Castrillón criticó a los legisladores por no crear la Fiscalía Anticorrupción
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Aroldo Castrillón, brindó ayer al mediodía el discurso de apertura del año judicial ante un salón de tribunales colmado de magistrados, fiscales, legisladores y funcionarios del gobierno provincial.
Con el acompañamiento del gobernador Gustavo Bordet, el máximo responsable de la Justicia entrerriana emitió un discurso en el cual se refirió a demandas del Poder Judicial hacia el poder político y referencias a cuestiones internas.
Habló de la necesidad de un control más riguroso en los gastos de la Justicia luego de un período de “turbulencias” por el que atravesó dicho poder, registró Análisis Digital.
En ese marco, aseguró que el STJ hará su aporte a la iniciativa política de narcomenudeo e instó a los legisladores a que den recursos a la Fiscalía Anticorrupción para que pueda trabajar. En ese sentido, mencionó al procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García, y le recordó la necesidad de que “los que sean responsables de delitos, paguen por dicha responsabilidad”.
Uno de los puntos importantes del discurso de Castrillón fue la necesidad del control de los gastos del Poder Judicial. “Nosotros llegamos y después de las turbulencias que sufrimos, tuvimos la necesidad de tener un control de gastos. Por eso fue que le pedimos al señor presidente del Tribunal de Cuentas y al vocal al que le corresponde la Justicia, una auditoría permanente en el Poder Judicial”, expresó Castrillón. Los dichos del máximo juez se dan luego de lo que fue un año tumultuoso para la Justicia con dos pedidos de juicio político a dos de sus integrantes -el de Carlos Chiara Díaz tuvo continuidad en la legislatura, mientras que el de Claudia Mizawak no prosperó por el blindaje del justicialismo- en relación a los gastos que tenía el máximo órgano judicial.
“Necesitamos un control permanente. Hemos dado instrucciones de que cualquier acto u operación importante del Poder Judicial tenga la intervención previa del Tribunal de Cuentas. Sobre todo, porque no sólo creemos que somos honestos, sino que además debemos parecerlo y demostrarlo”, agregó.
Narcomenudeo
En su discurso -y en la conferencia de prensa previa- Castrillón se refirió a la iniciativa del gobernador Gustavo Bordet sobre la Ley de Narcomenudeo. “Le manifesté al gobernador que es una función que no es de la provincia de Entre Ríos, que la asumimos porque evidentemente hay una necesidad. Vamos a tener que medir y a partir de la medición pueden llegar a hacer falta funcionarios, pueden hacer falta defensores. Pero hay que asumir que en Entre Ríos el narcomenudeo existe y que corrompe las bases de nuestra sociedad, y fundamentalmente nuestros jóvenes que pueden aportar mucho en el futuro, en lugar de aportar para el delito y el castigo”.
Luego interpeló a los legisladores sobre la necesidad de que brinden herramientas y presupuesto para el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción. “La Fiscalía Anticorrupción y la organización de la misma es una tarea de ustedes. El artículo constitucional es meramente operativo. Forma parte de la Procuración y le tienen que fijar la estructura y las reglas, a efecto de que no sea vulnerada la tarea que le fijó la Constitución. Esa es una tarea pendiente, lo marco como reflexión y no como un reproche”, expresó Castrillón.
Más cerca del final de su discurso, mencionó a Jorge Amílcar García y le dijo: “De usted depende que todas las personas que hayan sido responsables de delitos, paguen por dicha responsabilidad”. En ese punto, Castrillón hizo referencia a que de esa manera se podrá avanzar en determinar la veracidad y la justicia sobre hechos denunciados “en una revista o sitios digitales”. Fue luego de ese momento, casi al final de su discurso, que despertó las risas de los asistentes con una ironía que generó alguna que otra cara de disgusto: “Así, entre tantos viajes que hacemos a Punta del Este, podremos llevarnos algunos oficios”, criticó.
Otros temas
Posteriormente, le pidió al presidente del Iosper, Fernando Cañete, que cese con la conflictividad existente en la obra social. “La obra social -y sus prestaciones- deben ser revisadas y actualizadas. Debemos cubrir las falencias que tiene, incluir las nuevas actualizaciones, las nuevas coberturas, los nuevos derechos que se adquirieron con las adhesiones a la discapacidad, a la vejez, a la mujer, etcétera. Para que de esa manera sea más viable y el que la necesite tenga seguro la cobertura que requiere”. Cañete escuchó in situ el reclamo de la máxima autoridad judicial, registró Análisis Digital.
Luego llegó el turno de una referencia interna. Cuando se estaba refiriendo al concurso para cubrir las nueve vacantes en el área médica del Poder Judicial, Castrillón trajo a colación -sin mencionarlo- a Antonio Vitale, ex perito balístico del STJ y actualmente en juicio oral y público acusado de haber robado armas del Poder Judicial para reinsertarlas en el mercado delictivo. “Queremos establecer un Departamento Médico Forense fuerte, de tal manera que tengamos certeza en la prueba y en los delitos. Así como en el tema armas, el decantador fue un compañero de trabajo infiel y nos pusimos a arreglar el tema del secuestro de armas, pero no queremos que nos aparezca algún infiel que encuentre en un cuerpo un casquillo de una bala que no sea, haciendo estéril o injusta la actuación de la Justicia”, ejemplificó.
Violencia de género
En este punto, Castrillón recordó a Carmen Argibay (ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y destacó a Susana Medina de Rizzo -actual vicepresidenta del STJ- “como la máxima jefatura mundial de la mujer” y el rol que ha jugado el centro de género que condujo Medina de Rizzo. Marcó la importancia de la articulación del mismo con distintos estamentos públicos, para avanzar en la prevención y un análisis del estado de situación. Fue a través de esa Oficina de la Mujer que Castrillón dio a conocer una serie de datos en relación a la violencia de género y su manifestación en el ámbito judicial.
Según Castrillón, durante 2016 hubo 7.819 denuncias por violencia de género. En 2017 fueron 9.065 los casos de mujeres que denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia y durante el 2018 se han registrado 846 denuncias acumuladas. En total, durante más de dos años se registraron en el Poder Judicial 17.730 denuncias por violencia de género. El número representa un 97 por ciento de las denuncias del ámbito “doméstico”. De ese total, el 57 por ciento son a raíz de violencia psicológica y un 36 por ciento es por violencia física.
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