Violencia de género: le dieron un año de prisión condicional más restricción de acercamiento, pero sigue el riesgo
La justicia local condenó ayer –en un procedimiento abreviado- a Julio Miguel Sparapán (56 años) a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, al encontrarlo responsable del delito de desobediencia judicial en dos hechos vinculados con la violencia de género. La sentencia quedó firme porque las partes renunciaron a los plazos de apelación.
El Tribunal estuvo presidido por el juez Guillermo Biré, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Carolina Costa y actúo como defensor oficial, el abogado Pablo Ronconi.
Los dos hechos que hace la referencia a la desobediencia judicial estuvieron vinculados con una orden de “exclusión del hogar y prohibición de ingreso” de Sparapán, como asimismo “la prohibición de realizar actos molestos y perturbadores sobre la señora María Elena Ayala”. El primero ocurrió el 15 de agosto de 2014, poco antes de las 23, cuando Sparapán desobedeció una orden judicial establecida por el juez de Familia de Gualeguaychú Héctor Domingo Vassallo, quien llevó adelante el legajo caratulado “Ayala María Elena – Denuncia violencia familiar”.
La medida incluía a Ayala y a su grupo familiar conviviente y por eso también se le aplicó una prohibición de “merodeo de 200 metros” de dicho hogar.
En esa oportunidad, Sparapán fue aprehendido por dos funcionarios policiales que prestan servicios en la Comisaría 3era, en el interior del domicilio de Ayala ubicado en el Barrio Cuchilla 1.
El segundo ocurrió el 28 de noviembre del año pasado, aproximadamente a las 20. Esa vez, fueron también dos policías de la Comisaría 3era que lo aprehendieron en el interior del domicilio. Si bien en ambos casos, Ayala no se encontraba, la prohibición estaba activa.
Por eso ahora se le impuso a Sparapán las siguientes reglas de conducta, durante el tiempo de ejecución condicional, que consistentes en: 1) Fijar residencia en la jurisdicción de Gualeguaychú. 2) La prohibición de efectuar cualquier nuevo acto de violencia psíquica y/o física para con la denunciante y prohibición de acercamiento al domicilio del Barrio Cuchilla I. 3) La prohibición de efectuar cualquier acto molesto o de intimidación psíquica y/o física para con los progenitores, hermanos y/o familiares directos de la denunciante. 4) La realización de tareas comunitarias en el Salón de Usos Múltiples del Barrio “Toto Irigoyen” por el tiempo que dure la condena. 5) La abstención de consumir estupefacientes y de abusar del uso de bebidas alcohólicas en la vía pública.
Es importante aclarar que el juicio abreviado que condujo el juez Biré está vinculado a la desobediencia judicial (en dos ocasiones) y no estrictamente a la violencia de género, que sí abordó en su momento el juez Vassallo.
¿Es suficiente la medida?
Las órdenes de restricción de acercamiento son medidas dispuestas por la Justicia, ante una denuncia de una persona que siente amenazada su seguridad e integridad.
La restricción puede ser hacia el hogar, pero también el impedimento de contacto, es decir, un cerco perimetral sobre la víctima.
Se entiende que son medidas que se aplican en favor de la víctima –también en muchos casos se extienden a sus hijos y grupo de pertenencia. y que tiene como primer objetivo la protección. Pero hay que decirlo claramente: son medidas insuficientes.
Estas medidas siempre se dan por plazos perentorios, que una vez vencidos la víctima debe volver a pedirlas. Claramente, es insuficiente porque se trata de una medida temporal que es necesario prolongar en el tiempo y no dejarle toda la responsabilidad a la víctima.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una guía para mujeres en situación de violencia de género, donde se detalla paso por paso cómo se puede realizar una denuncia y cómo solicitar una medida de protección.
“Como mujer víctima de violencia tenés derecho a pedir una medida de protección (exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, cese del hostigamiento) contra el agresor. También las leyes te otorgan el derecho a acceder sin trabas al patrocinio jurídico gratuito”, indica la guía.
También se explica que “si el agresor viola la medida cautelar (se te acerca, te agrede, te invade) tenés que denunciar urgente la violación de la medida en la comisaría”. Y añade: “Allí te van a pedir copia de la medida cautelar que se está violando para adjuntarla a la denuncia y para que el personal policial verifique que la medida existe y está vigente”.
Por último, resalta que “la violación de una orden judicial es un delito penal: desobediencia”. Y este caso es un claro exponente de esta situación.
Botón antipánico, otra opción
En la Jefatura Departamental de Policía existe la tecnología para aplicar el botón antipánico en los celulares, que es una medida que fortalece la disposición de restricción. Es decir, los jueces ahora tienen más elementos para actuar en casos de violencia de género; pero eso no quiere decir que utilicen esos elementos de manera automática.
El botón antipánico es considerado una medida superior a la antigua consigna policial. Permite que la mujer no tenga que permanecer encerrada en su casa y pueda pedir ayuda urgente esté en donde esté.
