Será en diciembre el juicio por peculado contra el ex senador Pacayut
El ex legislador justicialista fue investigado en una causa por el destino que tuvieron unos 20 millones de dólares cedidos para la construcción de un puerto en Ibicuy. Sobre el dirigente pesa una condena que fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia
En los primeros días de diciembre la Cámara Primera, Sala Primera de Paraná, llevará adelante el juicio oral y público al ex senador Félix Abelardo Pacayut por la supuesta apropiación de dineros públicos que estaban destinados para el Puerto Ibicuy.
Sin bien el debate estaba previsto para la primera parte del año, una pericia retrasó el cronograma. Ahora, con todas las pruebas, el tribunal fijó para los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre el juicio.
En la causa se investiga el destino de unos 20 millones de dólares producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron dirigirse a la construcción de un puerto de aguas profundas en Ibicuy.
En el expediente, además del ex senador, están involucrados su hermano, Carlos Pacayut, y Norberto Dourrels, Rafael Morana, Alberto Gavio, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras.
La investigación sobre el destino de esa suma de dinero la inició la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda gobernación de Busti.
El delito por el que se los acusa es el de peculado –apropiación de dineros públicos– y tiene relación directa con el destino de los fondos destinados al Puerto Ibicuy. Una entidad civil constituida para administrar los recursos, la Comisión de Fomento pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, hizo el llamado a licitación privada y adjudicó los trabajos de remodelación de la terminal portuaria a la firma Perfomar SA, por un monto próximo a los 30 millones de dólares.
El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Carlos y Abelardo Pacayut, entonces titulares del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), respectivamente. Durante la administración del ex gobernador radical Sergio Montiel, la FIA investigó ese contrato de obra y pudo establecer que un año después de la firma del contrato de obra, en 1998, Perfomar cedió el contrato a los organismos que conducían los hermanos Pacayut. Los trabajos no llegaron a ejecutarse tal cual lo previsto. Según dictámenes técnicos de 2002, el Estado recibió la obra del Puerto Ibicuy en pésimo estado, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial del cablestacado.
Libre, por ahora
A Abelardo Félix Pacayut ya le pesa una condena por el caso Mazaruca. La sentencia será revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso extraordinario para acudir al máximo cuerpo judicial del país fue concedido por la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal de Superior Tribunal de Justicia (STJ) en una votación dividida.
Sobre el ex senador justicialista pesa una pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargo público y una multa de 45 mil pesos por haber hecho pasar a su mujer por indigente para conseguir un título gratuito de una vivienda del Estado cedida por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) cuando era legislador. Su cónyuge, Ruth Klein, también fue condenada a dos años de prisión condicional y una multa de 20 mil pesos. De ratificarse la sentencia en la Corte o sumarse otra condena debería ir a la cárcel, informó APF.
Sin bien el debate estaba previsto para la primera parte del año, una pericia retrasó el cronograma. Ahora, con todas las pruebas, el tribunal fijó para los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre el juicio.
En la causa se investiga el destino de unos 20 millones de dólares producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron dirigirse a la construcción de un puerto de aguas profundas en Ibicuy.
En el expediente, además del ex senador, están involucrados su hermano, Carlos Pacayut, y Norberto Dourrels, Rafael Morana, Alberto Gavio, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras.
La investigación sobre el destino de esa suma de dinero la inició la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda gobernación de Busti.
El delito por el que se los acusa es el de peculado –apropiación de dineros públicos– y tiene relación directa con el destino de los fondos destinados al Puerto Ibicuy. Una entidad civil constituida para administrar los recursos, la Comisión de Fomento pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, hizo el llamado a licitación privada y adjudicó los trabajos de remodelación de la terminal portuaria a la firma Perfomar SA, por un monto próximo a los 30 millones de dólares.
El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Carlos y Abelardo Pacayut, entonces titulares del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), respectivamente. Durante la administración del ex gobernador radical Sergio Montiel, la FIA investigó ese contrato de obra y pudo establecer que un año después de la firma del contrato de obra, en 1998, Perfomar cedió el contrato a los organismos que conducían los hermanos Pacayut. Los trabajos no llegaron a ejecutarse tal cual lo previsto. Según dictámenes técnicos de 2002, el Estado recibió la obra del Puerto Ibicuy en pésimo estado, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial del cablestacado.
Libre, por ahora
A Abelardo Félix Pacayut ya le pesa una condena por el caso Mazaruca. La sentencia será revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso extraordinario para acudir al máximo cuerpo judicial del país fue concedido por la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal de Superior Tribunal de Justicia (STJ) en una votación dividida.
Sobre el ex senador justicialista pesa una pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargo público y una multa de 45 mil pesos por haber hecho pasar a su mujer por indigente para conseguir un título gratuito de una vivienda del Estado cedida por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) cuando era legislador. Su cónyuge, Ruth Klein, también fue condenada a dos años de prisión condicional y una multa de 20 mil pesos. De ratificarse la sentencia en la Corte o sumarse otra condena debería ir a la cárcel, informó APF.
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