Otra vez los agrotóxicos
La lucha contra la aplicación de los agrotóxicos es continúa. Es cierto, no es la primera vez que esta columna Editorial señala la necesidad de que el Estado lo prohíba total y absolutamente, aún cuando ello implique cambiar la matriz productiva del país. Es que las muertes que produce no admite ninguna demora y no puede en aras de la productividad tener “como efecto colateral” la muerte de los semejantes.
Hoy hay que volver sobre el tema, porque la aplicación de los agrotóxicos vuelve al primer plano con la muerte de una niña de Corrientes que falleció en el Hospital Garrahan, como víctima de las “rociadas” que se realizaban cerca de su vivienda. La niña era oriunda de la localidad de Lavalle, donde hace poco tiempo murió otro niño.
La muerte de la niña correntina se conoció gracias a la denuncia que realizaron desde la Junta Interna de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Hospital de Pediatría Garrahan.
Las autoridades gubernamentales, las de salud e incluso las judiciales deben adoptar urgentes medidas para resguardar la salud de la población. Porque si no son ellos, ¿quiénes son entonces las autoridades que deben proteger el bien de la vida?
La niña correntina vivía en una zona lindera a una plantación de tomates y fue una víctima más de las fumigaciones y el envenenamiento.
Ya existen numerosos estudios médicos-científicos que advierten acerca de los efectos nocivos en la aplicación de los agrotóxicos, tanto los que se derraman por tierra como por vía área.
Se insiste con la pregunta que siempre se formula desde esta columna Editorial: ¿Qué parte de la palabra tóxicos no entienden las autoridades cada vez que leen o escuchan hablar de agrotóxicos?
A nivel local, informes médicos dan cuenta que en Gualeguaychú se produce un cáncer diario y nadie está haciendo nada para impedirlo, a pesar de tener la autoridad, la potestad e incluso el poder para cambiar las leyes. En esta materia la neutralidad –aún en su versión más pasiva- es complicidad.
La vida de innumerables vecinos está en peligro. Las autoridades gubernamentales, sanitarias y judiciales deberían hacer prevalecer –frente al riesgo de vida- el principio precautorio y en consecuencia prohibir las fumigaciones terrestres y aéreas. Nos e entiende por qué se prolonga una decisión que será inevitable, teniendo en cuenta la cantidad de muertes que a diario aparecen como víctimas de estas aplicaciones.
¿Cuántos más están esperando que mueran? ¿Es espera es inhumana?
La comunidad científica sostiene que el veneno más usado en el agro daña la salud. Los datos son irrefutables y contundentes.
Se sabe que los agroquímicos producen efectos tóxicos agudos y crónicos y que sus impactos son considerados de largo plazo pero se tornan crónicos afectando a la salud humana.
La Ley Nacional del Ambiente define al principio precautorio en su artículo cuatro: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medioambiente”.
Esto quiere decir que las autoridades pertinentes tienen tareas que hacer y no se visualiza que se estén ocupando.
La muerte de la niña correntina se conoció gracias a la denuncia que realizaron desde la Junta Interna de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Hospital de Pediatría Garrahan.
Las autoridades gubernamentales, las de salud e incluso las judiciales deben adoptar urgentes medidas para resguardar la salud de la población. Porque si no son ellos, ¿quiénes son entonces las autoridades que deben proteger el bien de la vida?
La niña correntina vivía en una zona lindera a una plantación de tomates y fue una víctima más de las fumigaciones y el envenenamiento.
Ya existen numerosos estudios médicos-científicos que advierten acerca de los efectos nocivos en la aplicación de los agrotóxicos, tanto los que se derraman por tierra como por vía área.
Se insiste con la pregunta que siempre se formula desde esta columna Editorial: ¿Qué parte de la palabra tóxicos no entienden las autoridades cada vez que leen o escuchan hablar de agrotóxicos?
A nivel local, informes médicos dan cuenta que en Gualeguaychú se produce un cáncer diario y nadie está haciendo nada para impedirlo, a pesar de tener la autoridad, la potestad e incluso el poder para cambiar las leyes. En esta materia la neutralidad –aún en su versión más pasiva- es complicidad.
La vida de innumerables vecinos está en peligro. Las autoridades gubernamentales, sanitarias y judiciales deberían hacer prevalecer –frente al riesgo de vida- el principio precautorio y en consecuencia prohibir las fumigaciones terrestres y aéreas. Nos e entiende por qué se prolonga una decisión que será inevitable, teniendo en cuenta la cantidad de muertes que a diario aparecen como víctimas de estas aplicaciones.
¿Cuántos más están esperando que mueran? ¿Es espera es inhumana?
La comunidad científica sostiene que el veneno más usado en el agro daña la salud. Los datos son irrefutables y contundentes.
Se sabe que los agroquímicos producen efectos tóxicos agudos y crónicos y que sus impactos son considerados de largo plazo pero se tornan crónicos afectando a la salud humana.
La Ley Nacional del Ambiente define al principio precautorio en su artículo cuatro: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medioambiente”.
Esto quiere decir que las autoridades pertinentes tienen tareas que hacer y no se visualiza que se estén ocupando.
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