Cta, Ate y Agmer realizarán una marcha para reclamar la apertura de la discusión salarial
La Central de Trabajadores Argentino (Cta) Entre Ríos, junto con Ate y Agmer, convocaron ayer a todos los trabajadores de la administración pública a participar de la marcha prevista para mañana, en reclamo de la apertura de la discusión salarial.
Los secretarios generales de Cta Entre Ríos, Luis Gálligo, la Asociación General del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Fabián Peccín y de la Asociación Trabajadores del Estado (Ate), Miguel Pelandino, brindaron ayer una conferencia de prensa, para dar detalles de la movilización provincial y el paro previsto para mañana -5 de septiembre- en reclamo de la apertura de la discusión salarial.
Respecto a los temas que lo convocan, Luis Gálligo afirmó: “La apertura salarial es deficitaria, queremos que el gobierno pueda reflexionar y convocar a una apertura de mesa salarial en todos los sectores de la administración pública. Con el tema previsional, insistimos en el sostenimiento de esta ley, sabemos que en algunas provincias se están dando cambios, nos preocupa, por eso esta movilización pasará también por la Caja de Jubilaciones”.
En tanto, el secretario general de Agmer, destacó a APF: “quiero resaltar esta unidad de todos los trabajadores dentro del marco de la CTA, con Agmer y Ate y todos los sindicatos nucleados”.
Señaló además que “poner la protesta en la calle y hacer oír el reclamo en forma unánime de todos los sectores de los trabajadores, creo que nos va a unir y hacer la fuerza necesaria para obligar a la patronal a sentarse a discutir salarios que es la propuesta y la exigencia que estamos haciendo al gobierno de la provincia”.
Desde Ate, Pelandino consideró que en la administración pública en general, “el tema del salario es el que concentra a todos los trabajadores en la demanda unificada”, pero admitió que dentro del sector que representa también “hay otras cuestiones”.
Reforma Jubilatoria
Preocupa a los estatales la versión que indica que el gobierno aumentaría la edad jubilatoria, “modificando los regímenes especiales de la edad, entre ellos, docentes, policías, trabajadores vinculados a la salud mental, así como otras actividades relacionadas a la insalubridad, riesgo y desgaste físico anticipado”, afirmó a AIM el secretario de Jubilados de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Roque Santana. “La manera coercitiva del gobierno nacional de relacionarse con las provincias, entrampó, y no existe el temple político en las autoridades para resistir la presión”. Sin embargo aclaró: “no habrá reforma; los trabajadores resistiremos ‘a capa y espada’, y la evitaremos. Por sobre los políticos que se arrodillan frente al poder central,lograremos una actitud federal, republicana y artiguista”.
"A capa y espada" será la defensa de la ley jubilatoria.
Santana se refirió a las versiones que circulan –cada vez con más fuerza- de una posible reforma jubilatoria que incluiría, además del aumento de la edad, acrecentar el aporte personal, “que ya es el más alto en Argentina, y que jubilados y pensionados vuelvan a aportar. Versiones hay muchas, pero lo que es más que extraño es que piensen en aumentar la edad, porque no resolvería el déficit. El gobierno patrón debe recordar que nunca solucionó las condiciones laborales que generan envejecimiento temprano”.
Santana precisó que “en el caso de los docentes, claramente hay una ecuación que permite sustentar el haber del jubilado, ya que hay más de 37.000 activos aportantes que se acrecientan mensualmente por las suplencias -arriesgo 7000 aportes mensuales más- para 13.000 jubilados trabajadores de la educación. Queda a las claras que si (el gobierno) insiste con esta reforma es un ensañamiento, un disgusto político que tiene con el sector, porque mantenemos la independencia del poder político. Tanto en Agmer como los docentes en general, somos muchos y eso se vio en la última elección en el Consejo General de Educación”.
Armonización: ¿obligada?
antana se refirió luego al decreto 2100/08, que aprueba el Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de Entre Ríos, suscrito el 17 de octubre de 2008. Sobre este punto agregó: “entiendo que la manera coercitiva de relacionarse del gobierno nacional con las provincias, entrampó. Entonces no existió ni existe ahora el temple político de las autoridades para no ceder a la presión, pero a grandes rasgos, el decreto se contrapone con el artículo 14 la ley provincial 8732, que plantea que frente a situaciones deficitarias, el Poder Ejecutivo Provincial y los municipales, deben prever los recursos para cubrirlos en los respectivos presupuestos”.
“No habrá reforma”
Sin embargo, el dirigente ratificó que “no habrá reforma, porque los trabajadores la evitaremos. Y sobre los políticos que se entregan frente a la presión del poder central, mientras primen este tipo de representaciones, nadie puede garantizar que mañana digan lo contrario de lo que hoy afirman como verdad. La ley 8732 surgió -en su momento- frente a la privatización del sistema previsional a nivel nacional, que hoy está en manos del Anses. No debería haber una regresión, si es que los recursos del Anses se utilizan para lo que son, para seguridad social, para pagar jubilaciones como lo han indicado hasta los fallos de la Corte Suprema de Justicia, no como un banco del gobierno nacional. Nosotros acompañamos el paso a manos estatales, pero para que los jubilados estén mejor y que el Estado cumpla sus deberes constitucionales, no para otro fin”.
