Retoma el Senado el debate sobre unidades económicas
La comisión de Producción del Senado Provincial que preside Oscar Arletazz (PJ-Colón) retomará la semana que viene el debate sobre las unidades económicas productivas. El texto fue impulsado por el senador de San Salvador, Horacio Díaz.
La iniciativa propone que se considere “predio rural a aquellos que por su ubicación se encuentren localizados fuera de plantas urbanas o ejidos municipales” y, como unidad económica zonal, “a la unidad económica productiva que en cada una de las zonas ecológicas económicas uniformes, posea características productivas medias respecto de las actividades agropecuarias, composición del capital y nivel tecnológico, cuya superficie permita obtener el equilibrio económico de la empresa agraria en el largo plazo”.
Arletazz confirmó que el proyecto sobre unidades económicas será uno de los que analizará la comisión que preside y recordó que al iniciar el debate “se plantearon cuestiones muy concretas, como por ejemplo una persona que tiene 100 hectáreas de campo y fallece y tiene cinco hijos, y cada uno se queda con 20 hectáreas, y eso no sería una unidad económica”.
“Estamos cuestionando el término, porque de acuerdo a la producción que se haga, puede que ese predio chiquito pase a ser una unidad económica. Estamos en esa discusión, vamos a seguir avanzando”, insistió.
El senador, puntualizó que “están establecidas unidades económicas, pero dependen del territorio y de lo que se produce”. Como ejemplo, afirmó que “si vas a producir aves, con 4 hectáreas podés tener una unidad económica perfectamente; si vas a hacer huerta también. Pero si vas a hacer ganadería, en la zona de Federal o Feliciano, deberías tener 100 ó 150 hectáreas. Queremos que la discusión sea no sólo económica y de superficie, sino que sea conceptual y filosófica”.
Qué dice la Constitución
El Artículo 86º de la Constitución reformada en 2008 dice que “La provincia promueve la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra por sus residentes.
La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas.
Resguardará el orden público en relación con la adquisición de inmuebles rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras no residentes en el territorio nacional”, concluye el artículo.
Arletazz confirmó que el proyecto sobre unidades económicas será uno de los que analizará la comisión que preside y recordó que al iniciar el debate “se plantearon cuestiones muy concretas, como por ejemplo una persona que tiene 100 hectáreas de campo y fallece y tiene cinco hijos, y cada uno se queda con 20 hectáreas, y eso no sería una unidad económica”.
“Estamos cuestionando el término, porque de acuerdo a la producción que se haga, puede que ese predio chiquito pase a ser una unidad económica. Estamos en esa discusión, vamos a seguir avanzando”, insistió.
El senador, puntualizó que “están establecidas unidades económicas, pero dependen del territorio y de lo que se produce”. Como ejemplo, afirmó que “si vas a producir aves, con 4 hectáreas podés tener una unidad económica perfectamente; si vas a hacer huerta también. Pero si vas a hacer ganadería, en la zona de Federal o Feliciano, deberías tener 100 ó 150 hectáreas. Queremos que la discusión sea no sólo económica y de superficie, sino que sea conceptual y filosófica”.
Qué dice la Constitución
El Artículo 86º de la Constitución reformada en 2008 dice que “La provincia promueve la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra por sus residentes.
La legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas.
Resguardará el orden público en relación con la adquisición de inmuebles rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras no residentes en el territorio nacional”, concluye el artículo.
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