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Gran cantidad de mercadería decomisada en el megaoperativo
Poco menos de medio centenar de bultos de grandes dimensiones con mercaderías fueron los decomisados durante el megaoperativo ordenado por el juez federal de Guleguaychú, doctor Hernán Viri, para determinar posibles irregularidades en las marcas y en la comercialización de los productos.
Como se informara, todo se realizó en aplicación de la Ley de Marcas Nº 22.362, comprobándose irregularidades en cuanto a la ley mencionada y aplicándose controles en cuanto al cumplimiento de impuestos y documentación de personas.
Al respecto, el magistrado señaló en declaraciones periodísticas que fueron relevados aspectos relacionados con las marca, posibles infracciones inmigratarorias e incumplimiento tributario. En la ocasión se secuestró documentación, teléfonos celulares, CPUs, cámaras, tarjetas de memoria, pendrives, etc..
El juez Viri señaló que no se dispuso la clausura de ningún local y que todos los que estaban en regla no tuvieron que cerrar sus puertas.
“Donde hubo irregularidades migratorias fueron en dos comercios. Y con una mujer boliviana estuvimos trabajando hasta la madrugada.En todos los comercios se secuestró ropa por fraude marcario”, informó el titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú agregando que, respecto a lo secuestrado (especialmente una elevada cantidad de ropa), aún no ha decidido su destino futuro, pero seguramente será distribuido en varios lugares donde sea necesario.
Por su parte el administrador de la Aduana de Gualeguaychú, Gustavo Falcón, también detalló el megaoperativo indicando que en los 33 comercios allanados hubo procedimientos positivos y que lo incautado quedó guardado en el depósito aduanero.
El funcionario destacó la tarea previa desplegada por el Juzgado Federal local, y lo realizado durante el megaoperativo en el que, además de personal aduanero, intervino de Gendarmería Nacional, de la Dirección General Impositiva y de la Seguridad Social.
Se ocupó de remarcar que el despliegue del martes nada tuvo que ver con "una cuestión de nacionalidad sino que, por sus características, la Justicia determinó que los comercios no cumplían con las reglas".
Reclaman para que se inicie el juicio a Sebastián Sire
Horas atrás se realizó en nuestra ciudad una movilización vecinal reclamando que la Justicia disponga a la mayor brevedad que se abra el juicio contra Sebastián Sire, el sujeto de 42 años de edad que en la madrugada del 8 de junio último ingresó a la casa de su expareja Roció Barrozo e intentó ultimarla a puñaladas.
Sire fue atrapado horas después por la Policía cuando caminaba por inmediaciones del Corsódromo y desde entonces permanece detenido con prisión preventiva.
Durante la reciente marcha se conocieron algunos detalles sobre otras instancias en las que el sujeto atacó a mujeres, detallándose que al menos hay otras dos víctimas del accionar del brutal individuo, siendo una de ellas una mujer que tenía 14 años cuando sufrió ataques por parte de Sire; otra víctima, según trascendió, denunció que el sujeto atentó sexualmente y contra ella y su hijita de solo 4 años.
Recordemos que Sebastián Sire, en la madrugada del intento de perpetrar el femicidio, irrumpió por una ventana a la casa de su expareja y le propinó más de una docena de puñaladas.
La intervención de una hija de 15 años de la víctima hizo que el sujeto huyera, mientras que Rocío era trasladada al Hospital ”Centenario”, donde fue asistida con la premura que su caso exigía.
Empleado judicial complicado en causa narco
Un empleado de la Unidad Fiscal de Concordia, investigado por la Justicia por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público -lo acusan de pasar datos a un reconocido narco- fue sometido a sumario por disposición de la Procuración General de la Provincia, y está en su casa percibiendo sólo el 50 por ciento de su salario.
Se trata de Guillermo Andrés Cáceres, un ordenanza de Fiscalía, que quedó implicado en una oscura trama que envuelve a un conocido narco, exfutbolista, y a un agente del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
A través de la Resolución N° 39, el Procurador General Jorge García, y ante la “iniciación de actuaciones penales respecto del agente Guillermo Andrés Cáceres, dependiente de la UFI Concordia” y “sin perjuicio de la causa penal, es menester dar inicio al pertinente sumario administrativo, el que deberá estar a cargo del Fiscal Coordinador José Costa”.
Incumplimiento del arresto domiciliario
Efectivos de la Motorizada, que realizaban patrullaje por la Costanera Sur, interceptaron a un individuo mayor de edad que transitaba por la zona aunque debía estar cumpliendo con arresto domiciliario hasta el 19 de julio del corriente año, ya que se encuentra imputado en una causa judicial.