Respecto a los temas que lo convocan, Luis Gálligo afirmó: “La apertura salarial es deficitaria, queremos que el gobierno pueda reflexionar y convocar a una apertura de mesa salarial en todos los sectores de la administración pública. Con el tema previsional, insistimos en el sostenimiento de esta ley, sabemos que en algunas provincias se están dando cambios, nos preocupa, por eso esta movilización pasará también por la Caja de Jubilaciones”.
En tanto, el secretario general de Agmer, destacó a APF: “quiero resaltar esta unidad de todos los trabajadores dentro del marco de la CTA, con Agmer y Ate y todos los sindicatos nucleados”.
Señaló además que “poner la protesta en la calle y hacer oír el reclamo en forma unánime de todos los sectores de los trabajadores, creo que nos va a unir y hacer la fuerza necesaria para obligar a la patronal a sentarse a discutir salarios que es la propuesta y la exigencia que estamos haciendo al gobierno de la provincia”.
Desde Ate, Pelandino consideró que en la administración pública en general, “el tema del salario es el que concentra a todos los trabajadores en la demanda unificada”, pero admitió que dentro del sector que representa también “hay otras cuestiones”.
Reforma Jubilatoria
Preocupa a los estatales la versión que indica que el gobierno aumentaría la edad jubilatoria, “modificando los regímenes especiales de la edad, entre ellos, docentes, policías, trabajadores vinculados a la salud mental, así como otras actividades relacionadas a la insalubridad, riesgo y desgaste físico anticipado”, afirmó a AIM el secretario de Jubilados de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Roque Santana. “La manera coercitiva del gobierno nacional de relacionarse con las provincias, entrampó, y no existe el temple político en las autoridades para resistir la presión”. Sin embargo aclaró: “no habrá reforma; los trabajadores resistiremos ‘a capa y espada’, y la evitaremos. Por sobre los políticos que se arrodillan frente al poder central,lograremos una actitud federal, republicana y artiguista”.
"A capa y espada" será la defensa de la ley jubilatoria.
Santana se refirió a las versiones que circulan –cada vez con más fuerza- de una posible reforma jubilatoria que incluiría, además del aumento de la edad, acrecentar el aporte personal, “que ya es el más alto en Argentina, y que jubilados y pensionados vuelvan a aportar. Versiones hay muchas, pero lo que es más que extraño es que piensen en aumentar la edad, porque no resolvería el déficit. El gobierno patrón debe recordar que nunca solucionó las condiciones laborales que generan envejecimiento temprano”.
Santana precisó que “en el caso de los docentes, claramente hay una ecuación que permite sustentar el haber del jubilado, ya que hay más de 37.000 activos aportantes que se acrecientan mensualmente por las suplencias -arriesgo 7000 aportes mensuales más- para 13.000 jubilados trabajadores de la educación. Queda a las claras que si (el gobierno) insiste con esta reforma es un ensañamiento, un disgusto político que tiene con el sector, porque mantenemos la independencia del poder político. Tanto en Agmer como los docentes en general, somos muchos y eso se vio en la última elección en el Consejo General de Educación”.
Armonización: ¿obligada?
antana se refirió luego al decreto 2100/08, que aprueba el Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de Entre Ríos, suscrito el 17 de octubre de 2008. Sobre este punto agregó: “entiendo que la manera coercitiva de relacionarse del gobierno nacional con las provincias, entrampó. Entonces no existió ni existe ahora el temple político de las autoridades para no ceder a la presión, pero a grandes rasgos, el decreto se contrapone con el artículo 14 la ley provincial 8732, que plantea que frente a situaciones deficitarias, el Poder Ejecutivo Provincial y los municipales, deben prever los recursos para cubrirlos en los respectivos presupuestos”.
“No habrá reforma”
Sin embargo, el dirigente ratificó que “no habrá reforma, porque los trabajadores la evitaremos. Y sobre los políticos que se entregan frente a la presión del poder central, mientras primen este tipo de representaciones, nadie puede garantizar que mañana digan lo contrario de lo que hoy afirman como verdad. La ley 8732 surgió -en su momento- frente a la privatización del sistema previsional a nivel nacional, que hoy está en manos del Anses. No debería haber una regresión, si es que los recursos del Anses se utilizan para lo que son, para seguridad social, para pagar jubilaciones como lo han indicado hasta los fallos de la Corte Suprema de Justicia, no como un banco del gobierno nacional. Nosotros acompañamos el paso a manos estatales, pero para que los jubilados estén mejor y que el Estado cumpla sus deberes constitucionales, no para otro fin”.
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