Se pospuso el juicio por las torturas en el convento de las Carmelitas Descalzas
El juicio para determinar responsabilidades por la presunta privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de dos religiosas en el convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá que estaba previsto comenzar el próximo 12 de marzo se suspendió hasta junio debido a problemas de salud de la única imputada en la causa, la ex superiora Luisa Toledo.
La causa se abrió el 25 de agosto de 2016 tras la investigación periodística de la Revista Análisis, e investiga las denuncias de dos ex religiosas sobre aplicación de tormentos y privación de la libertad en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.
La monja que durante más de dos décadas dirigió el monasterio fue apartada de su rol de Madre Superiora por el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, ni bien salió a la luz la perversidad del accionar en el interior del convento.
La Oficina de Gestión de Audiencia había fijado para los días 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 y 27 de marzo, y 5 y 15 de abril de 2019 las audiencias de debate, en el legajo que tiene como única imputada a la monja Luisa Toledo.
La publicación de la revista Análisis reveló los hechos luego de una investigación que demandó más de dos años de trabajo y contó con los testimonios de ex religiosas y sus familiares, además de médicos de la localidad que habrían asistido a las religiosas.
Según se contó, en el convento inaugurado en 1991 había “castigos permanentes; es habitual el uso del látigo y el cilicio para auto flagelarse; hubo casos de desnutrición y existe una estricta prohibición “de no hablar” de lo que sucede.
También se reveló que “varias de las ex monjas están con tratamientos psicológicos en Entre Ríos o Santa Fe, por las secuelas que tuvieron” y que “el arzobispo de Paraná, Puiggari -quien debe ejercer la autoridad sobre el convento- nunca hizo nada para revertir la situación, pese a que viene tomando conocimiento de los excesos que se cometen. Tampoco se ocuparon, en sus mandatos, ni Estanislao Karlic ni Mario Maulión”, ambos ex arzobispos de la capital entrerriana, consignó Análisis Digital.
De acuerdo a la publicación de Análisis “nadie de la comunidad conoce realmente lo que sucede allí, por el voto de silencio al que están obligadas a cumplir cada una de las 18 religiosas (eran 23 hasta hace unos pocos años) que allí se encuentran. Tampoco saben lo que pasa puertas adentro sus familiares directos, precisamente por ese pacto de confidencialidad absoluta. En cada visita de un familiar, siempre hay una monja de testigo para escuchar lo que se habla y no se permite conversar de cuestiones mundanas”, y que “si ello sucede, de inmediato se avisa a la madre superiora y el castigo es la consecuencia directa”.
Allanamiento
En agosto de 2016, luego de la denuncia, el fiscal de Nogoyá Federico Uriburu ordenó el allanamiento del convento, donde residían unas 18 monjas, la mayoría de las cuales ingresó a los 18 años, aunque algunas estarían allí desde los 16 años.
En el procedimiento, que se inició a la madrugada del 25 de agosto, las autoridades judiciales y policiales ingresaron al convento en una acción de oficio a partir de la denuncia periodística. Fue el mismo fiscal Uriburu quien encabezó el operativo.
En aquella oportunidad, el funcionario judicial reveló que se encontraron cilicios y látigos “por lo cual, en un principio, hablamos de un allanamiento con resultado positivo”. Si bien fue cauteloso en aquel momento, el funcionario señaló que “la investigación comenzó de oficio, y en caso de acreditarse el delito puede ser de privación ilegítima de la libertad agravada, o aplicación de tormentos”.
Aquella mañana del 25 de agosto de 2016, los policías debieron romper la puerta de ingreso al convento, debido a que las autoridades del lugar se resistieron a acatar la orden y mantuvieron cerradas las puertas de la casa religiosa, que fueron rotas para poder cumplir con la orden de la Justicia.