Instruyen medidas para quienes gocen de prisión domiciliaria

El procurador general Luis González Warcalde instruyó a los fiscales federales de todo el país para que se aseguren que en los casos donde haya imputados con prisión domiciliaria, realicen la debida comunicación a las autoridades competentes en materia migratoria a fin de evitar fugas. Si bien se trata de una medida general para todos los procesos penales, la instrucción apunta principalmente a las causas por delitos de lesa humanidad. En nuestra provincia hay más de una decena de represores privados de libertad en sus casas.
La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, a cargo de Jorge Auat, advirtió que la prisión preventiva bajo la modalidad de detención domiciliaria “presenta ciertas dificultades en orden a evitar la fuga de los imputados o el entorpecimiento de las investigaciones”.
El alerta surgió de la propia unidad fiscal. En un informe remitido al procurador González Warcalde consignó las deficiencias del régimen de la prisión domiciliaria. Entre ellas, se planteó que “a raíz de la fuga de algunas personas que se encontraban bajo arresto domiciliario se pudo observar que en muchos casos la autoridad migratoria nacional no había sido notificada de las detenciones domiciliarias dispuestas”.
Según el último informe de la unidad fiscal, en las distintas causas por violaciones a los derechos humanos que se tramitan en Entre Ríos hay 12 represores bajo arresto domiciliario, aunque sólo cinco cumplen su prisión en la provincia: José Anselmo Appelhans, en Paraná; Luis Francisco Armocida, en Diamante; Rosa Susana Bidinost y Marcelo Alfredo Pérez, en Gualeguaychú; y Juan Carlos Mondragón, en Islas del Ibicuy.
En el caso de quienes están siendo juzgados por los crímenes cometidos en Gualeguaychú, Concordia y Concepción del Uruguay, los ocho imputados deben fijar domicilio en Entre Ríos mientras dure el juicio oral y por lo tanto corresponde a fuerzas de esta jurisdicción garantizar la seguridad y permanencia allí de los militares y policías sentados en el banquillo de los acusados.

La Instrucción

Lo cierto es que como respuesta a las advertencias de Auat, González Warcalde emitió la Resolución Nº 71/12 PGN, fechada el 11 de julio, con recomendaciones para los fiscales federales de todo el país para que tomen los recaudos necesarios a fin de evitar la fuga de imputados con detención domiciliaria.
En la resolución, el procurador interino pidió a los fiscales que “en los procesos penales en los que existan imputados bajo detención domiciliaria, cualquiera sea la instancia por la que transiten, se aseguren de que exista –por parte del tribunal interviniente o por parte de la propia fiscalía– una debida comunicación a las autoridades competentes en materia migratoria de que se ha dispuesto una detención domiciliaria”.
Recompensa por Mazzaferri
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha ofrecido recompensas para atraer a quienes puedan aportar datos sobre el paradero de los represores prófugos, uno de ellos, José Darío Mazzaferri, está imputado en la causa por secuestros y torturas cometidos en la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal entre 1976 y 1977 –actualmente en etapa de juicio oral–, aunque su caso es distinto ya que se fugó antes de ser detenido, por lo que no pasó por la instancia del arresto domiciliario.
Los informes, testimonios, documentación y todo otro elemento o referencia fidedigna y/o fehaciente que permitan las detenciones de las personas evadidas deberán ser remitidas a la Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia.
La recompensa, en el caso de Mazzaferri, es de 200 mil pesos y en todos los casos la identidad de la persona que suministre la información será mantenida en secreto, aún para los agentes que intervengan en la ejecución de la captura, publicó El Diario.