Llama mucho la atención que la Justicia local no aplique este sistema de manera más generalizada y también llama la atención que a los agresores (con penas condicionales) no se les obligue a realizar algún taller vinculado con la violencia de género o violencia doméstica, según el caso que corresponda. Son instancias que no hay que minimizarlas, porque la pena condicional no eclipsa el riesgo, sino en muchos casos hasta lo puede potenciar.
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
Los dos hechos que hace la referencia a la desobediencia judicial estuvieron vinculados con una orden de “exclusión del hogar y prohibición de ingreso” de Sparapán, como asimismo “la prohibición de realizar actos molestos y perturbadores sobre la señora María Elena Ayala”. El primero ocurrió el 15 de agosto de 2014, poco antes de las 23, cuando Sparapán desobedeció una orden judicial establecida por el juez de Familia de Gualeguaychú Héctor Domingo Vassallo, quien llevó adelante el legajo caratulado “Ayala María Elena – Denuncia violencia familiar”.
La medida incluía a Ayala y a su grupo familiar conviviente y por eso también se le aplicó una prohibición de “merodeo de 200 metros” de dicho hogar.
En esa oportunidad, Sparapán fue aprehendido por dos funcionarios policiales que prestan servicios en la Comisaría 3era, en el interior del domicilio de Ayala ubicado en el Barrio Cuchilla 1.
El segundo ocurrió el 28 de noviembre del año pasado, aproximadamente a las 20. Esa vez, fueron también dos policías de la Comisaría 3era que lo aprehendieron en el interior del domicilio. Si bien en ambos casos, Ayala no se encontraba, la prohibición estaba activa.
Por eso ahora se le impuso a Sparapán las siguientes reglas de conducta, durante el tiempo de ejecución condicional, que consistentes en: 1) Fijar residencia en la jurisdicción de Gualeguaychú. 2) La prohibición de efectuar cualquier nuevo acto de violencia psíquica y/o física para con la denunciante y prohibición de acercamiento al domicilio del Barrio Cuchilla I. 3) La prohibición de efectuar cualquier acto molesto o de intimidación psíquica y/o física para con los progenitores, hermanos y/o familiares directos de la denunciante. 4) La realización de tareas comunitarias en el Salón de Usos Múltiples del Barrio “Toto Irigoyen” por el tiempo que dure la condena. 5) La abstención de consumir estupefacientes y de abusar del uso de bebidas alcohólicas en la vía pública.
Es importante aclarar que el juicio abreviado que condujo el juez Biré está vinculado a la desobediencia judicial (en dos ocasiones) y no estrictamente a la violencia de género, que sí abordó en su momento el juez Vassallo.
¿Es suficiente la medida?
Las órdenes de restricción de acercamiento son medidas dispuestas por la Justicia, ante una denuncia de una persona que siente amenazada su seguridad e integridad.
La restricción puede ser hacia el hogar, pero también el impedimento de contacto, es decir, un cerco perimetral sobre la víctima.
Se entiende que son medidas que se aplican en favor de la víctima –también en muchos casos se extienden a sus hijos y grupo de pertenencia. y que tiene como primer objetivo la protección. Pero hay que decirlo claramente: son medidas insuficientes.
Estas medidas siempre se dan por plazos perentorios, que una vez vencidos la víctima debe volver a pedirlas. Claramente, es insuficiente porque se trata de una medida temporal que es necesario prolongar en el tiempo y no dejarle toda la responsabilidad a la víctima.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una guía para mujeres en situación de violencia de género, donde se detalla paso por paso cómo se puede realizar una denuncia y cómo solicitar una medida de protección.
“Como mujer víctima de violencia tenés derecho a pedir una medida de protección (exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, cese del hostigamiento) contra el agresor. También las leyes te otorgan el derecho a acceder sin trabas al patrocinio jurídico gratuito”, indica la guía.
También se explica que “si el agresor viola la medida cautelar (se te acerca, te agrede, te invade) tenés que denunciar urgente la violación de la medida en la comisaría”. Y añade: “Allí te van a pedir copia de la medida cautelar que se está violando para adjuntarla a la denuncia y para que el personal policial verifique que la medida existe y está vigente”.
Por último, resalta que “la violación de una orden judicial es un delito penal: desobediencia”. Y este caso es un claro exponente de esta situación.
Botón antipánico, otra opción
En la Jefatura Departamental de Policía existe la tecnología para aplicar el botón antipánico en los celulares, que es una medida que fortalece la disposición de restricción. Es decir, los jueces ahora tienen más elementos para actuar en casos de violencia de género; pero eso no quiere decir que utilicen esos elementos de manera automática.
El botón antipánico es considerado una medida superior a la antigua consigna policial. Permite que la mujer no tenga que permanecer encerrada en su casa y pueda pedir ayuda urgente esté en donde esté.
Llama mucho la atención que la Justicia local no aplique este sistema de manera más generalizada y también llama la atención que a los agresores (con penas condicionales) no se les obligue a realizar algún taller vinculado con la violencia de género o violencia doméstica, según el caso que corresponda. Son instancias que no hay que minimizarlas, porque la pena condicional no eclipsa el riesgo, sino en muchos casos hasta lo puede potenciar.
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
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