Ante tal situación se puso en conocimiento a la Fiscalía interviniente, desde la que se ordenó el traslado a la Jefatura Departamental del individuo, quien ahora donde permanece detenido a disposición de la Justicia por haber quebrantado la medida dispuesta.
Dos personas detenidas en flagrancia
Efectivos policiales de la Comisaria 8va que recorrían la zona de Asisclo Méndez y Goldaracena, interceptó a dos sujetos, quienes transportaban una batea, no pudiendo justificar el origen de la misma.
Por ese motivo se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, desde la que se ordenó el secuestro de la batea hasta tanto se establezca la procedencia de la misma. También se dispuso el traslado de los individuos a dependencia policial para una fehaciente identificación.
Iniciadas la investigaciones aa respecto, los policías lograron establecer que el citado elemento había sido sustraído de una casa en inmediaciones de 10 de Junio y bulevar Jurado.
Secuestro de una motocicleta
En la media tarde de la víspera, personal de la Sección Motorizada que patrullaba en la zona de Buenos Aires y Constitución, observó a un individuo circulando en un motovehículo, resultando sospechosa la actitud del desconocido.
Por tal motivo los uniformados procedieron a la identificación del joven de 26 años de edad, quien dio respuestas poco convincentes sobre la procedencia del rodado, constatándose que no contaba con la documentación registral.
Posteriormente el verificador policial corroboró que el rodado en cuestión tenía anomalías en la Cédula de Identificación.
Se puso en conocimiento a las autoridades del Juzgado Federal local, quienes dispusieron el secuestro del rodado y el traslado del sujeto a la Jefatura Departamental, para una correcta identificación.
Ofrecen recompensa por datos de la desaparecida familia Gill
El Estado argentino pagará una recompensa de 9 millones de pesos a quien pueda aportar datos sobre el paradero de la familia Gill, cuyo rastro se perdió en Nogoyá en el verano de 2002, y de quienes no se ha vuelto a tener noticias.
El trabajo judicial de Gustavo Acosta, juez de Transición y Garantía de Nogoyá (desde 2015 al frente de la investigación), junto a María Delia Gallegos –familiar de los desaparecidos-, logró que en abril último los recibieran funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández.
En mayo, desde el Ministerio de Seguridad pidieron al magistrado un "oficio ampliatorio", y ahora se ofreció una recompensa de un millón y medio de pesos por cada uno de los integrantes de la familia desaparecida, que son 6, lo que totaliza 9 millones de peros por todo el grupo familiar.
La familia Gill vivía en la estancia La Candelaria, en Crucesitas Séptima, departamento Nogoyá. El 13 de enero de 2002 se lo vio por última vez a Rubén Gill, quien tenía 56 años, el jefe de la familia; a su mujer Norma Margarita Gallego (26) y a sus hijos María Ofelia (12), Osvaldo José (9), Sofía Margarita (6) y Carlos Daniel (3). Lo último que se supo fue que habían emprendido un viaje corto -de unos 30 kilómetros- hasta la ciudad de Viale, donde estuvieron en un velorio.
Desde entonces nada se sabe de la familia. En una primera instancia, la lupa judicial se posó sobre Alfonso Francisco Goette, propietario del campo donde vivía la familia Gill. Sin embargo, cualquier información que pudo haber tenido se perdió la noche del jueves 16 de junio de 2016, cuando el hombre murió en un siniestro vial.
La crónica policial de aquel día habló de una mala maniobra que provocó la salida de la ruta, el despiste y el vuelco de la camioneta Nissan Frontera que conducía el hombre, entonces de 70 años. El accidente fatal ocurrió en la intersección de las rutas 32 y 35.
El juez Acosta no ha dejado de realizar procedimientos, tomar testimoniales, contactar testigos y buscar apoyo de especialistas. Sin embargo, a 20 años de la desaparición, el magistrado lamentó que la causa siga sin datos que brinden una respuesta. "Hasta ahora hemos fracaso como Justicia. La verdad no pudimos darle respuestas a los familiares de los Gill sobre lo que pasó con Mencho, Norma y sus cuatro hijos".
La búsqueda de los Gill ha requerido de los servicios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que estuvo trabajando en La Candelaria, sin resultados.
"El Equipo de Antropología Forense sigue colaborando con la causa. Nosotros vamos a conseguir la información y luego informamos para ver si hacen el georadar. Si esta persona señala el lugar donde vio a Mencho, tomamos coordenadas y hacemos el georadar; después vemo si se excava", explicó el juez Acosta a Entre Ríos Ahora.