El oficialismo firmó el dictamen del proyecto de blanqueo laboral
El oficialismo en el Senado le dio dictamen ayer por la tarde al proyecto de "Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral", y lo dejó listo para ser votado en el recinto el 30 de abril.
Los senadores oficialistas avanzaron con el dictamen luego de que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, defendiera la iniciativa frente a las comisiones de Trabajo, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia.
Los senadores de la oposición manifestaron un apoyo parcial al proyecto.
El proyecto
Cabe destacar que el proyecto de "Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del
Fraude Laboral" inscribirá en un registro público a empresas que violen la legislación laboral y reducirá aportes patronales para "alentar la incorporación de nuevos trabajadores".
La iniciativa anunciada por la presidenta Cristina Kirchner ingresó el martes de la semana pasada al Senado.
En los fundamentos del proyecto se expresa que uno de los motivos de la "extensión del trabajo no registrado" es que para muchas empresas "los perjuicios por infringir la legislación laboral no son lo suficientemente significativos".
Así, se justifica la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), donde quedarán registradas las empresas sancionadas por "falta de inscripción del empleador", falta de registración de los trabajadores u obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo", ente otras.
Según el proyecto, las empresas que incurran en esas faltas figurarán en el REPSAL con su CUIT, razón social, domicilio fiscal o legal, el tipo de infracción y el organismo sancionador, ya sea el Ministerio de Trabajo, la AFIP o las autoridades provinciales y
municipales.
Mientras las empresas figuren en el registro "no podrán acceder a los programas de fomento, beneficios o subsidios financiados e implementados por el Estado nacional, ni celebrar contratos con el mismo", así como tampoco podrán acceder a líneas de crédito de bancos públicos.
La iniciativa establece que la sanción permanecerá publicada en el registro durante tres años, pero si el empleador acredita la "imposibilidad fáctica o jurídica" de regularizar la situación que generó la sanción, permanecerá en el REPSAL "90 días contados desde la fecha del pago de la multa".
Por otra parte, el proyecto también fija reducciones en los aportes que realizan las empresas para alentar la contratación de trabajadores.
Los senadores de la oposición manifestaron un apoyo parcial al proyecto.
El proyecto
Cabe destacar que el proyecto de "Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del
Fraude Laboral" inscribirá en un registro público a empresas que violen la legislación laboral y reducirá aportes patronales para "alentar la incorporación de nuevos trabajadores".
La iniciativa anunciada por la presidenta Cristina Kirchner ingresó el martes de la semana pasada al Senado.
En los fundamentos del proyecto se expresa que uno de los motivos de la "extensión del trabajo no registrado" es que para muchas empresas "los perjuicios por infringir la legislación laboral no son lo suficientemente significativos".
Así, se justifica la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), donde quedarán registradas las empresas sancionadas por "falta de inscripción del empleador", falta de registración de los trabajadores u obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo", ente otras.
Según el proyecto, las empresas que incurran en esas faltas figurarán en el REPSAL con su CUIT, razón social, domicilio fiscal o legal, el tipo de infracción y el organismo sancionador, ya sea el Ministerio de Trabajo, la AFIP o las autoridades provinciales y
municipales.
Mientras las empresas figuren en el registro "no podrán acceder a los programas de fomento, beneficios o subsidios financiados e implementados por el Estado nacional, ni celebrar contratos con el mismo", así como tampoco podrán acceder a líneas de crédito de bancos públicos.
La iniciativa establece que la sanción permanecerá publicada en el registro durante tres años, pero si el empleador acredita la "imposibilidad fáctica o jurídica" de regularizar la situación que generó la sanción, permanecerá en el REPSAL "90 días contados desde la fecha del pago de la multa".
Por otra parte, el proyecto también fija reducciones en los aportes que realizan las empresas para alentar la contratación de trabajadores.
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