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Nueva suspensión por la causa de corrupción en Larroque
El Juzgado de Garantías y Transición N° 1, a cargo del juez Tobías Podestá, extendió el plazo por tres días hábiles para la audiencia de remisión a juicio de la causa por los delitos de fraude a la administración pública,
abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público que tiene en jaque desde hace cuatro años al ex intendente Raúl Riganti y al flamante intendente Leonardo Hassel, entre otros funcionarios y empresarios.
En principio, la audiencia se iba a realizar hoy, pero a raíz de que el defensor particular Miguel Ángel Cullen, que asistir al empresario Néstor Hereñú, de la firma OIC SA, tiene una audiencia por la causa de narcotráfico en Paraná, manifestó su imposibilidad de viajar a Gualeguaychú.
El otro inconveniente está dado porque la propia Municipalidad de Larroque, a raíz del traspaso de autoridades, obligó al apoderado del Municipio (que es el actor civil) a renunciar y las flamantes autoridades deben nombrar a su reemplazante.
Se da una paradoja: Hassell, flamante intendente, debe nombrar al abogado que representará los intereses de la Municipalidad que realizó bajo la gestión saliente de Darío Benedetti una denuncia contra el propio intendente que estará al frente de esa comuna durante los próximos cuatro años.
La causa
La causa por supuesto sobreprecio en la obra de 14 cuadras de Larroque, fue la primera y única que llegó a los Tribunales de Gualeguaychú por motivos de corrupción. Fue en 2016. Luego aparecerían otros casos en la provincia como el de la Municipalidad de Seguí, en la que está imputado el intendente Cristian Treppo; y el de Santa Elena, en la que está acusado el intendente electo Domingo Daniel Rossi.
En 2016, tras asumir la intendencia, Benedetti realizó una auditoría que determinó una supuesta sobrefacturación en la obra de 14 cuadras realizada con fondos nacionales del plan “Más Cerca”, por un monto de 21,6 millones de pesos.
Aquella tarea de Benedetti mereció una felicitación pública del presidente Mauricio Macri.
La auditoría consideró que la obra debió haber costado poco más de cinco millones de pesos y por ello el Estado Municipal devolvió 13 millones de pesos al Gobierno Nacional.
En una primera instancia, la investigación estuvo a cargo del fiscal Sergio Rondoni Caffa (hoy juez de Garantías de Federación), quien imputó a Riganti por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La misma imputación recayó también sobre el ex secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Rochelle; el ex secretario de Hacienda, Norberto Marchesini; el ex secretario de Gobierno y actual intendente electo, Leonardo Martín Hassell, y Néstor Hereñú, directivo de la constructora Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA) que realizó la obra de asfaltado en 2015.