La Cámara Federal de Apelaciones rechazó anular la megacausa Área Paraná

La Cámara Federal de Apelaciones rechazó la pretensión del represor y abogado Jorge Humberto Appiani para que se anulara todo lo actuado desde la clausura de la instrucción de la denominada megacausa Área Paraná, en 2009. 

El ex militar y abogado cuestionaba las actuaciones de magistrados subrogantes y ad-hoc. En este contexto, el fiscal y los representantes de las víctimas volvieron a cuestionar su estrategia dilatoria.

 La de Appiani fue, más bien, la enésima chicana, disfrazada ahora como una presunta violación de la garantía del juez natural, con el objetivo de seguir dilatando una causa que lleva más de diez años tramitándose desde su desarchivo tras la caída de las leyes de obediencia debida y punto final.

Dice el represor, en ejercicio de su autodefensa, que la intervención de magistrados ad-hoc y subrogantes, tanto en la instrucción como en el plenario -juicio en el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal-, “afecta la garantía del juez natural ya que se han inobservado las disposiciones concernientes al nombramiento y constitución de magistrados y se trata de comisiones especiales”.

La garantía del juez independiente e imparcial es un instrumento para proteger el derecho de cualquier persona acusada de un delito a no ser juzgada por comisiones especiales y a no ser apartada de los jueces designados por la ley antes del hecho que motiva la causa, según consignó Página Judicial.

“Fiesta”  de recusaciones 

Appiani dice que “gran parte del plenario ha sido impulsado por abogados de la matrícula”, sin acuerdo del Senado, y que eso le impide “conocer quién decidirá sobre su situación”. En concreto, cuestiona al juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, “que vive y ejerce a trescientos kilómetros de Paraná, que no conoce la causa y que dócil y obedientemente suscribió las resoluciones que le llevara el secretario”; y a los conjueces que han intervenido en el proceso a partir de recusaciones realizadas por los represores.

Esta maniobra, que los fiscales Ricardo Álvarez y José Ignacio Candioti han calificado como una “fiesta de recusaciones”, se ha repetido en los últimos años. Desde la clausura de la instrucción, en 2009, los represores impugnaron a nueve magistrados, pero Appiani ha ido más allá, promoviendo denuncias ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, las cuales fueron rechazadas sin siquiera ser consideradas.

El tribunal integrado por Daniel Alonso, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, al rechazar el planteo del represor, ratificó que “la garantía del juez natural se dirige a enfrentar una posible actuación arbitraria del poder punitivo del Estado (para perjudicar al acusado), que podría facilitarse mediante la designación de un juez, especialmente para el caso (ad hoc), con posterioridad a los hechos en presunta infracción (ex post facto)”, aseguró que “para el nombramiento de los magistrados intervinientes se ha dado cabal cumplimiento a la normativa aplicable” y que, por lo tanto, no hubo “vulneración alguna a la garantía constitucional que se alega vulnerada”.

Aunque se espera algún otro planteo, la causa está a punto de dar otro paso hacia la sentencia, con las declaraciones de las víctimas -y otros testigos- ante el juez Leandro Ríos, publicó Análisis Digital.