El cepo cambiario también castiga a préstamos hipotecarios: caen 40 %
Los créditos hipotecarios también están resultando víctimas del "cepo cambiario", ya que cayeron 39 por ciento en julio respecto de junio y 60 por ciento interanual, por lo cual existe preocupación en el sistema financiero.
La caída de los préstamos, que amaga impactar sobre los balances de de las entidades, se viene produciendo desde fines del 2011 y se agrava mes tras mes, ante el descalabro de la actividad inmobiliaria por la imposibilidad de comprar dólares con pesos provenientes de ese tipo de financiamiento.
En julio, el stock aumentó sólo $ 391 millones, lo que representó una caída de casi el 39% respecto del otorgamiento del mes anterior, informó ayer Ambito Financiero.
La caída es aún mayor comparada con la expansión del crédito hipotecario registrada en 2011.
En el último trimestre del 2011, el otorgamiento promedio se había ubicado en $ 950 millones mensuales, mientras que ahora se desbarrancó casi a un tercio.
Pero las malas noticias para el sector financiero no terminan allí, ya que se estima que la caída será aún más pronunciada en los próximos meses, sobre todo si el gobierno -como se espera- mantiene el férreo control sobre la fuga de capitales impidiendo comprar divisas.
Sólo quienes tenían preaprobada su carpeta aún tienen tiempo de sacar el préstamo y comprar dólares al tipo de cambio oficial, lo cual ocurrirá hasta noviembre, cuando se cerrará totalmente el grifo.
El gobierno se vio obligado a instaurar y profundizar el cepo cambiario ante la preocupación de la gente por la forma en que la inflación corroe sus ingresos y la desconfianza de inversores en el actual modelo económico con fuerte y progresivo intervencionismo estatal, que los lleva a fugar capitales.
Para evitar que ambos fenómenos continuaran consumiendo las reservas del Banco Central, que en la actualidad rondan los 45.000 millones de dólares, aunque neteadas de deuda se ubicarían en los 35.000 millones, la presidenta Cristina Kirchner resolvió imitar a países como Venezuela, e intervenir totalmente el mercado cambiario.
El Banco Central está presidido por la economista heterodoxa Mercedes Marcó del Pont, una de las pocas voces que en los 90 combatió la ley de convertibilidad.
Desde sectores ortodoxos advierten que la política aplicada por Marcó del Pont, con aval de la Presidenta, terminará también por complicar la economía, a raíz del alto nivel de emisión, que es uno de los combustibles que fogonea la inflación.
La decisión de impedir la compra de dólares perjudicó, además, a miles de personas que habían suscripto contratos en moneda extranjera en el mercado inmobiliario, muchos de los cuales terminarán perdiendo esas propiedades ante la imposibilidad de hacer frente a deudas que de un día para el otro subieron 40 por ciento.
Eso ocurrió por la brecha entre el dólar oficial, de 4,60 pesos, y el paralelo, que ronda los 6,30, y que el gobierno considera un "problema menor".
El stock de préstamos hipotecarios otorgados por los bancos suma 30.770 millones de pesos, menos del 2 por ciento del Producto Bruto, uno de los niveles más bajos del mundo.
El Banco Ciudad es la entidad que más financia los créditos hipotecarios, porque ofrece una tasa fija a 20 años.
Pero si finalmente se convierte en ley el proyecto que le quita a la entidad los depósitos judiciales, existen dudas sobre la
posibilidad de que pueda seguir otorgando ese tipo de financiamiento, por lo que el mercado inmobiliario se resintiría
aún más.
En julio, el stock aumentó sólo $ 391 millones, lo que representó una caída de casi el 39% respecto del otorgamiento del mes anterior, informó ayer Ambito Financiero.
La caída es aún mayor comparada con la expansión del crédito hipotecario registrada en 2011.
En el último trimestre del 2011, el otorgamiento promedio se había ubicado en $ 950 millones mensuales, mientras que ahora se desbarrancó casi a un tercio.
Pero las malas noticias para el sector financiero no terminan allí, ya que se estima que la caída será aún más pronunciada en los próximos meses, sobre todo si el gobierno -como se espera- mantiene el férreo control sobre la fuga de capitales impidiendo comprar divisas.
Sólo quienes tenían preaprobada su carpeta aún tienen tiempo de sacar el préstamo y comprar dólares al tipo de cambio oficial, lo cual ocurrirá hasta noviembre, cuando se cerrará totalmente el grifo.
El gobierno se vio obligado a instaurar y profundizar el cepo cambiario ante la preocupación de la gente por la forma en que la inflación corroe sus ingresos y la desconfianza de inversores en el actual modelo económico con fuerte y progresivo intervencionismo estatal, que los lleva a fugar capitales.
Para evitar que ambos fenómenos continuaran consumiendo las reservas del Banco Central, que en la actualidad rondan los 45.000 millones de dólares, aunque neteadas de deuda se ubicarían en los 35.000 millones, la presidenta Cristina Kirchner resolvió imitar a países como Venezuela, e intervenir totalmente el mercado cambiario.
El Banco Central está presidido por la economista heterodoxa Mercedes Marcó del Pont, una de las pocas voces que en los 90 combatió la ley de convertibilidad.
Desde sectores ortodoxos advierten que la política aplicada por Marcó del Pont, con aval de la Presidenta, terminará también por complicar la economía, a raíz del alto nivel de emisión, que es uno de los combustibles que fogonea la inflación.
La decisión de impedir la compra de dólares perjudicó, además, a miles de personas que habían suscripto contratos en moneda extranjera en el mercado inmobiliario, muchos de los cuales terminarán perdiendo esas propiedades ante la imposibilidad de hacer frente a deudas que de un día para el otro subieron 40 por ciento.
Eso ocurrió por la brecha entre el dólar oficial, de 4,60 pesos, y el paralelo, que ronda los 6,30, y que el gobierno considera un "problema menor".
El stock de préstamos hipotecarios otorgados por los bancos suma 30.770 millones de pesos, menos del 2 por ciento del Producto Bruto, uno de los niveles más bajos del mundo.
El Banco Ciudad es la entidad que más financia los créditos hipotecarios, porque ofrece una tasa fija a 20 años.
Pero si finalmente se convierte en ley el proyecto que le quita a la entidad los depósitos judiciales, existen dudas sobre la
posibilidad de que pueda seguir otorgando ese tipo de financiamiento, por lo que el mercado inmobiliario se resintiría
aún más.
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