Agmer reclama por la ley que prohíbe el cobro de plus médico
El 14 de abril del año pasado, la Cámara baja dio media sanción -por unanimidad- al proyecto de ley por el que se busca prohibir el cobro del plus médico, impulsado por el entonces diputado Daniel Ruberto (FpV). Desde esa fecha el texto pasó al Senado provincial, donde aún no fue tratado.
La iniciativa contempla la conformación de un cuerpo de inspectores con personal de diferentes obras sociales, quienes inspeccionarán activa y regularmente los consultorios o centros de salud donde los profesionales se desempeñen; en caso de detectar el cobro del plus, los inspectores labrarán un acta “in situ” y deberá darse intervención a la AFIP y la ATER, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes.
“Esto es el puntapié inicial, es una cuestión que la gente reclama mucho, para que el paciente en el consultorio no se sienta desamparado ante este tipo de prácticas. Por eso, es bueno que el legislador piense en el más débil”, argumentó en el recinto Ruberto al momento de la sanción, según informó entonces Recintonet.
Paralelamente, la Cámara alta dio medio aval el 30 de noviembre del año pasado al proyecto impulsado por el ex senador César Melchiori, que también prohíbe el cobro de plus en la provincia, ubica como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud y también ordena a las obras sociales a conformar un cuerpo de inspectores que actuarán del mismo modo a lo que plantea el proyecto de Ruberto.
Las obras sociales, entre ellas el Iosper y el PAMI, impulsaron la sanción de una norma común, pero en la Legislatura se avanzó con proyectos paralelos, cada uno con medio aval de la Cámara de origen respectiva.
Previo a este escenario, el 24 de septiembre de 2014 en un cónclave en Paraná, 18 obras sociales de la provincia firmaron un pronunciamiento en el que acordaron acciones en conjunto con la vista puesta en erradicar el cobro de plus por parte de los médicos a sus afiliados, y trasladaron esa inquietud a la Legislatura. Desde allí, a contramano de la intención de un texto único, nacieron -como ya se dijo- dos iniciativas, una en cada Cámara.
Ahora, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), a través del director docente en el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Marcelo Pagani, reclamó la sanción de la Ley Antiplus por parte de la Legislatura provincial, y recordó las acciones sindicales realizadas en tal sentido.
“En febrero de este año, el Congreso de Agmer realizado en Tala aprobó por unanimidad –a propuesta del Director Docente en IOSPER- comprometer a los senadores de cada departamento en el apoyo de la sanción definitiva”, marcó Pagani, quien resaltó que la iniciativa legislativa cuenta “con el apoyo total de IOSPER y del resto de las obras sociales provinciales y nacionales”, y se trata “de una lucha histórica” del gremio mayoritario docente.
En ese orden, señaló que las “acciones gremiales ya se vienen realizando, ya se han mantenido encuentros con legisladores desde las seccionales Paraná y Federación y se tiene previsto continuar con los mismos”.
El gremio fue enfático en definir al cobro del plus “como una práctica llanamente abusiva, porque hay –entre otras razones- abuso de poder”; y añadió que es “ilegal”, ya que “violenta y vulnera los convenios prestacionales acordados porque el profesional está cobrando dos veces por el mismo servicio, además de violentar los derechos del afiliado que ejerce –de hecho pleno- la convalidación de los acuerdos al presentar su orden de consulta, de internación, etc.”, y una práctica “desleal” ya que se cobra dos veces por el mismo servicio.(RecintoNet)
“Esto es el puntapié inicial, es una cuestión que la gente reclama mucho, para que el paciente en el consultorio no se sienta desamparado ante este tipo de prácticas. Por eso, es bueno que el legislador piense en el más débil”, argumentó en el recinto Ruberto al momento de la sanción, según informó entonces Recintonet.
Paralelamente, la Cámara alta dio medio aval el 30 de noviembre del año pasado al proyecto impulsado por el ex senador César Melchiori, que también prohíbe el cobro de plus en la provincia, ubica como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud y también ordena a las obras sociales a conformar un cuerpo de inspectores que actuarán del mismo modo a lo que plantea el proyecto de Ruberto.
Las obras sociales, entre ellas el Iosper y el PAMI, impulsaron la sanción de una norma común, pero en la Legislatura se avanzó con proyectos paralelos, cada uno con medio aval de la Cámara de origen respectiva.
Previo a este escenario, el 24 de septiembre de 2014 en un cónclave en Paraná, 18 obras sociales de la provincia firmaron un pronunciamiento en el que acordaron acciones en conjunto con la vista puesta en erradicar el cobro de plus por parte de los médicos a sus afiliados, y trasladaron esa inquietud a la Legislatura. Desde allí, a contramano de la intención de un texto único, nacieron -como ya se dijo- dos iniciativas, una en cada Cámara.
Ahora, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), a través del director docente en el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Marcelo Pagani, reclamó la sanción de la Ley Antiplus por parte de la Legislatura provincial, y recordó las acciones sindicales realizadas en tal sentido.
“En febrero de este año, el Congreso de Agmer realizado en Tala aprobó por unanimidad –a propuesta del Director Docente en IOSPER- comprometer a los senadores de cada departamento en el apoyo de la sanción definitiva”, marcó Pagani, quien resaltó que la iniciativa legislativa cuenta “con el apoyo total de IOSPER y del resto de las obras sociales provinciales y nacionales”, y se trata “de una lucha histórica” del gremio mayoritario docente.
En ese orden, señaló que las “acciones gremiales ya se vienen realizando, ya se han mantenido encuentros con legisladores desde las seccionales Paraná y Federación y se tiene previsto continuar con los mismos”.
El gremio fue enfático en definir al cobro del plus “como una práctica llanamente abusiva, porque hay –entre otras razones- abuso de poder”; y añadió que es “ilegal”, ya que “violenta y vulnera los convenios prestacionales acordados porque el profesional está cobrando dos veces por el mismo servicio, además de violentar los derechos del afiliado que ejerce –de hecho pleno- la convalidación de los acuerdos al presentar su orden de consulta, de internación, etc.”, y una práctica “desleal” ya que se cobra dos veces por el mismo servicio.(RecintoNet)
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