Comienza el juicio de un conocido narco
La capital entrerriana quedará en el centro de la escena judicial este lunes al iniciarse el juicio oral y público contra el hijo del denominado Zar de la Cocaína, hoy detenido en el penal de Ezeiza.
Iván Gabriel Villalba, junto a su guardaespaldas Rodrigo Karasik y Víctor Manuel Sánchez están acusados de transportar marihuana oculta en el baúl de un automóvil desde el norte argentino hasta el conurbano bonaerense. Pero en un operativo de rutina de Gendarmería en la zona de La Paz fue detenido. El joven estaba prófugo y tenía pedido de captura internacional. Presentó un nombre y apellido falso, pero no pudo evitar la cárcel. Tras varias dilaciones, dos años después de su arresto en Entre Ríos, Iván Villalba, será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná. Los Villalba no son una familia más en el partido bonaerense de San Martín. Allí, manejaron durante años el negocio de la droga. La venta a gran escala de estupefaciente le valió a Miguel Ángel Mameluco Villalba el apodo de el zar de la cocaína. Hoy está preso junto a su hermano y algunos de sus hijos.
Mameluco, que está cumpliendo una condena a 23 años de prisión, habría llegado a movilizar unos 30 millones de dólares mensuales. De pantalla tenía un lavadero de autos. Allí blanqueaba la plata que ganaba. En su afán por limpiar su imagen, tras salir de prisión en 2009 se presentó como candidato a intendente por el Peronismo Federal, pero no ganó y al año siguiente, en 2012, fue detenido. Este hombre les abrió a los hermanos Rodríguez Saá las puertas de su territorio político minado de villas: 40 asentamientos de emergencia.
Tras varias dilaciones, dos años después de su arresto en Entre Ríos, Iván Villalba, será juzgado. A cargo del debate estará el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, integrado por los jueces Noemí Berros, Roberto López Arango y Lilia Carnero. El representante del Ministerio Público Fiscal será José Ignacio Candioti. Los imputados llegan al debate luego de que la defensa, encabezada por el letrado Mariano Cúneo Libarona, hubiera presentado una serie de recursos con el fin de evitar o, en su caso, dilatar el comienzo del proceso.
En concreto, había intentado que se dictara la nulidad del procedimiento policial por el cual fueron apresados. Frente a esto, con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Candioti se opuso a la nulidad diciendo que “la Gendarmería había procedido a la requisa del auto en razón de existir razones objetivas que ameritaban sostener la existencia de sospecha razonable acerca de la presencia de elementos constitutivos de delito en el vehículo”. Los jueces, a su turno, le dieron la razón al fiscal.
Mameluco, que está cumpliendo una condena a 23 años de prisión, habría llegado a movilizar unos 30 millones de dólares mensuales. De pantalla tenía un lavadero de autos. Allí blanqueaba la plata que ganaba. En su afán por limpiar su imagen, tras salir de prisión en 2009 se presentó como candidato a intendente por el Peronismo Federal, pero no ganó y al año siguiente, en 2012, fue detenido. Este hombre les abrió a los hermanos Rodríguez Saá las puertas de su territorio político minado de villas: 40 asentamientos de emergencia.
Tras varias dilaciones, dos años después de su arresto en Entre Ríos, Iván Villalba, será juzgado. A cargo del debate estará el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, integrado por los jueces Noemí Berros, Roberto López Arango y Lilia Carnero. El representante del Ministerio Público Fiscal será José Ignacio Candioti. Los imputados llegan al debate luego de que la defensa, encabezada por el letrado Mariano Cúneo Libarona, hubiera presentado una serie de recursos con el fin de evitar o, en su caso, dilatar el comienzo del proceso.
En concreto, había intentado que se dictara la nulidad del procedimiento policial por el cual fueron apresados. Frente a esto, con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Candioti se opuso a la nulidad diciendo que “la Gendarmería había procedido a la requisa del auto en razón de existir razones objetivas que ameritaban sostener la existencia de sospecha razonable acerca de la presencia de elementos constitutivos de delito en el vehículo”. Los jueces, a su turno, le dieron la razón al fiscal.
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