillera electrónica en sus casas.
“Creo que a la actualidad se mantienen los riesgos procesales. No sabemos dónde está el galpón que mencionaron Pérez y Hugo Mena Giovenni en un intercambio de mensajes. La Fiscalía todavía no pudo dar con ese domicilio y con la documentación que había adentro. Faure también eliminó documentación que la Fiscalía todavía no encontró. Los riesgos se mantienen”, señaló la magistrada. Sin embargo, consideró que la medida de coerción puede ser “menos gravosa”, y por eso dispuso que la prisión preventiva se cumpla en sus domicilios particulares.
“Acá no se juzga culpabilidad del imputado sino los riesgos”, señaló y destacó que “la resolución puesta en crisis cumple con la normativa procesal. El primer elemento es la presunción de culpabilidad. No podemos analizar si hay riesgos, si antes no sabemos que se presume la vinculación de la persona imputada con los hechos”, explicó y agregó que Barbagelata “valoró que Faure colaboró con el vaciamiento de oficina que compartía con (Alfredo) Bilbao, que fue una obstrucción y un riesgo”, consignó Análisis Digital.
Castagno retomó el fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia en relación a los imputados Alfredo Bilbao, Esteban Scialócomo, Flavia Beckman y Hugo Mena Giovenni, a quienes les levantaron las prisiones preventivas. “Entiendo que existen otros medios coercitivos menos lesivos para neutralizar riesgos procesales, como es la prisión domiciliaria”, consideró.
Por eso resolvió “hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de los defensores, contra la resolución dictada por la jueza de Garantías y que la prórroga por 60 días sea bajo la modalidad de arresto domiciliario”. Castagno prohibió a los imputados salir de sus casas y ordenó que designen un custodio y permanezcan con tobillera electrónica. También habilitó la reserva del caso federal que hicieron los defensores.
Conceptos de las apelaciones
“Respeto y admiro profundamente por sus fallos a la jueza Marina Barbagelata, pero a veces todos podemos cometer yerros”, dijo Miguel Cullen mientras le pedía a Carolina Castagno que revoque la resolución de la instancia anterior, que otorgó una prórroga por 60 días de las prisiones preventivas de Gustavo Pérez y Ariel Faure.
Junto a Guillermo Vartorelli y Leopoldo Cappa, Cullen apeló la resolución de primera instancia. Los defensores entienden que, como la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dio vuelta las decisiones inferiores respecto de las prisiones preventivas de Alfredo Bilbao, Esteban Scialócomo, Flavia Beckman y Hugo Mena Giovenni, en los casos de Gustavo Pérez y Ariel Faure los jueces deben pronunciarse en el mismo sentido de la cúpula del Poder Judicial. En caso contrario, como ya ocurrió con la resolución de la jueza de Garantías Barbagelata, hablan de “inseguridad jurídica”. Volvieron a hacer reserva del caso federal, publicó Análisis Digital.
Cullen se quejó de que cuando el Ministerio Público Fiscal pidió preventivas mientras dure la investigación, los jueces hayan decidido no concederlas y establecer un plazo de 90 días. “Ahora están prorrogando por 60 días, blanqueemos la situación”, pidió.
Por otro lado, Leopoldo Cappa, defensor de Faure dijo que la prórroga de la prisión preventiva por 60 días es “excesiva y vejatoria” y pidió tener en cuenta el fallo de la Sala Penal del STJ respecto de las prisiones preventivas de Bilbao, Scialócomo, Beckman y Mena.
Los fiscales
Los fiscales Aramberry y Yedro solicitaron que se confirme la resolución de Barbagelata. “Entendemos que la crítica al fallo de Barbagelata es sesgada, que toma elementos y no efectúa análisis contextualizado de fallo en sí mismo. La defensa refiere que es contradictorio porque recepta fundamentos del STJ, pero no capta en esencia complejidad de asunto. Entendemos que los imputados generaron un síndrome de riesgo. No podemos decir que no se verificaron nuevos episodios de obstaculización, y eso fue porque fue eficaz medida instrumental dispuesta. No puede ser ponderado que los encausados no hayan hecho nada para entorpecer, porque no es una conducta esperable de ellos”, sostuvo Aramberry.
Por su parte, Yedro se encargó de describir por qué Pérez y Faure, si estuvieran en libertad comportarían un riesgo para la investigación. Dijo que ambos son “dos integrantes con mayor responsabilidad en la mecánica de sustracción de dinero” y que tienen “posibilidad de entorpecer”. En ese sentido, mencionó que Faure “tiene contacto con las autoridades de la Cámara de Diputados”, en referencia a la ampliación indagatoria que hizo Sergio Cardoso, ex director Administrativo de la Cámara Baja.
En el desarrollo, Yedro señaló que Pérez renunció al Servicio Administrativo del Senado pero continuó yendo a la Casa de Gobierno cuando fue imputado, y que, además, fue quien se mensajeó con Hugo Mena Giovenni el día que allanaban la casa de este último. “Pérez le preguntó a Mena Giovenni si habían llegado hasta el galpón y Mena Giovenni le respondió que no. Entonces Pérez le dijo que se quede tranquilo porque en esto estaba el uno”, recordó Yedro y descartó que la conversación haya tenido un tono inocente como sostienen los defensores. Los abogados están apuntando sobre eso que no puede seguir usándose ese intercambio de mensajes como fundamento para prorrogar las preventivas, porque son de septiembre de 2018. “Sostener que Pérez no puede hoy en día obstaculizar la investigación no es creíble”, dijo.
En cuanto a Faure, la fiscal reseñó la ampliación del imputado Cardoso. “Contó que las autoridades de la Cámara le habían pedido que le otorgue un trato preferencial a Faure, que era quien llevaba contratos y cheques. Cuando se le preguntó a Cardoso quiénes eran las autoridades de la Cámara que le ordenaron eso, él mencionó a algunos diputados que desconocieron ante los fiscales tal cuestión. Entonces, lo que la Fiscalía entiende es que las autoridades de la Cámara de Diputados que mencionó Cardoso no eran esos diputados sino otras.
Ahí está el nexo, porque Faure tiene vinculación directa con las autoridades”, manifestó.